Dar respuestas integrales

Por Leonardo Caruana*

El estado municipal, desde hace más de 20 años, garantiza el derecho a la salud de todos los rosarinos y rosarinas. Lo hace con valores innegociables como equidad, universalidad, integralidad y participación, al destinar más del 27 por ciento de su presupuesto a sostener y fortalecer la red de salud.

Con anclaje en los valores antes mencionados, nuestro trabajo en salud tiene tres fines para destacar: la resolución de los problemas de la población, el desarrollo de la propia organización sanitaria y el de los trabajadores. Para lograrlo es necesario seguir transitando este camino que prioriza el acceso de la población más vulnerable, aquella que más necesita de nuestros servicios, en nuevos dispositivos de atención que propicien un ámbito saludable para trabajadores y población. Practicando una clínica integral, centrada en el vínculo entre pacientes, familia y comunidad con el equipo de salud.

El fenómeno creciente de la violencia como manifestación social y cultural desencadena situaciones que, como en otros ámbitos de la sociedad, también estallan en los ámbitos públicos. Los hospitales y centros de salud públicos, como espacios próximos a los vecinos, son escenarios donde, con frecuencia creciente, se producen situaciones de agresión hacia los edificios y a los equipos de nuestras instituciones. Ante esto, la reacción habitual se manifiesta en la necesidad de tomar distancia, de separarnos del otro. Es esta lógica donde cada uno pretende encerrarse en nombre de tener mayor seguridad.

Aquí es donde se debe tener en cuenta el trabajo en equipo, la complejidad del proceso de trabajo, los aportes de todos aquellos trabajadores que participan en una guardia hospitalaria o centros de salud (admisionistas, trabajadores sociales, psicólogos, farmacéuticos, médicos, enfermeros, bioquímicos, mucamas, telefonistas, personal de seguridad) como así también los modos de relación y vínculo entre cada uno. Todos los que integran el equipo de salud son importantes y necesarios para resolver los problemas que se presentan en las instituciones sanitarias. Es por ello que debemos trascender el protagonismo de una disciplina con respecto de otras.

Por eso insistimos en la necesidad de seguir fortaleciendo un "nosotros" amplio que incluya a todos, sin caer en respuestas únicas y generales que sólo logran estigmatizar a la población que utiliza los efectores públicos y que genera una distancia entre "nosotros" y "ellos", situación que materializa aún más la desigualdad social.

Es en esa perspectiva que, junto con los equipos de cada efector, estamos desarrollando intervenciones que contemplen la realidad de cada lugar, espacios de diagnóstico participativo por hospital, con el apoyo de integrantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Abordar en toda su complejidad el problema de la violencia manifestada en los servicios de salud requiere de una fuerte predisposición a debatir lo que estamos haciendo, entre todos los sectores y disciplinas con una amplia participación, incluyendo la voz de la población en general o a través de sus organizaciones.

Para ello, estamos desarrollando un plan de trabajo con el objetivo de delinear acciones, sin desestimar ninguna en particular, pero haciendo énfasis en que un problema complejo como este nos obliga a discutir la propia organización de nuestro trabajo: el acceso, la circulación, evaluación de riesgo, triage, el rol de las áreas de seguridad, el vínculo con la sala de espera, protocolos de atención, la distribución de la carga horaria del propio trabajador, guardias de 24 horas, entre otras.

La Salud Pública, a través de nuestros equipos, viene dando ejemplos de innumerables modificaciones de sus modos de organización, de atención clínica, de nuevas propuestas terapéuticas, adecuándose progresivamente a realidades cambiantes y heterogéneas.

Las nuevas problemáticas que se traducen en hechos de violencia como forma de resolución de conflictos nos interpelan y exigen respuestas integrales, de este modo las guardias, lugares de atención de las demandas espontáneas de nuestros vecinos se convierten en puntos estratégicos, el primer contacto de la población más vulnerable, la atención de situaciones extremas, críticas, que requieren del esfuerzo de todos para crear nuevos abordajes en este contexto de conflictividad social.

(*) Doctor en Medicina. Subsecretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.

Articular los esfuerzos

Por María Fernanda Boriotti*

La violencia a la que estamos sometidos los trabajadores de la salud ha llegado a niveles impensados. ¿Quién cuida a los cuidan la salud de la población?

Hablamos de violencia externa y de violencia interna. Ninguna de las dos es privativa de la ciudad de Rosario: el escenario se repite en cada centro de salud de la provincia y del país, sin excepciones

La violencia externa es un emergente de la violencia social. Esta tiene sus raíces en la extrema y creciente marginación y exclusión social de amplios sectores de la población, agravada a su vez por el crecimiento de las adicciones y el narcotráfico.

La transferencia de la violencia social al ámbito de la salud hace necesario un abordaje integral que se base en la prevención. Esto en el marco de un sistema de salud pública, universal, gratuito, con calidad y calidez, que asegure la correcta atención de todos los ciudadanos. Es necesaria la plena vigencia de la ley provincial, conformando Comités Mixtos en todos los centros de salud de la provincia. En ese marco, es indispensable la puesta en marcha de protocolos, como el que presentó Siprus, para abordar los hechos de violencia de manera normatizada.

Siprus no apoya la militarización de los hospitales como respuesta unilateral a la crisis. En un abordaje integral debe rediscutirse la circulación de los hospitales y centros de salud, las condiciones de espera de los pacientes y también la presencia de fuerzas de seguridad pública entrenadas y controladas democráticamente por los comités mixtos de seguridad y salud laboral.

El profesional de la salud está también sometido a la violencia que genera el mismo estado cuando no brinda lugares y condiciones de trabajo dignos. En los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad faltan baños, se caen techos, las paredes filtran, faltan elementos de trabajo. En ese marco los profesionales no tienen posibilidad de progreso por carecer de una carrera profesional en salud pública que ofrezca jerarquización, con salarios acordes al costo de la canasta familiar que hoy supera los 7000 pesos (hoy un profesional de la salud provincial gana 5400 pesos).

Solo dos provincias, Buenos Aires y Santa Fe, tienen marcos normativos que pueden servir para la implementación de políticas contra la violencia.

Como siempre el gran ausente es el Ministerio de Salud de la Nación. En el hospital más grande de la Argentina, el Posadas, el único que depende directamente de la Nación, los hechos de violencia se suceden de una manera alarmante frente al silencio y la pasividad del ministro Juan Manzur. Nuestra federación nacional, la Fesprosa, ha solicitado esta semana al doctor Manzur que convoque a una paritaria nacional, uno de cuyos puntos centrales debería ser la implementación de políticas nacionales contra la violencia en salud.

Para detener el flagelo de la violencia es necesario articular con urgencia el esfuerzo común del estado, los trabajadores y los usuarios.

(*) Presidente de Siprus (Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud de Santa Fe). Secretaria de organización de FESPROSA