Vie 14.10.2016
rosario

SOCIEDAD › POR CRíMENES CONTRA 47 VíCTIMAS COMENZó EL 9º JUICIO DE LESA HUMANIDAD

Su única defensa es la provocación

Amelong, que tiene una condena a perpetua firme, levantó un cartel que decía "sigue el curro", y el Tribunal lo echó de la sala. Son diez acusados por secuestros y homicidios. Rodolfo Isach es el único que afronta su primer juicio.

Se juzgan los crímenes cometidos contra 47 víctimas, de las cuales 24 están desaparecidos. El tercer tramo de la causa Guerrieri parecía comenzar con las formalidades de siempre en el Tribunal Oral Federal número 1, cuando Juan Daniel Amelong levantó un cartelito que decía "Macri miente? Sigue el 'curro'". El presidente del Tribunal, José María Escobar Cello, le pidió el papel, y cuando se acercó, Amelong le puso las quejas: no comían desde el día anterior. El convicto atinó a volver a sentarse y dijo: "No sé para qué hacemos esto, si ya sabemos cómo termina. A dos de éstos ya los tuve en otro juicio. Si empiezan el circo, yo sigo con el circo". Jorge Fariña aprovechó para poner sus propias quejas: "Tengo 74 años, yo también tengo derechos humanos". Todos los represores han sido juzgados con todas las garantías constitucionales.

El magistrado los echó de la sala y el resto de los acusados aprovechó para irse a un espacio contiguo. Fariña y Amelong tienen condenas a prisión perpetua que ya están firmes, en la primera parte de esta causa, por la desaparición de 17 personas, entre otros delitos. Así comenzó el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad en los tribunales federales de Rosario. En el pasillo, Amelong todavía tuvo ánimo para provocar al concejal Eduardo Toniolli, hijo de una de sus víctimas. "Qué hacés, Toniolli", lo saludó. El único de los acusados en este proceso que nunca fue juzgado es Rodolfo Isach, quien deberá responder por homicidios.

Los represores acusados estaban en fila, sentados en sus sillas, contra la pared. Walter Pagano, Fariña, Ariel López, Juan Cabrera, Amelong, Marino González, Isach y Armando Pelliza. Separado por un gendarme seguía Eduardo Costanzo. Guerrieri no estuvo ayer porque tuvo cólicos, pero convalidó el comienzo del juicio. Las partes estuvieron de acuerdo para evitar más demoras.

Cuando lo expulsaron de la sala, Amelong -decidido a generar conflicto- dijo también que le revocaba el poder a su defensor. Otro de los defensores públicos, Fabio Procajlo, arguyó que su defendido -Pelliza- no estaba en condiciones de ser sometido a juicio por su salud mental. El tema será tratado hoy, en la audiencia que comenzará a las 9.30, en Oroño 940. Para asistir, sólo hace falta llevar el DNI con una fotocopia.

Tras el incidente con Amelong y Fariña, el resto de los acusados pidió retirarse a una sala contigua, donde seguirán el juicio por televisión. Sólo Isach se quedó en la sala de audiencias.

En la primera jornada del juicio, se leyeron los requerimientos de elevación a juicio oral para que cada imputado sepa de qué se lo acusa, de acuerdo con las garantías procesales. Allí se enumeraron las desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos que sufrió cada una de las víctimas que pasaron por el circuito de centros clandestinos de detención (ccd) La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y La Intermedia, que dependían del Batallón de Inteligencia 121. Guerrieri era el segundo jefe de inteligencia de ese Batallón.

El tribunal que preside Escobar Cello se completa con María Ivon Vella y Luciano Lauría. El fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Adolfo Villate está a cargo de la acusación, mientras Nadia Schujman querella por la organización HIJOS y Santiago Bereciartua por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La lectura del requerimiento estuvo a cargo del secretario Osvaldo Facciano, quien resumió el circuito de ccd que estaban bajo la órbita del Batallón de Inteligencia 121. La Calamita funcionaba como tal desde septiembre de 1976, mientras la Quinta de Funes fue alquilada en septiembre de 1977. "Allí se encontraron cautivos un grupo de personas que fueron ultimados en La Intermedia, con excepción de Raquel Negro y Tulio Valenzuela", dice el requerimiento, donde se puntualiza que los secuestrados eran "obligados a actuar al exterior como si no estuvieran privados de la libertad". La fiscalía considera que ese accionar "no tenía ningún fin humanitario sino que profundizaba el tormento y la aflicción de las víctimas".

Entre las víctimas (ver aparte) cuyas privaciones ilegítimas de la libertad se juzgan en este juicio, además de quienes estuvieron en Quinta de Funes, hay otras personas desaparecidas en La Calamita.

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