Esta semana que pasó, el gobernador Hermes Binner hizo el anuncio más esperado por el intendente Miguel Lifschitz: La provincia se hará cargo de los tratamientos de alta complejidad médica que se realizan en los hospitales públicos de Rosario. Son casi 8 millones de pesos mensuales. En un año de aportes, Rosario tendría un ahorro en esa materia de casi 100 millones de pesos, cerca del 33 por ciento del costo total de la Salud Pública del municipio. Y casi un 10 por ciento del total de presupuestos de gastos para el funcionamiento de la ciudad.

La magnitud del anuncio es tal que permite olvidar la ansiedad contenida todos estos meses de parte del intendente y sus funcionarios, que veían que desde diciembre de 2008, al asumir un gobierno provincial del mismo signo político por primera vez desde la recuperación de la democracia, en rigor ningún beneficio se había visto plasmado en la práctica. Aquí aumentaban las penurias y había poco para mostrar de esa "sinergia" político-administrativa de la que tanto se había hablado.

"Es un acto de estricta justicia", dijo Binner. Y la verdad es que no hay quien pueda refutarlo al respecto después de años de vigencia de la Ley Pascutto que gira un porcentaje del juego oficial a los hospitales de toda la provincia, con excepción expresa de los de Rosario.

Este concepto de salud pública que puso a Rosario y a sus impulsores en otro lugar, comenzaba a ser ya para la ciudad un pesadísimo lastre económico por la creciente demanda en los nosocomios de su órbita y además por el incremento en la cantidad de personas de otras provincias que llegan hasta aquí para ser atendidas.

Esta posibilidad de auxilio económico se comenzó a ver con la administración compartida por la provincia y el municipio respecto del nuevo Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, la última joyita de la salud pública de Rosario que también amenazaba en transformarse en un enorme barco con peligro de encallar si no llegaban los botes salvavidas a tiempo.

Pero lo más importante de la decisión es el sesgo estructural que conlleva porque de ahora más, ¿qué otro gobernador se animaría a quitarle esa ayuda a Rosario? Entonces, es mucho más que saldar una deuda por única vez o un giro extraordinario de divisas para socorrer a la ciudad en un problema específico. Es, ni más ni menos, que solucionar en parte esta asimetría planteada por la Ley Pascutto durante tantos años.

Lo que muchos pueden preguntarse es por qué se esperó tanto tiempo para tomar la decisión. Seguramente se habrán hecho, además de los cálculos económicos correspondientes, los cálculos políticos acerca de la repercusión que tendría el anuncio en el resto de la provincia. Pero, finalmente, Binner sabe muy bien que la mayor parte de su base política se construyó en el ámbito de la salud pública. En aquella decisión presupuestaria que había tomado Héctor Cavallero cuando el actual gobernador era secretario de Salud Pública de Rosario. A partir de allí, la ciudad no fue la misma, tampoco la gestión socialista que comenzó a expandirse y menos su secretario de Salud que llegaría a ser dos veces intendente y finalmente el primer gobernador socialista de Santa Fe. Todo eso está también tras el anuncio que se realizó esta semana.

Con todo, la provincia sigue dispuesta a calcular el gasto de cada peso de aquí en más, consciente de que se avecinan tiempos difíciles. El ministro de Hacienda Angel Sciara ratificó una vez más en las últimas horas que el escenario actual para Santa Fe es de "una clara recesión" y admitió además que la caída en la recaudación provincial propia y en la merma de los fondos coparticipables, respecto del mismo período del año anterior, es para el primer trimestre que pasó de poco más de 250 millones de pesos. Nos es un número demasiado considerable para un presupuesto de 12 mil millones, pero tampoco es para dejar de observarlo y controlar su evolución.

Para Rosario, este aporte en salud va a representar un auxilio importantísimo porque el municipio tiene sus arcas al límite e incluso ya afectando a lo que la gestión de Miguel Lifschitz se había propuesto resguardar hasta las últimas consecuencias; como lo es la prestación de los servicios esenciales. Un respiro, y más en un año electoral, no le viene nada mal a nadie.

[email protected]