Reflexionar respecto del debate -la pelea mediática acerca de la nueva ley de Servicios Audiovisuales, no deja de ejercer cierta fascinación para quienes venimos de las Ciencias Sociales. El entrecruce discursivo de aquellos que defienden sus intereses protegidos por la ley vigente y los que buscan transformar algunos aspectos del espacio simbólico de nuestra sociedad, permite visibilizar la trama de intereses económicos y políticos afectados por el proyecto a discutir por el Congreso. Sin embargo, algunas cuestiones no quedan tan visibles a juicio de quien escribe estas líneas, tal vez por obvias, por demasiado sabidas o por demasiado soslayadas.

La primera es que la ley vigente está por firmada por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Esto ha sido dicho, sabido y recordado. Lo que se queda como "residuo" fuera de la rememoración social es que el objetivo de esa Ley era el control de los medios de comunicación a partir de los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional y como parte de las estrategias de la guerra "sucia" desatada por los genocidas basándose en esa doctrina. Fueron los primeros embates del Neoliberalismo sobre la sociedad argentina. Los genocidas llamaron a su proyecto "de Reorganización Nacional". Venían a reorganizar nuestra sociedad con terror, sangre y fuego. Desapariciones y la primer ola de desocupación. Baja de los salarios reales. Con el terror solo no bastaba. Había que lograr cierto "consenso" y para eso estaban los medios. Los que hemos pasado los cuarenta años, nos acordamos de aquello de "la prensa canalla" (y no nos referíamos a Central precisamente). Aquella sociedad caracterizada por su alto grado de integración social, altos porcentajes de escolarización, predominantemente salarial, bajo desempleo y movilidad social ascendente, devino en una sociedad fuertemente concentrada económicamente, desigual y violenta. Con mucha violencia desde arriba (invisibilizada) y más violencia desde abajo, mostrada y promocionada mediáticamente hasta el hartazgo. O hasta aterrorizar a las mayorías.

Los gobiernos civiles post dictadura mantuvieron esta ley, ratificando con ello el carácter formal de la democracia que proclamaban. Baste recordar que en 1994 con la reforma a la Constitución Nacional se le otorgó rango constitucional a los tratados internacionales, entre ellos los de Derechos Humanos. El derecho a informar y a estar informado es el fundamento principal del Derecho a la Comunicación. Desde esta perspectiva, el sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos caracteriza como una de las tres fases de la lucha por los Derechos Humanos que derivaron en distintas formas de desigualdad, a la desigualdad simbólico cultural asociada al concepto de alienación y a las luchas por la autonomía y la libertad. Gracias a la actual Ley de Radiodifusión y a los retoques sucesivos, el espacio mediático en nuestro país, al igual que toda la economía resultó también muy concentrado, oligopólico. Como efecto oculto de esa concentración se destaca la clausura de ese campo a otros participantes con una visión alternativa al modelo hegemónico. Lo alternativo deviene ilegal, "trucho". El sostenimiento de la ley vigente por parte de los distintos gobiernos nacionales, por más de treinta años, no significa que desde la sociedad civil, no se luchara contra ella. Claro que todos esos años de lucha quedan ocultos detrás de la presentación mediática del debate como una pelea entre los Medios y "los Kirchner". Resulta interesante analizar las estrategias de cada uno de estos dos grandes actores, en su disputa alrededor del statu quo mediático. El primero, iniciando la batalla por fuera de aquel espacio, en cientos de foros de discusión en todo el país, con los actores sociales no monopólicos concernidos por la disputa. Por su parte, los multimedia respondieron con el silenciamiento, con la exclusión de la agenda de todo aquello que tuviera que ver con ese proceso.

Hoy cuando el proyecto ya se encuentra en el Congreso de la Nación, la táctica es otra: bombardear con el tema, pero sin discutir los contenidos de la nueva legislación. Se lo presenta como un empecinamiento del ex presidente Kirchner, obsesionado contra el multimedio Clarín y se trata de aprovechar su pretendido descrédito social para "contaminar" con él a la nueva ley. Se pone en marcha una serie de resemantizaciones que confluyen en la idea de que la nueva ley de Servicios Audiovisuales "es mala porque proviene de un gobierno malo" que busca atacar la "libertad de expresión". ¿Qué se podría decir entonces de la Legislación vigente originariamente firmada por Videla, Harguindeguy y Martinez de Hoz? Pero además porque al ubicar a la nueva ley como un acto más de la pelea gobierno multimedios, se esquiva la crítica respecto a la calidad de la labor y el producto de esas empresas mediáticas.

Finalmente, no deja de ser sorprendente, el reclamo respecto al "ataque a la libertad" (de expresión). ¿En qué consiste la "libertad" de un oligopolio? ¿No sería mejor hablar de "Impunidad"? Por eso, casi llegando al Bicentenario, ¿podrá saber el pueblo de qué se trata?

* Docente de la Cátedra de Pensamiento Político I- Escuela de Comunicación Social - Fac. de Ciencia Politica y RR.II UNR.