Las denuncias que esta semana se cruzaron en el Concejo Municipal respecto de concesiones de servicios, muestran claramente la necesidad de la actuación y el desarrollo de una oposición política que sepa, pueda y esté dispuesta a ejercer el control de la administración pública central (en este caso de Rosario) de la manera más eficiente que le sea posible. No ya para el desmedro de una fuerza política -como muchos teorizan y practican- sino ante la necesidad de ejercer la representación de un electorado que confió en esos opositores y al que le deben esta función ciudadana.

Lifschitz y el Partido Socialista podrán tener la mayoría abrumadora que tienen en el Concejo de Rosario y haber renovado su mandato con el mayor porcentaje de la historia. Pero esos datos políticos y estadísticos no los habilitan a prorrogar millonarias concesiones de servicios en la ciudad sin que nadie levante por lo menos la voz para que la gente se entere.

El país no está viviendo una emergencia económica para que tales disposiciones pasen desapercibidas. Es probable que Rosario sí tenga algunas urgencias financieras que -en todo caso- deberán ser subsanadas a la mayor brevedad posible.

Es importante aclarar en este punto que se habla de la prórroga de las concesiones de los servicios de recolección domiciliaria de basura y del estacionamiento medido. Dos servicios tan dispares en números como en utilidad, evidentemente.

Es cierto que el Ejecutivo Municipal tiene la facultad jurídica y política para producir "estires" en las concesiones. Pero no menos cierto es lo que dijo esta semana el concejal Arturo Gandolla (FpV) quien hizo notar que el municipio de esta manera "le hace ganar mucho dinero extra a los concesionarios que tenían calculada la amortización de materiales para los años que durara la concesión. Una vez cumplido ese lapso, lo que viene es ganancia extra y yo diría fácil", dijo el edil peronista.

Desde otro sector, desde el espacio radical que lidera Jorge Boasso, se "tejió" para luego develar, una trama aún más fina y preocupante: el legislador hizo notar que los concesionarios de la basura en Rosario eran también los socios mayoritarios del municipio en la empresa Mixta de transporte urbano de pasajeros. Una vez más, nadie violó aquí ni una sola ley; pero "¿quién me convence a mí y a los vecinos de que al estirar la concesión no hay una devolución de favores?", se preguntó Boasso y la verdad es que la pregunta tuvo que ser respondida con mucho esfuerzo de parte de la primera líneas de funcionarios del intendente encabezados por el titular de Gobierno, Horacio Ghirardi.

Sea como fuera, no es casualidad que dos de los mejores y más fogueados concejales de la ciudad hayan sido los encargados de poner en conocimiento de la ciudadanía la existencia de estas prórrogas que, de otra manera, hubieran podido pasar desapercibidas.

Más allá de las urgencias el Ejecutivo sabía que estas concesiones terminaban. Pero la preocupación central está en torno a una de ellas. Tal como se adelantó en esta misma columna el lunes pasado, el posible desembarco del gremio de Moyano en barrido y limpieza, hace temblar a empresarios del sector y funcionarios. Primero porque el convenio de Camioneros es superior al del Sindicato de Barrido y Limpieza de Rosario y, segundo, porque además de cobrar más, el estatuto estipula menos horas de trabajo. Y esto son más horas extra en un negocio que para la ciudad ronda los 8 millones de pesos mensuales.

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