Es el tercer aumento que se propone de la empresa pública Assa, el primero se produjo en septiembre de 2008 y trepó aproximadamente a un 29 por ciento. Luego vino el aumento de marzo de 2010 de más del 60 por ciento. Ahora se plantea un aumento exorbitante escalonado de un 138 por ciento, para aplicarse en el primer semestre de 2012. Es una grosería plantear semejante aumento. Pero más todavía sino se da dentro de un diseño estratégico de los servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe. Como demostración, debemos que recordar que todavía nos rige la anacrónica ley 11.220 del año 1994.

Hay dos anterproyectos provinciales, no aprobados. Uno del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de Santa Fe y el otro del Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios). Ambos plantean avances, entre otros, sobre que el agua es un derecho humano. Negativamente ambos mantienen la posibilidad de corte y/o reducción del fluído por deudas, cuando hay otras herramientas para cobrar. Pero, el problema sustantivo, es que no están en vigencia. Lo que sigue rigiendo actualmente es la vetusta ley 11.220 del año '94. En medio del atraso normativo que señalamos se plantea un aumento exorbitante del 138% en un contexto donde lo único que emerge es un análisis meramente economicista de cortísimo plazo. Zygmunt Bauman, ha dicho que lo importante son las preguntas, y que la peor de todas las respuestas, son las preguntas que no se realizaron. En tal sentido las preguntas que drenan son: ¿Qué clase de empresa estatal quiere ser Aguas Santafesinas SA?, ¿la de la estatalidad del siglo pasado? ¿y así ser una empresa estatal con eficiencias y eficacias precarias casi nulas?, ¿se puede sostener un obsceno aumento del 138% en base a los costos?. Otra pregunta: ¿esto es una continuidad cíclica de aumentos tarifarios como otrora de la vieja estatalidad del siglo XX? ¿en el 2013 va haber otro planteo de aumento?, ¿se puede gestionar una empresa de servicios públicos como el derecho humano al agua, igual que cualquier otra?. Además, una empresa estatal ¿debe dar utilidades, o bien garantizar el agua para todos los ciudadanos?. Por último, no podemos los argentinos repetir sociológicamente los mismos errores y pretender otros resultados, al sostener la misma configuración mental de una empresa privada. La empresa Assa debe pasar a ser pública, superando la obsoleta estatalidad de otrora. Es disfuncional lo público por un lado, y por el otro, mimetizarse con la morfología de una empresa privada. Lo público responde a una ratio del bien común y lo privado a una ratio egoísta de mercado. Para romper con esta trampa sociológica y económica, es necesario que el marco económico de funcionamiento de la empresa, sea asumido integralmente por el presupuesto provincial. Lo mismo que sucede con la salud y educación pública. Ese resabio de mercado que todavía atrapa a este servicio público del agua, tiene que ser superado. Empresa pública integralmente en manos públicas. Así, como esta subsumido en el presupuesto estatal la salud y educación pública, también debería estar incluído el agua. Porque el agua es de la salud pública y del bien común.

Mientras haya facturas, tarifas y aumentos, el agua seguirá presa del mercado. Para liberarla, tiene que ir al presupuesto público. Que sea el Estado, nuestros representantes y la participación de la sociedad civil, lo que establezcan qué parte del presupuesto se destina al derecho humano y bien común del agua. Como así también integrar solidariamente al resto de las 347 localidades y más de un millón de habitantes, que no acceden integralmente al agua apta para el consumo.

* Abogado. Director Profesor Cátedra del Agua UNR. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades