¿Por qué se mantienen los manicomios en la década de los noventa, y por qué esta situación se prolonga hasta nuestros días? Esta pregunta requiere de un análisis y una respuesta compleja. Tanto la falta de una política sobre el sector de Salud Mental como el debilitamiento de las fuerzas reformistas antimanicomiales obligan a interrogarse sobre la situación social de ese tiempo. Las respuestas deben buscarse al menos en tres ámbitos: la orientación de las políticas de salud; la composición del campo profesional y sus organizaciones y su orientación dominante; la situación social y cultural. Entre las tres existen indudables sinergias para contribuir no sólo a un detenimiento de las iniciativas de los ochenta sino a focos de regresión en muchas de las iniciativas de los noventa.

Sabemos que lo que caracterizó la política de Salud en los noventa, reflejo de las propuestas que hizo el Banco Mundial, fue la privatización, esto es, la consideración (según el catastrófico modelo de Salud norteamericano) de la salud como un bien mercantil, un objeto más del mercado, de modo tal que cada individuo podrá comprar en el "mercado de la Salud" la cuota de atención que su bolsillo le permita. En los noventa, la Salud en Argentina se convirtió en un producto más puesto en las góndolas del mercado. No sólo se amplió la presencia de aseguradoras que venden su seguro de enfermedad para los gobiernos provinciales, ofreciendo coberturas, gerenciamientos, etcéra.

De esta política surgió la hoy bien mostrada corrupción de la llamada "Reestructuración de las Obras Sociales sindicales", que financió con más de doscientos millones de dólares el Banco Mundial. En un libro que publicara en 1996, advertía: "Desde hace unos años, por vía de la llamada transformación del Estado que llevan adelante las políticas neoconservadoras, éste abandona sus funciones de garante de la solidaridad social, tendiendo a retirarse tanto de la atención pública en Salud como de la protección social. En el sector de la atención pública, ésta se limita a una cobertura de lo imprescindible, dirigida hacia los sectores más empobrecidos de la población. Los programas comunitarios en Salud Mental, en Atención Primaria y las prestaciones en sus servicios periféricos, se dirigen progresivamente a paliar los efectos de la exclusión social (desempleo, marginalidad, migraciones, etc.) y a la contención y apaciguamiento social de estos sectores. Las problemáticas dominantes que deben enfrentar los profesionales en este sector son las de la violencia (familiar, juvenil, maltrato a los niños, pero también a una presencia creciente de la violencia en los comportamientos individuales), la adicción a drogas, depresiones y desamparos extremos. Pero también se retira de su papel de garante de la solidaridad, y a través de la privatización de los riesgos, promueve el avance de las empresas médicas y los seguros privados de enfermedad. Todo proceso de privatización está dirigido a hacer entrar a la salud en los criterios económicos del mercado (cada uno tendrá la salud que pueda pagar), generando un avance del sector privado que, como es lógico esperar dada la importancia de los dineros que circulan por este sector, comienza a ocupar un lugar importante en el dictado de las políticas en Salud, siendo ya un generador de criterios para la atención médica. El Estado no sólo está restringiendo su aporte económico para la atención médica sino que también está resignando su papel en el dictado de las políticas en Salud y de un modo especial las de Salud Mental".

En Salud Mental este proceso llevó a un incremento del gasto dedicado al área por los gobiernos provinciales, que para enfrentarlo, restringieron la atención o acudieron al trabajo no pago de profesionales. Si el sector público en esos años brindaba un 30 por ciento de la cobertura, contra un 50 por ciento de las Obras Sociales y Mutuales y un 20 por ciento de las empresas de seguros, esas cifras fueron diferentes en Salud Mental. Las patologías más severas (que como sabemos articulan trastorno mental, pobreza y desamparo social), como los pacientes cronificados de los hospitales psiquiátricos y Colonias, quedaron a cargo del gasto público, sumado a los nuevos problemas de la exclusión social y su producción de sufrimientos mentales diversos que acudían a los hospitales. Esto sumó que un 75 por ciento de la cobertura y del gasto en Salud Mental cayera sobre el Estado, y dado las restricciones de Obras Sociales y Seguros a la cobertura, sólo se hicieran cargo de un porcentaje cercano al 10 por ciento. El resto es gasto de bolsillo de quienes solicitan atención.

El número de internaciones se incrementó y muchos externados en los ochenta, imposibilitados de continuar los tratamientos o por nuevos desamparos, retornaron a los manicomios, sumándose a los recientes excluidos y marginales. Este proceso transcurrió sin ninguna palabra oficial sobre lo que estaba ocurriendo, y de alguna manera el obligado crecimiento de la demanda y la cobertura se cubrió con el trabajo sin remuneración de una masa de profesionales del campo psi que tampoco hallaban otros puestos de trabajo remunerado...".

* Psicoanalista. Coordinador Doctorado Internacional en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Autor de "Historia y Repetición. Temporalidad Subjetiva y actual modernidad", Paidós; "De un horizonte incierto", Paidós; entre otros.

Autores del libro: Fernando Ulloa, Alejandro Vainer, Enrique Carpintero, Alberto Ascolani, Antonio Gentile, Alicia Stolkiner, Ana María Fernández, Horacio Belgich, Juan Volnovich, Gilou García Reinoso, Lucila Edelman, Diana Kordon, Silvia Bleichmar, Liliana Baños, Carlos Kuri.