A un año de la masacre en la cárcel de Coronda, los avances en la investigación para esclarecer la masacre de catorce personas han sido escasos y no incluye la evaluación de las obvias responsabilidades institucionales. La semana pasadsa tuve oportunidad de entrevistarme con el juez que lleva esa causa, Darío Sánchez, titular del Juzgado de Instrucción de la Quinta Denominación, quien reconoció que no se ha hecho ninguna investigación judicial sobre la actuación de las autoridades y funcionarios del penal.

Junto a la diputada Alicia Tate (UCR) y junto a Lilian Echegoy, Carmen Maidagan y Antonio Tesolini, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario de Rosario, manifestamos ante el juez Sánchez una gran preocupación por la falta de resultados y el hecho de que sólo se haya investigado hasta ahora a los autores materiales de los crímenes.

En ese sentido, instamos al magistrado a que sus actuaciones alcancen a los guardias, funcionarios y autoridades del penal, máxime cuando se sospecha que el 11 de abril de 2005 hubo zona liberada.

El gran interrogante del que la Justicia no se ha ocupado es cómo actuaron de un modo tan impune internos de diferentes pabellones y cómo accedieron a los calabozos de las víctimas. Esa es la preocupación principal, abonada por las declaraciones de un integrante del Servicio Penitenciario, quien realizó imputaciones gravísimas a su pares, avalando las sospechas de complicidad y connivencia.

El juez Sánchez se excusó diciendo que él se ha hecho cargo del caso hace poco tiempo y que está abocado a que la investigación sea integral. Lo cierto es que la falta de avances hacia el esclarecimiento sobre las responsabilidades institucionales es una advertencia que, junto con la Coordinadora de Trabajo Carcelario, venimos exponiendo desde hace meses, sin respuesta satisfactoria. Por ello, pedimos una copia del expediente para seguir muy de cerca su evolución.

* Diputado nacional por Santa Fe del Partido Socialista