"La Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe debería adecuar su estructura y desarrollar acciones que pudieran actuar en la prevención de los casos de hostigamiento psicológico y de acoso sexual. Sería parte de las políticas de Estado en las que deberían participar todos los niveles de gobierno". La reflexión corresponde a la abogada laboralista Susana Treviño, asesora de la Asociación de Empleados de Comercio quien trabaja y atiende a víctimas de las dos figuras, el hostigamiento y el acoso. Treviño avaló y consideró "muy importante" el fallo de la jueza laboral Nº 2 Adriana Mana que ordenó a una empresa láctea indemnizar a una mujer que fue acosada sexualmente y además despedida en forma discriminatoria. Treviño plantea que la Argentina es uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso sexual según estudios de campo hechos por la Organización Internacional del trabajo y la organización Mundial de la Salud en el año 2.000 "y esos números se acrecentaron en sus proporciones en los últimos años", dice. En cuanto a la ciudad de Rosario asegura que el número de casos es "altísimo" y que la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres. "El fallo de la jueza Mana puede animar a muchas víctimas a denunciar, a seguir adelante e identificar a los acosadores que deben ser señalados como responsables de prácticas condenadas también socialmente". "Apruebo y respaldo el fallo" de la jueza Adriana Mana y "me parece importante que haya sido una mujer y del fuero laboral la autora" de la primera resolución condenatoria y a la vez reparadora para la víctima, sobre un caso de acoso sexual en el fuero rosarino. Esto puedo convertirse en un buen antecedente "que anime a muchas personas que pasan por estos problemas a realizar las denuncias e identificar a los responsables, porque en Rosario son muy altos los números que corresponden a casos de 'moobing' (hostigamiento psicológico) y de acoso sexual".

Según Treviño un tema frecuente de conversación en el espacio académico o entre quienes patrocinan a las víctimas es "cómo reunir las pruebas, ya que el acosador o la acosadora rara vez deja huellas". De ahí que también se desprenda como un aspecto interesante del fallo de la jueza Mana que haya rastreado las llamadas telefónicas recibidas por Carmen, la mujer que fue víctima de la persecución fuera y dentro del ámbito laboral cuando trabajaba para la empresa láctea de Mastellone Hnos. y tomado en cuenta los testimonios de quienes conocieron a la víctima y la vieron en el estado de agobio y de daño psicológico como consecuencia de las presiones que sufría. Entre esos testigos estuvo el secretario general del gremio de los trabajadores de la industria lechera, Atilra, Edgardo Barbero, la delegada gremial en la empresa Cecilia Ramírez y la abogada Mabel Gabarra quien la atendió cuatro años atrás en el Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales de la Mujer (Indeso).

Cuando Treviño habla de que no continúe un estado ausente en estos problemas se refiere al estado nacional, provincial y municipal. En ese marco piensa en que la Secretaría de Trabajo de la provincia y las organizaciones sindicales desplieguen tareas de prevención en estos temas. Para eso toma un ejemplo de la Unión Europea y también otros recogidos en la ciudad. "A ningún jefe de la UE se le ocurriría decirle a una empleada que 'el pullover le queda bien', o tener expresiones al modo de 'qué linda que está hoy' o 'mi amor' o 'corazoncito'", comenta, y explica que por el contrario "en nuestro ámbito hay tratamientos que aparecen como algo común y aceptados socialmente, cuando lo que hay que tener en cuenta es el grado de receptividad de la otra parte". La referencia es hacia que se considera que hay acoso cuando median las "conductas con connotaciones sexuales que son rechazadas por quien las recibe...Ese rechazo es percibido por el acosador o la acosadora", explica Treviño que también señala que "por lo general eligen a sus víctimas". Como punto de referencia cita que como término medio se trata de mujeres de entre 25 y 40 años, separadas o solteras, muchas con hijos a cargo y que son sostén de familia. "Así se ven presionadas y temerosas, a veces aterrorizadas de perder sus fuentes laborales".

Susana Treviño señala que el fallo de la jueza Adriana Mana tiene relación con la primera jurisprudencia que corresponde a Estados Unidos donde en enfocaba el delito en función de la discriminación. Otra corriente, la española –explica- lo mira desde el lugar del daño a la salud. Allí también el acoso sexual es considerado delito y está incluido en el estatuto de los trabajadores, es decir que es ley en el ámbito laboral y civil. El ejemplo que Treviño puso más arriba acerca de la actitud de quienes desempeñan cargos jerárquicos o están en una situación de poder en la Unión Europea tiene que ver con que se propician convenios entre los sindicatos y las empresas, a nivel de convenios colectivos o acuerdos por lugares de empleo, en los que siempre interviene la organización gremial para lograr lo que se considera "parámetros ambientales que deben existir en un lugar de trabajo para dejar de lado el 'ambiente laboral envenenado".

De este antecedente de negociación Treviño propone el trabajo de los distintos niveles del Estado para actuar "en prevención" en los temas de hostigamiento psicológico y de acoso sexual para "que lleguen a ser sancionados legalmente, reparadas las víctimas pero que estas prácticas se consideren tan degradantes socialmente que haya otra actitud de parte de muchos empleadores que no se quieran ver expuestos".

En cuanto a la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe la abogada laboralista y asesora de Empleados de Comercio opina que el gobierno provincial debería dotarla de otra estructura para que cumpla "en el terreno real" con la función preventiva y de control del Estado, algo que además permitiría que se solucionen por vía administrativa "una cantidad de temas que en la Justicia llevan años".