"La resolución de la Jueza de Instrucción Nº 5, María Luisa Pérez Vara, en imputar a once internos de la Alcaidía de la Unidad Regional Nº II de Rosario días después de los incidentes producidos el viernes 12 de abril, lejos de aclarar los hechos ocurridos los oscurece por completo pues sus conclusiones parecen sustentarse en conjeturas y no en evidencias irreprochables. Como si fuese poco, su apresurada decisión parece dirigida a evitar investigación de la responsabilidad estatal tanto administrativa como penal por los hechos ocurridos".

(Declaraciones del Defensor General, Gabriel Ganón)