Basta con leer atentamente las crónicas policiales para advertir que en aquellos barrios en los que los efectos de la inseguridad se expresan con mayor crudeza tienen, más allá de obvias diferencias, dos características en común. Los varones jóvenes son presa fácil de la policía y de la selectividad del sistema penal (sobre-criminalización). Y, en paralelo, las victimizaciones de quienes viven en el barrio son desatendidas por las políticas de seguridad (infra-protección). Es que si algo caracteriza al campo de la seguridad son los fenómenos de sobre-criminalización, resultante de la selectividad del sistema penal; y de infra-protección, resultante de la distribución diferencial tanto de la victimización como de las reacciones institucionales y sociales a la misma.

Estos fenómenos son efecto de factores socioestructurales complejos. Y afectan intensamente a los sectores populares, concentrándose sobre los jóvenes, con diferentes formas de afectación entre varones y mujeres. Dicho esto, no es menos cierto que las políticas de seguridad y las prácticas concretas del sistema penal pueden intensificarlas o reducirlas.

Por eso los avances en pos de una seguridad democrática deben evaluarse en la medida en la que disminuyan tanto la sobre-criminalización como la infra-protección. Especialmente la de aquellos grupos que más la sufren. Para ello, se necesitan instituciones de seguridad comprometidas con valores democráticos y el rechazo a políticas demagógicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que sólo agravan el problema y reproducen la violencia.

Sin embargo, no existen en Argentina ejemplos de reformas policiales profundas que no hayan sido resultado de "crisis" catalizadas a través de eventos con efectos dominó sobre la coyuntura de gobierno. Como ejemplos de reformas en provincias sobresalen las dos lideradas por Carlos Arslanián en Buenos Aires. Ambas fueron precedidas, respectivamente, por el asesinato de José Luis Cabezas y por incrementos de delitos "no tolerables" socialmente con evidencias de involucramiento policial. Otro ejemplo es la de Mendoza, en 1998, iniciada por Arturo Lafalla (PJ), con el acompañamiento de los candidatos a gobernador del PJ, la Alianza y el PD y que continuó Roberto Iglesias (UCR). Esta reforma fue propiciada por un alza de los índices delictivos, pero sobre todo por la desaparición de Sebastián Bordón y por una rebelión policial que rebasaron la tolerancia social y política a la autonomía de una policía corrupta y violenta.

En Santa Fe la actual "crisis" que habilita una reforma ya está instalada. Se expresa en fenómenos como la violencia interpersonal intensa entre jóvenes de los sectores populares (no reducible al "narcotráfico"), la violencia institucional sistemática y la participación policial en el gerenciamiento de varios delitos. Esta "crisis" no es una novedad, han sido recurrentes desde 1983 y los fenómenos que las expresan tienen causas de muy larga data. Entre las más serias se encuentran los distintos grados de inercia o connivencia institucional imputables a los sucesivos poderes ejecutivos, legislativos y judiciales del 83 al presente. Y han sido infrecuentes los intentos aislados de promover políticas activas de seguridad, abordar las ilegalidades policiales, conducir a las instituciones de seguridad y transformar sus prácticas.

Ante la emergencia de estos fenómenos el gobierno provincial tiene dos alternativas. Una es seguir profundizando el rumbo actual, respondiendo a cada nueva "crisis" con medidas parciales y coyunturales. Corre así el riesgo de dilapidar su principal capital político, que aunque devaluado aun conserva. Este capital es su no aprovechamiento de las "cajas" policiales, provenientes tanto del gerenciamiento criminal como del presupuesto institucional. Esto sin perder de vista que ambas "cajas" aún gozan de buena salud en la policía. Por lo que si bien parecen tener cortado el flujo ascendente hacia el ejecutivo, nada indica que se haya interrumpido su movimiento de "derrame lateral".

La segunda alternativa para el gobierno es perderle el temor reverencial a la policía y asumir efectivamente su control civil y promover su reforma integral, conjuntamente con el desarrollo de políticas de prevención (sobre todo social) del delito. Optar por la segunda alternativa exige retomar y profundizar el camino iniciado durante la gestión de Daniel Cuenca en diciembre 2007, progresivamente abandonado luego de su renuncia y la designación de Alvaro Gaviola en diciembre 2009.

Lograrlo no es imposible. Requiere decisión política férrea, conocimiento técnico específico y dejar de malgastar el presupuesto en compra de móviles, videovigilancia y campañas mediáticas que se le vuelven en contra como boomerangs. A continuación una enumeración concisa y genérica de algunos ejes centrales de una agenda inmediata. El "pack básico" que permitiría ganar en gobernabilidad y avanzar hacia los objetivos centrales: reforma policial integral y políticas de prevención del delito (que no son expuestos en esta nota). Varios de los puntos de esta agenda los hemos desarrollado en el Acuerdo de Seguridad Democrática (www.asd.org.ar).

El "pack básico":

1. Desarrollar y dotar de personal idóneo a la Subsecretaría de Análisis Criminal para comenzar a producir información e inteligencia criminal válida y fiable propia. Esta información debe comprender tanto a los fenómenos delictivos como al funcionamiento de todas las agencias del sistema penal. Debe basarse en fuentes cuantitativas y cualitativas y su producción y análisis debe ser rigurosa y sistemática y articularse con la que producen las universidades públicas.

Continuar gestionando sin esta información como hasta el presente fortalece la autonomía policial. Asimismo, vuelve a las políticas de seguridad erráticas y sin fundamentos empíricos ni posibilidad de evaluación.

2. Desarrollar políticas específicas de prevención social del delito para operar sobre las causas y tensiones estructurales y culturales que sitúan a grupos de personas en situaciones donde las alternativas convencionales se encuentran bloqueadas y la participación fluctuante en los "delitos de los débiles" constituyen "soluciones" para la construcción de identidad, vínculos, reconocimiento y respeto.

En particular debe retomarse el Programa de Inclusión Sociocultural con Jóvenes para la Prevención del Delito. Este programa fue desarrollado por la Secretaría de Seguridad Comunitaria y el Gabinete Social en conjunto con la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación, en el marco del PNUD. No se trataba de un proyecto piloto sino de una intervención gradual en seis barrios de las ciudades de Rosario y Santa Fe, caracterizados por la concentración de violencia letal entre jóvenes. En diciembre de 2011 involucraba a doscientos jóvenes de ambas ciudades que participaban en bandas. En cuatro de los seis barrios la intervención incluyó a jóvenes de la totalidad de las bandas existentes. Y estaba avanzada la ampliación de su presupuesto y nuevo personal seleccionado para su extensión. El programa fue desarticulado por el ex ministro Leandro Corti, como resultado de sus limitaciones a la hora de conformar equipos de gestión y por su concepción "policíaco-céntrica".

El desarrollo de estrategias de prevención social del delito es un requisito ineludible previo a la implementación de policías barriales o de proximidad en contextos de exclusión social. No desarrollarlas previamente agravaría la sobre-criminalización de los actores más vulnerables de las economías delictivas.

3. Abordaje de las manifestaciones locales de delitos complejos, como narco-criminalidad, circulación de armas, trata, barras bravas, comercialización de autopartes, piratería de asfalto, etc. Para ello, no basta con la creación de la Secretaría de Delitos Complejos. Debe dotarse a la misma de una estructura adecuada, de medios y de personal capacitados. Incluso se requieren reformas legislativas.

Sin estos requisitos no es posible ni conducir a la policía ni lograr articulaciones efectivas con las fuerzas de seguridad nacionales y los poderes judiciales. Las recientes designaciones de Jorge Barraguirre y Alejandra Gils Carbó como procuradores provincial y nacional, respectivamente, generan condiciones óptimas para abordar criminalidades complejas pero corresponde al Ministerio liderar la articulación con estas áreas. También es clave concretar la creación de una policía judicial.

4. Control interno. La Secretaría de Control de Seguridad, creada sobre el final de su gestión por Cuenca, no ha sido desarrollada. Transcurridos tres años y medio no es aún un organismo independiente de investigación compuesto por civiles. Así resulta inapropiada para poner fin a uno de los mayores problemas que presenta la institución policial: policías que se investigan entre sí y encubren su accionar ilegal.

La potestad de aplicar las sanciones disciplinarias sigue siendo competencia del jefe de policía y no de la Secretaría.

5. La implementación de una reforma policial supone como requisito la construcción de un liderazgo político que establezca un profundo cambio en las formas tradicionales de funcionamiento y organización de la policía. Y que pueda gobernarla durante el proceso de reforma. Para ello no basta con crear un Ministerio sino que este liderazgo político debe conducir la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias del sector. Designar a un civil como jefe de policía es parte esencial de estas medidas.

6. Con estas medidas en marcha y un plan de reforma policial y de seguridad, el gobierno debe convocar al Acuerdo de Seguridad Democrática, hoy el único espacio existente con diversidad político partidaria y experiencia de gestión, como para facilitar la construcción de consensos. Una de las primeras medidas de esta convocatoria debería ser un proyecto de ley marco de seguridad pública, que configure y materialice el consenso a partir del cual desarrollar la reforma policial y las políticas de prevención del delito.

* Criminólogo. Ex Secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia