Ante los hechos que se vienen sucediendo en la provincia, ante el reclamo desmesurado de un sector del Servicio Penitenciario, que comenzó con un autoacuartelamiento en la cárcel de Piñero y que sigue con manifestaciones y exigencias en la ciudad de Santa Fe, entendemos que luego de trabajar en las cárceles de la provincia desde 1995 podemos decir que en estos años se produjo un importante avance a partir de la gestión de Fernando Rosúa, cuando por primera vez, el poder político, asume realmente la Dirección y la política penitenciaria. Esta actitud provocó la reacción de los penitenciarios con la masacre producida en la cárcel de Coronda. Entonces el poder político reaccionó con una intervención civil de la cárcel, la designación de un Director Civil y una política de diálogo con los internos y apertura de los lugares de encierro hacia la sociedad por parte de Jorge Bortolozzi.

Al asumir la actual gestión, se profundizaron estos cambios y se incrementó la intervención civil en el ámbito penitenciario. También se trabajó con todos los actores, en la reglamentación de la ley de ejecución penal, a la cual la provincia adhirió, pero jamás reglamentó. Esta reglamentación tanto como la modificación del Reglamento del Servicio Penitenciario que el gobierno actual pretende implementar son un avance en una política de respeto de los derechos humanos a favor de las personas privadas de libertad y obviamente implican un mayor control sobre el Servicio.

Por estos motivos, una fuerza, poco adepta al diálogo, creada bajo una estructura vertical y militarizada, desconoce cualquier intento de limitación de su campo de acción. En un estado de derecho no deben tolerarse, ni permitirse la actitud patoteril de autoacuartelarse, de demandar como lo vienen haciendo, presentar petitorios donde reclaman, no un diálogo sino que sus exigencias se cumplan y que bajo la excusa de mayor disciplina lo que plantean en definitiva es volver a la mano dura, para con los internos; creyendo que son los únicos que saben de política penitenciaria para tolerar que venga un "civil" a decirles lo que tienen que hacer.

Por todo esto el gobierno de la provincia, debe dar muestras claras del rumbo que quiere darle al Servicio Penitenciario, ya que las vacilaciones crean dudas, situaciones ambiguas, que permiten que algunos referentes del servicio penitenciario, partidarios de la mano dura, avancen y se mantengan en un estado deliberativo.