El diputado Masciolli, presidente del bloque Frente para la Victoria, presentó un proyecto de ley para que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley Nacional Nº 26052 y, a partir de allí, que los delitos previstos en dicha norma sean investigados y castigados por la justicia provincial. Debemos recordar que esa ley reforma la Nº 23737 (de estupefacientes) fijando la competencia federal de todos los delitos relacionados al tráfico de drogas a excepción de las provincias que, mediante su adhesión, recuperen la competencia originaria en algunos de los delitos allí descriptos. Concretamente, la mirada se focaliza sobre el último eslabón de la cadena de tráfico. Esta receta quiebra la investigación en materia de narcotráfico de acuerdo a las cantidades o destinos posibles inmediatos que tenga el material ilegal encontrado. No es novedosa y ya ha sido probada en otras provincias que adhirieron oportunamente a la ley nacional.

Buenos Aires podría ser el caso más resonante y conocido. Sobre las consecuencias prácticas que ha tenido en esa provincia, a tres años de aquel cambio de escenario, la mayoría de los jueces, fiscales, peritos y policías, dan cuenta de un rotundo fracaso. En ese lapso, sólo tres causas llegaron a juicio en La Plata. Hay cuatro mil en trámite. Según opinión del juez Criminal Emir Caputo Tártara, que referencia "sólo haber relevado una causa por drogas en tres años y que el error se debió a que la provincia no contaba con recursos ni presupuestos para hacer frente a la problemática, al dividir las jurisdicciones se corta la línea de investigación entre los vendedores de menor peso y las organizaciones del narcotráfico".

Resulta obvio que se instala una mirada puesta en el consumidor, en el eslabón más débil y pobre de la cadena de tráfico, como contrapartida a la casi nula resolución final del conflicto, se puede ver como los números en Buenos Aires arrojan un evidente estado de taponamiento de los procesos tramitados en los tribunales provinciales. Sólo trae aparejado un desborde del sistema judicial que conlleva la ineficacia para atender no sólo la cuestión del narcotráfico sino también de los restantes delitos que puedan llegar a su conocimiento.

No podemos tampoco olvidar que estamos en una etapa de transición del sistema penal. La política ha determinado la necesidad de ampliar los recursos para atender los numerosísimos casos que llegan a conocimiento de la justicia penal. En plena etapa de designación de funcionarios para socorrer a jueces, fiscales y defensores resulta temerario trasladarle un cúmulo de causas antes de que el nuevo sistema procesal entre en vigencia.

Si nuestra óptica fuera tan ambigua, podríamos pensar que esta iniciativa, no haría más que revelar las falencias del gobierno nacional para hacer frente a la problemática del narcotráfico de cara a la sociedad si entre sus fundamentos sostenemos que con la norma sancionada "se agilizaría el accionar de la justicia, ya que se permitirá a los vecinos que puedan asistir a la policía y/o fiscalía de su localidad, donde tienen fácil acceso". No creo que el legislador pretenda objetar la eficacia de los organismos federales para relacionarse con la gente y la separación real entre sus funcionarios y los vecinos. La urgencia de las respuestas del estado no puede hacernos equivocar el camino ya emprendido, aún conociendo la preocupación de esta legislatura en materia de inseguridad y delito.

Siendo el narcotráfico un delito de permanente mutabilidad, no arraigado a lugares específicos determinados, la segmentación de las competencias investigativas entorpecen la labor del investigador pudiendo frustrar una enorme cantidad de pesquisas.

Luciana Pol, del Centro de Estudios Legales y Sociales, especializada en violencia policial, destaca que la ley de drogas es una de las justificaciones más corrientes de las detenciones policiales. "Se criminaliza la tenencia y la ostentación, entre otras figuras, para sostener prácticas que en realidad tienen que ver con el control territorial, el hostigamiento a jóvenes, prostitutas, travestis o migrantes y el control social de algunos sectores".

El consumidor es un enfermo, un adicto, no un criminal. Cualquier ley de naturaleza penal que pose su centro de atención en la víctima de la narcocriminalidad y no sobre los victimarios va a redundar necesariamente en el fracaso. Posicionar la acción estatal en la persecución y detención de los grandes y poderosos traficantes de nuestra provincia debe ser un eje de las políticas provinciales y no pretender solidarizarnos con fórmulas cuyo fracaso ya ha sido claramente demostrado y cuya eficiencia no ha podido pasar siquiera del umbral discursivo.

Diputada Provincial Partido SI en el Frente Progresista