No hay dudas de que es un tiempo de extrema sensibilidad política el que se vive en Rosario y la provincia de Santa Fe. En ese marco fue que se desarrolló una de las polémicas de la semana cuando el juez Juan José Pazos --a cargo del caso del doble crimen de la autopista - se despachó con consideraciones públicas que el gobierno de Hermes Binner sintió como golpes certeros de la oposición en el marco de la campaña. "Los funcionarios no deberían hablar de sensación de inseguridad, esto no es ninguna sensación", dijo el magistrado en declaraciones radiales a sólo 48 horas del suceso que conmovió a la ciudad, vinculado a la muerte de un joven que cambiaba un neumático de su auto y murió junto a un delincuente tras un tiroteo que protagonizó su propio padre.

El doctor Pazos agregó también que las leyes vigentes "no ayudan para que los delincuentes queden tras las rejas" y allí mismo disparó un debate con los funcionarios provinciales que terminó con la amenaza certera del gobernador de llevarlo a un juicio político para desplazarlo de su cargo. Pazos no se amilanó y aseguró: "No me extralimité. Tengo autoridad para decir lo que digo".

Fue Enrique Font, del ministerio de Seguridad de la provincia, el encargado de recordar quién es Pazos. Y para eso refrescó un caso de hace unos 15 años, cuando el magistrado dejó libre de culpa y cargo a un policía que era investigado por el asesinato de un chico que tenía un orificio de bala que le entraba por la espalda y salía por el frente, de arriba hacia abajo. Es decir, un caso de fusilamiento cuando el joven ya estaba reducido y de rodillas en plena calle. Para Pazos no hubo elementos suficientes como para condenar al agente policial en cuestión, en lo que para muchos y a todas luces era un caso de gatillo fácil.

Es claro que Pazos no podría ser denominado como un juez "garantista", pero está la impresión de que estas declaraciones no habrían sido cuestionadas y amplificadas por el gobierno en otro contexto que no sea el de la campaña electoral. No sólo es una cuestión ideológica --quizás sí para la convicción de algún funcionario- , sino que es un asunto político, que ha dado de lleno en un área sumamente sensible para el gobierno y que se ha convertido en el centro del debate político de cara a los comicios de este año.

La inseguridad ha sido abordada por los candidatos de todos los niveles que están en disputa hacia el 22 de mayo. No hay uno solo que no haya hablado del tema. Muchos con un toque de realismo mágico y soluciones rimbombantes; otros con la seriedad que demanda la cuestión que más preocupa al electorado a seducir.

En ese escenario, que un juez que investiga el crimen de un joven --en el que está involucrado su propio padre, aparentemente, y que sucedió en una ruta que miles de rosarinos toman cada día para regresar de sus trabajos hacia Roldán o Funes-- cuestione la política de seguridad de un gobierno al criticar a los funcionarios que hablan de "sensación de inseguridad", es un detonante que la gestión Binner no estaba dispuesta a asimilar.

Fue el segundo hecho en poco tiempo, ya que el asalto violento al ministro de Justicia Héctor Superti también había ingresado en la disputa política cuando el gobernador se quejó públicamente de la falta de coordinación de fuerzas con la Nación. En ese momento el kirchnerista Agustín Rossi fue el encargado de responder con críticas a las políticas públicas provinciales sobre el tema.

No es un secreto para el gobierno provincial que en la justicia y, particularmente, en la justicia rosarina, anida un clima adverso a los cambios impulsados en materia de reforma de los códigos que los magistrados deben aplicar. En los tribunales de Pellegrini y Moreno no es raro escuchar que los titulares de los juzgados se quejen. "No es mucho lo que tenemos para hacer ahora, donde todo depende de los fiscales", dicen en referencia a las transformaciones impulsadas por este gobierno y que han merecido ironías, ataques y críticas más o menos veladas que incluyeron a altos mandos de la Corte Suprema y de la Procuración.

No sólo es un debate ideológico, aunque tiene elementos de esa materia, sino que desde las altas esferas del Ejecutivo provincial muchos creen directamente que hay una mayoría de jueces y cortesanos que opinan desde su concepción peronista y en contra de las transformaciones que impulsa el socialismo. Lo cual transforma a esa disputa soterrada en meramente política. Exacerbada además por el contexto preelectoral del momento.

Escuela bajo agua

Hubo en estos días otro hecho que abrió un flanco en la gestión provincial y que también se amplificó en el marco de la campaña política. Cuando los capacitadores llegaron el miércoles a la escuela del barrio toba de Rosario, los recibieron docentes indignadas con el agua hasta las rodillas, paradas en el medio del patio de la escuela totalmente inundado. "Por qué no nos vienen a capacitar en natación", se escuchó a una robusta maestra fuera de sí ante las cámaras de televisión. La ironía sonó lacerante en el marco de un proceso de capacitación por la boleta única que debuta el 22 de mayo, que tuvo sus altibajos. En rigor, más bajos que nada. Con una ministra de Educación que terminó peleándose con los periodistas por una denuncia de parte de los capacitadores sobre "comisarios políticos" del socialismo, y ahora una impugnación de género porque las boletas con personajes históricos que usarán los alumnos primarios y secundarios para el simulacro del 12 de mayo no tienen "candidatas" mujeres.

La denuncia la hizo el colectivo Las Juanas que conduce Gabriela Sosa, para quien resulta "peligroso destacar ante los chicos, una vez más, la invisibilidad de la mujer". El argumento desde Educación es al menos curioso: "En el siglo XIX no había mucha participación política de mujeres y mucho menos candidatas mujeres", dijo una funcionaria de la cartera y aseguró que la idea era, precisamente, mostrarles a los chicos esa falta de mujeres en la política. De más está decir que la explicación no convenció a nadie. Menos a quienes reclamaban por lo menos la presencia de una Juana Azurduy en las boletas, al lado de Sarmiento, Avellaneda, el Brigadier López y hasta el genocida Julio Argentino Roca.

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