La salida de Gonzalo Armas de la secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Santa Fe es un episodio que rápidamente el gobierno intentará superar, pero no implica un cambio menor más allá de los nombres. Por el contrario, muestra una puja en la usina de decisiones respecto de un tema sumamente sensible para la población como es la seguridad. La caída de Armas es consecuencia de la resistencia interna a la designación frustrada del ex comisario Giacometti, una dura lección para los jóvenes expertos del área que creyeron que su planteo no tendría consecuencias políticas. Giacometti fue anunciado a la mañana por el ministro de Gobierno Antonio Bonfatti, quien a la tarde se encargaba de rectificar el anuncio. Estas acciones, en esos niveles de gobierno, nunca tienen costo cero.

La verdad es que el problema de salud que enfrentó el ex ministro de Seguridad Daniel Cuenca representó para el gobierno de Hermes Binner una dificultad a la hora de ratificar el rumbo del área. Donde todos están convencidos de generar políticas más democráticas y de control y prevención del delito; pero también donde muchos se impacientan por los resultados que necesariamente deben ser alcanzados por la fuerza policial: Un cuerpo de 18 mil hombres que no son fáciles de conducir y a los que cuesta muchas veces incorporarles nuevos conceptos. El nombre de Giacometti por un lado acortaba las distancias con los uniformados, pero por el otro generó un escozor interno en muchos funcionarios que lo veían como un retroceso de los equipos civiles al comando de las políticas públicas de seguridad. En ese fuego cruzado cayó Giacometti primero y Armas después. A esta altura nadie puede afirmar que no haya más víctimas.

Pero también la salida de Cuenca en su momento generó otras derivaciones políticas con el radicalismo que fueron públicas. Con el ex ministro salía también el segundo del área Carlos Iparraguirre a quien muchos radicales frentistas vieron como reemplazo natural. Esto no sucedió y se disparó una fricción entre los principales socios del Frente que el propio Bonfatti suavizó hacia fin del año pasado con la promesa de iniciar un proceso de institucionalización del Frente Progresista en Santa Fe. Desde el radicalismo provincial se tomó nota del tema y por eso en este enero tanto la vicegobernadora Griselda Tessio como el intendente santafesino Mario Barletta recordaron en declaraciones a este diario que era oportuno comenzar cuando antes con este proceso de institucionalización interna.

En rigor, la UCR comenzó a barajar este proceso después de las elecciones de junio y también desde los comicios de setiembre donde en muchos distritos en los que triunfó el Frente, fueron candidatos radicales los que se impusieron. Consultado Barletta sobre si el proceso de institucionalización del Frente implicaba un pedido de mayor participación radical, el intendente santafesino admitió que lo que se estaba proponiendo eran en realidad reglas claras para los desacuerdos. Lo cual es bastante sincero de su parte. En realidad el intendente capitalino está preocupado por una cuestión que se relaciona con sus posibilidades electorales a futuro, porque sabe que su principal competidor interno será el intendente de Rosario Miguel Lifschitz. Pero lo que Barletta sabe también es que sería muy difícil ganarle a Lifschitz una interna abierta en el marco de las leyes vigentes. Distinta podría ser su suerte si se acuerda ahora, con casi dos años de anticipación, un mecanismo propio del Frente para la designación de candidatos. Por eso insiste en que "hay que hacer este proceso a lo sumo en febrero, porque es cuanto más lejos estamos de los comicios".

El socialismo deberá atender las demandas radicales mucho antes de lo que supone, porque si bien los diputados frentistas de la UCR no votarían en contra del gobierno cuando se analicen los vetos parciales de Binner al presupuesto 2010 en lo que hace al reparto del Fondo Sojero; sí pueden pedir una instancia de negociación. Para decirlo más directo: La UCR tiene muchas comunas y municipios que no verían con desagrado que se mantenga el reparto "fifty fifty" de esos 600 millones de pesos tal como lo votaron los senadores peronistas. Saben que Binner ya lo vetó y que no tendrán espacio para votar junto al peronismo para revertir ese veto en Diputados en la primera quincena de febrero. Pero sí pueden pedir una negociación con el gobierno para que en lugar de mantener el 70 por ciento de los fondos para la provincia y el 30 por ciento para los municipios; el reparto quede en 60 40. Es una opción abierta.

Tiene razón Binner en esto de que las alianzas y el Frente "no son como una receta de cocina", y de que hay que ir viendo en cada momento y en cada lugar. Ni siquiera aquí en Santa Fe donde el Frente está consolidado se puede descuidar el día a día de la relación entre las distintas fuerzas que lo componen.

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