El jueves pasado, el Concejo Municipal de Rosario dio su aprobación a un mensaje del intendente Miguel Lifschitz que puso al precio del boleto del transporte urbano de pasajeros a 1,60 pesos; transformando la hasta ahora razonable tarifa rosarina en una de las más elevadas del país. Hasta aquí los hechos. Después, hubo un grupo de jóvenes que se tiraron en picada desde la barra del recinto de sesiones del Concejo Municipal -en un gesto tan irracional como inútil﷓ para tratar de impedir la votación. Mientras, afuera del Palacio Vasallo, otro grupo igualmente nutrido y joven empeoraba las cosas agrediendo violentamente a la policía y quemando las enormes puertas del edificio de alto valor patrimonial.

Si desde el Ejecutivo o desde el Concejo se pretende que los hechos más sobresalientes (la violencia) ocultaron lo que esa tumultuosa tarde se votó; se estará incurriendo en un error a la hora de evaluar los costos políticos de la decisión. En general, el público vió, escuchó o leyó sobre los dos hechos a través de los medios. Y reprodujo, en una amplia proporción el análisis por separado de ambas cuestiones: Primero un generalizado repudio a los hechos de violencia, pero inmediatamente una sonora crítica al incremento de la tarifa.

En rigor, no sucedió lo que pronosticaba el concejal del Frente para la Victoria Osvaldo Miatello que -como toda la oposición﷓ votó en contra del aumento del boleto de colectivos. "A veces hay agrupaciones o militantes que no se dan cuenta de que con sus acciones violentas terminan siendo funcionales. En este caso, no dejando escuchar la verdadera polémica que debía darse en torno al costo de un servicio esencial". Hay que decir que el concejal lo analizó inmediatamente, esa misma tarde. Pero el resultado no se dio así. Claramente, se diferenciaron los hechos tal como se intenta hacerlo en este espacio.

"Esto estaba organizado", dijeron muchos, entre ellos el propio intendente. Y es más que evidente, ya que las agrupaciones venían trabajando públicamente, juntando firmas en contra del aumento de la tarifa desde hacía 15 días atrás. "Esto, como lo de Córdoba, es una venganza a la posición de Santa Fe en el conflicto con el campo", se apuró a opinar un locutor de la tarde, desconociendo -en el mejor de los casos﷓ que además de agrupaciones kirchneristas habían llegado hasta el Concejo representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que apoyaron decididamente al campo en la larguísima "Guerra Gaucha". Nada justifica la violencia, pero tampoco es saludable justificar la torpeza o la mala intención.

Carlos Comi (ARI) como muchos de los actuales concejales, fueron antes militantes universitarios, igual que los que se tiraron de la barra sobre las bancas de los ediles. Por eso comprendió que "fue hasta una ingenuidad de parte de los manifestantes porque llegaron a creer que habían interrumpido la votación cuando ya se había producido, porque no era nominal", dijo no para excusar, pero sí para quitarle dramatismo a la situación que además ahora está en la justicia por la denuncia que formalmente presentó el Concejo.

El otro tramo de los hechos es más delicado todavía. Primero porque acentúa la carga que ya de por sí empezaron a soportar desde hace meses los sectores más desprotegidos de la sociedad, que son los que utilizan el sistema de transporte público. Incluso, muchos de los asalariados, que representan ese enorme universo de trabajadores precarizados y fuera de cualquier convenio; es decir, con menos potencialidad para pelear la recuperación de su sueldo. Y segundo, porque se recurrió rápidamente al aumento de la tarifa sin siquiera evaluar otras alternativas que pudieran compensar la falta de incremento en los subsidios nacionales y el incremento de precios en distintos rubros, como así también en los salarios de los propios choferes.

Lo que sí queda claro es que esta vez el costo fue alto. Y no se refiere solamente a los gastos que demandarán los trabajos para recuperar lo que rompieron en el edificio legislativo local.

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