La orden de captura del Jefe de la Policía de Santa Fe no registra precedentes, no ya en la provincia sino en el país. Si a eso se agrega que las sospechas lo involucran con el narcotráfico, resulta más incomprensible que la reacción más notoria del Jefe de Gabinete, Rubén Galassi, haya sido referirse a una "operación política", aún cuando no usó esa figura ante la gravedad institucional del episodio. El Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, se mostró sorprendido. Se enteró al amanecer del viernes por el relato de un periodista que le leyó la nota de Página/12, "La delgada linea blanca". Pasado el estupor, reaccionó lógicamente adelantando que ordenaría al comisario Hugo Tognoli ponerse a disposición de la justicia y aceptándole la renuncia anticipada telefónicamente.

Tanto Galassi como Lamberto mantuvieron la línea de la necesidad de dilucidar los hechos denunciados para establecer responsabilidades. Pero no vacilaron en desprenderse del jefe cuestionado y reemplazarlo por Cristian Sola, hasta entonces segundo al mando. Los rostros de los tres y del resto de los asistentes a la "jura" del nuevo Jefe fueron elocuentes, basta ver cualquiera de las fotografías publicadas en los diarios de ayer. Al gobernador, el protocolo lo obligó a asistir a la cena de los supermercadistas, donde pudo vérselo igualmente preocupado y marcharse a poco de estar. Bonfatti no habló públicamente del tema, pero ordenó a sus ministros que retuvieran a Sola que había presentado su renuncia como suelen hacer los subjefes a la hora del recambio del numero uno. Sola iba a ser jefe tarde o temprano, los sucesos que conmovieron a la opinión pública en las últimas horas precipitaron los acontecimientos.

La investigación de la PSA lleva tiempo, pero no se realizaron muchos procedimientos en la provincia, solamente un par. Eso y el hecho de que nadie del gobierno nacional le advirtiera sobre lo que estaba pasando y las sospechas sobre Tognoli molestaron en la Casa Gris, y probablemente ese haya sido uno de los motivos para que Galassi -que trabajo más de 20 años como periodista- dijera lo que dijo en cuanto a que un medio nacional revelara lo que figura en un expediente en la justicia federal.

Este es otro punto a tener presente a la hora establecer niveles de responsabilidad. El juez federal Marcelo Bailaque negó insistentemente que hubiera en "su" juzgado ningún pedido de captura ni de allanamientos contra el comisario Tognoli. Lo cual es cierto, pero lo que omitió decir Bailaque es que en el de su colega Carlos Vera Barros estaba ese trámite y pedido de la fiscal, y que era el juez subrogante. Tanto que después de la renuncia de Tognoli y ya en su despacho, Vera Barros lo primero que hizo fue librar una orden de captura que trascendió en horas de la tarde del viernes.

Si bien Tognoli dijo por los medios -en los que destacó su inocencia- que se presentaría ante la jusitica, ayer a mediodía el Juez se ocupó de hacerle saber a los periodistas que hicieron guardia en los tribunales federales de Rosario, desde el amanecer a la espera de la llegada del ex jefe, que en ese momento ampliaba la orden de captura con caracter nacional e internacional. Unas horas antes, el abogado del policía había comunicado a las autoridades del gobierno que su defendido se presentaría sin necesidad de que la PSA lo detuviera y lo llevara esposado. En el gobierno creyeron eso, y al cierre de esta edición esperaban con impaciencia.

La situación de la policía, su desprestigo en la sociedad y la complejidad del tema incluyen valoraciones de diferentes tono y urgencia. La asignación presupuestaria del 2013 hizo que por primera vez Seguridad sea el segundo Ministerio en fondos disponibles. La mayor cantidad no necesariamente redunda en mejor calidad, y ese punto es el de mayor complejidad. Un civil al frente de la fuerza podría ser una alternativa, eso si ese civil conoce el paño. No parece sencillo encontrarlo, y hay en el gobierno quienes creen que eso tampoco sería solución. El momento es extremadamente delicado, tanto que no debería dejar lugar a especulaciones y cirujeo político como pudo escucharse en estos días por parte de algunos dirigentes de la oposición que no saben o quieren saber que con esto no se puede "hacer política" y que esmerilar al gobierno le podrá sumar chances electorales pero es jugar con fuego. A esta altura -y ya es bastante tarde- es necesario un gran acuerdo suprapartidario que involucre además a los otros poderes del Estado. No podrá el Poder Ejecutivo solamente encaminar la solución del problema del narcotráfico y del accionar policial. La mayor responsabilidad le cabe naturalmente a quien conduce y dicta las políticas, pero el compromiso no debe excluir a ningunos de los actores de la sociedad. Jueces, fiscales, legisladores, organizaciones intermedias, medios de comunicación y ONG.

Para ello es necesario poner en negro sobre blanco una situación terminal que no puede reducirse a una operación de prensa o a intereses mezquinos. Ojalá Galassi tuviera razón.