El gobernador Antonio Bonfatti salió reforzado esta semana al poder demostrar que su gobierno era capaz de frenar a tiempo, una intentona de revuelta social que lo hubiera dañado seriamente. El plan de contigencia que paró en seco los impulsos saqueadores en Villa Gobernador Gálvez y la zona sur de Rosario, ponen de manifiesto a una administración atenta que no quiere volver a verse envuelta en las complejas tramas de activitas, narcocriminales o difusos intereses de cualquier naturaleza. En este caso, la información estaba y la rápida reacción terminó con 47 detenidos a disposición de la justicia. Pero tanto el gobernador, como su equipo, como la población entera saben a esta altura que lo que pasó a partir del miércoles fue un escenario tan claro como siniestro: Las bandas organizadas vinculadas al delito complejo intentaron enfrentar al Estado de manera abierta y organizada. Por ahora perdieron.

En el proceso la velocidad lo fue todo. Es cierto que no había elementos de crisis social que pudiera hacer de combustible de la llama que encendieron los violentos en las barriadas. Pero quizás era sólo cuestión de tiempo. Rosario tiene una memoria y una sensibilidad especial a la hora de establecer el mecanismo del saqueo. En ese duro aprendizaje -con distintos contextos sociales como la hiperinflación de 1989, el crack de 2001 o las inundaciones de diciembre de 2012-; la ciudad ha visto cómo con distintas intensidades el número pasa a ser un factor determinante incluso para la represión misma del delito a través de la ley.

Así la agitación que pueden encender 40 personas se propaga rápidamente a 100 o 150. En esta oportunidad en el caso más grave que fue Villa Gobernador Gálvez, el número mayor de involucrados trepó a 300. La rápida intervención policial permitió la dispersión y las primeras detenciones. Ahora, qué hubiese pasado si los uniformados llegaban cuando el número de atancantes ya hubiese estado cercano al millar. Se ha visto en los anteriores saqueos: La policía es numéricamente inferior y además regula su accionar en función de los menores y las familias que se van mezclando en la multitud. En ese caso, la policía sólo atina a evitar que el saqueo se propague a otros lugares o que más gente se sume a la acción que se desarrolla, pero lo hace casi siempre desde un accionar más pasivo. En el marco de semejante multitud es difícil establecer las detenciones. Aunque no parezca, 20 o 50 detenidos es más efectivo que 500 que se seguramente serán más rápidamente liberados por la dificultad para establecer pruebas contra semejante cantidad de personas.

Esto no quiere decir que se trate solamente de un fenómeno matemático, pero los números intervienen de manera directa, como los 100 pesos que algunos jóvenes aceptaron haber recibido para llevar adelante las acciones de los últimos días. Obviamente, aquí el contexto fue el fin de año, siempre se dieron dentro de esta temporada los saqueos más graves en la historia de la ciudad.

Quizás concentrado en estos menesteres, el gobierno provincial quedó esta semana en evidencia en la movida sesión legislativa del jueves. Un descuido administrativo pone en riesgo las verdaderas intenciones de la administración que conduce Bonfatti que pasa por anular la ley de automaticidad del Fondo de Obras Menores para municipios de segundo orden. Seguramente no es la primera vez que un veto del Ejecutivo ingresa por la Cámara equivocada y se intenta corregir a destiempo; pero sí quizás se haya cometido este error en una ley que tiene tanta plata de por medio.

El Fondo de Obras Menores en Santa Fe surgió después del año 1994 como respuesta para los municipios más chicos que quedaban afuera del reparto de los Fondos del Conurbano que sólo perciben Rosario y Santa Fe. Pasó que con el correr de los años, mientras este Fondo permaneció inmóvil (es de 30 millones de pesos desde su creación), el Fondo de Obras Menores fue creciendo al ritmo del presupuesto provincial porque está establecido como un porcentaje del mismo.

En ese marco sucedieron dos cosas: Los municipios que lo perciben empezaron a notar atrasos en los pagos de parte del gobierno provincial y por eso impulsaron la ley de Automaticidad. Y por el otro lado, Rosario y Santa Fe a través de sus intendentes Mónica Fein y José Corral blanquearon la decisión de entrar en el reparto del fondo. La intendenta rosarina lo puso claro en números: "Mientras un ciudadano de Rosario o Santa Fe perciben entre 12 y 15 pesos por los Fondos del Conurbano, otro de cualquier localidad santafesina recibe entre 120 y 130 pesos por el Fondo de Obras Menores". En este sentido, la mayoría de los municipios no tienen inconvenientes en que las dos ciudades más grandes ingresen al reparto siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad y sobre todo la automaticidad en la percepción de este dinero que en muchos casos, trepa hasta casi el 10 por ciento de cada uno de los presupuestos municipales.

Con todo, el fin de semana en Rosario/12 la intendenta Fein hizo prácticamente un anuncio: "Estamos seguros de que el gobernador encontrará una alternativa en este tema para Rosario y Santa Fe, porque eso es lo que hablamos con Bonfatti en los últimos días". Sin decirlo abiertamente, la intendenta dio a entender que el Ejecutivo prepara un mensaje que apunta a dos objetivos: Subsanar el error del veto mal ejecutado y a la vez sumar a los dos municipios de primera categoría al reparto del codiciado fondo para obras.

La operación no será sencilla desde el punto de vista de que el Frente para la Victoria sostiene en Diputados que el error en la manera de vetar la ley de Automaticidad hace que ésta, quede en firme. Si persiste esta posición el gobierno intentará subsanarlo no ya con un veto sino con una nueva ley que deberá abrirse camino entre los opositores que esta vez no parecen tan inclinados a darle la derecha al gobierno de Bonfatti. Pero siempre hay espacio para los acuerdos en la Legislatura santafesina.

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