Las dificultades que tuvo esta semana el jefe de policía de Rosario, el comisario Osvaldo Toledo, para explicar la tenencia por parte de su familia de licencias de taxis para explotar en la ciudad de Rosario mostraron precisamente eso: Lo difícil que era la explicación de la denuncia que formalizó el oficial desplazado de la policía Juan Raffo. Nadie le estaba diciendo a Toledo que era ilegal que su esposa y su hijo tuvieran taxis a su nombre, lo que subyace en el fondo de la denuncia es cómo -con un sueldo de policía- se puede llegar a acumular el patrimonio que significan esas licencias. Porque, quedaba claro, la esposa ama de casa y el hijo veinteañero no podrían haberlo hecho solos.

Pero más allá incluso del propio jefe Toledo, el impacto político de la denuncia está cifrado en que apunta a la "corrupción estándar" de la policía. Raffo habló de las por todos conocidas "cajas negras" policiales que incluyen recaudaciones tan históricas como sencillas: Quiniela clandestina, caballos, venta de medicamentos robados. Todo en un esquema "descentralizado" por comisarías que tienen obligaciones mensuales para con sus superiores.

Es decir, acá no se habla de un grupo de policías corruptos asociados a peligrosos narcotraficantes que se llevan una millonada de una vez. Es más, Raffo ni siquiera tuvo que incluir a la prostitución, que es otro de los rubros históricos y tradicionales del viejo sistema de reparto. Le bastó con acceder a libretas y listados "contables" en los que figuran los aportantes cotidianos con seudónimos.

¿Por qué habló Raffo?. ¿Porque él mismo fue desplazado luego de ser denunciado por actos de corrupción?, ¿por venganza?. Realmente, es lo que menos importa. Lo más importante es que este policía denunció lo que todo el mundo conoce y por eso sus dichos no llamaron la atención de nadie. Aunque sí generaron un impacto de proporciones en las filas policiales y también en el gobierno provincial que se vio obligado a apurar medidas que apuntan a sumar control civil a la policía.

Pero este elemento que hace tan contundente y verosímil la denuncia de Raffo, es el que a la vez transforma a esta acusación prácticamente en un callejón sin salida. No porque no se pueda determinar quiénes son los implicados y los responsables; sino porque sería muy difícil hallar policías que reemplacen a estos en puestos jerárquicos y que no tengan las mismas prácticas.

Y esto es lo que constituye un problema para el poder político. A pesar de todo lo que se dijo de la policía santafesina, es claro que nunca llegó a ser cómo la bonaerense en materia de corrupción y también de gatillo fácil. Es más, no debe haber otra policía con tantas purgas como la bonaerense. Sin embargo, de poco sirvieron.

Esto no quiere decir que no haya que investigar, que crear una oficina civil que controle y sancione, ni que la justicia no actúe. Lo que quiere decir es que, precisamente ese grado de corrupción "ordinaria" se revierte en el tiempo, con el paso de los años y el trabajo constante sobre una de las instituciones más complejas que tiene la provincia de Santa Fe.

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