El gobierno provincial ha decidido clausurar cualquier polémica política en torno del último caso vinculado a la narcocriminalidad -el asesinato de Luis Medina y las implicancias políticas que tuvo-, y se dispuso a seguir en la misma línea que venía desarrollando: Tratar de mostrar resultados concretos en el combate al narcotráfico. La medida incluye el nombramiento del comisario Luis Bruschi al frente de la flamante Policía de Investigaciones y -sin decirlo- Antonio Bonfatti prefiere dejar languidecer a la policía judicial que salió aprobada en la Legislatura y que fue vetada "de manera propositiva" en 40 de sus 57 artículos. Esas carillas con la firma del mandatario giradas en pleno enero a ambas Cámaras, se parecen bastante a un certificado de defunción para la iniciativa.

Los tres agentes que se adelantaron a las medidas oficiales y fueron a "fotografiar" la casa de Medina en el country de Pilar, acompañados por el padre de la joven acribillada en la misma acción; parecen haber puesto en el freezer, por un tiempo al menos, a un organismo policial en el que el Ejecutivo había apostado sus fichas para mostrar algo de eficacia frente al desarrollo exponencial del delito complejo en la zona. La División Judiciales que comanda el comisario Cristian Romero se verá obligada, al igual que su jefe, a dar demasiadas explicaciones frente a la jueza Alejandra Rodenas. Con lo cual, una salida momentánea de escena podría calmar los ánimos, claro que el riesgo para ese sector policial es que Bruschi y su nueva formación avancen sobre todo el campo de acción.

Con todo, el gobierno no logra disipar las acciones del arco opositor que fueron mucho más allá de la vehemencia del diputado Héctor Acuña (PJ) que preside la comisión de Seguridad y que sabe cómo poner nervioso a más de un ministro. Es un legislador acostumbrado a la rudeza de la escena política y mostró su cuero en la pasada interpelación al ministro de Seguridad Raúl Lamberto. En la ocasión, toda la barra de la Legislatura se llenó de militantes socialistas que se acordaron de la madre de Acuña durante todas sus intervenciones. A la vez que por las redes sociales su nombre era simultáneamente mencionado y no de la mejor manera. A Acuña sólo parecía preocuparle que se escuchara lo que le estaba preguntando a Lamberto. Pero en rigor, los legisladores que participaron de esa tenida -incluido el propio Acuña- no parecían demasiado preparados en los temas y fundamentalmente no había acuerdo en hacia dónde direccionar los cuestionamientos.

En esa experiencia probablemente se basarán el ministro de Gobierno Rubén Galassi y el de Justicia Juan Lewis; para tratar de eludir las preguntas punzantes que puedan aparecer cuando concurran a la Cámara de Diputados a explicar los por qué de la intervención urgente a la notebook personal de Medina.

La jueza Alejandra Rodenas por su lado y el procurador de la Corte Jorge Barraguirre por el suyo; han demostrado que la imponente reforma judicial que se pondrá en marcha oficialmente el 10 del mes próximo, puede ser de muchísima utilidad. Pero que también cuenta la actitud personal de cada funcionario. Ambos han hecho más desde la justicia contra el combate a la narcocriminalidad que muchos magistrados durante los últimos años. Desde hace un tiempo a esta parte, el juez Juan Carlos Vienna ya no está tan sólo.

Barraguirre acaba de dar instrucciones muy precisas a los fiscales provinciales para atravesar esta corta transición hacia el nuevo sistema penal: Concentrar los esfuerzos en tres ejes ha pedido el procurador. Las investigaciones estarán fundamentalmente centradas en averiguar el origen y la circulación de las armas (uno de los motivos de la proliferación de los homicidios se relaciona con la facilidad de acceso a armas de grueso calibre que antes eran mucho más difícil de conseguir). El otro punto es investigar en serio a los barrabravas del fútbol (allí todos coinciden en que parece estar el origen de varias economías delictuales incluida por supuesto, la distribución de estupefacientes). Y finalmente, el tercer gran problema: El largo y complejo entramado de complicidad policial sin la cual no podría haberse desarrollado como se desarrolló en Rosario, el negocio del narcotráfico. Para eso la orden es meterse de cabeza en todas las causas por enriquecimiento ilícito de policías que parecen absolutamente dormidas. Todo lo que esté por fuera de esa agenda será periférico y anecdótico para las investigaciones. Estas claras instrucciones, el respaldo del poder político y la cantidad de nuevos fiscales que se van a incorporar tendrán que dar algún resultado al mediano plazo. Al menos a eso apuesta centralmente la administración Bonfatti.

Pasados los primeros 12 días de enero y teniendo en cuenta cómo terminó el año, es claro que las vacaciones son apenas una quimera. Es más, prácticamente no hay dirigentes políticos santafesinos que hayan completado una semana entera de vacaciones fuera de la ciudad. Salvo excepciones, todos tuvieron que ir y venir de acuerdo a la complicada agenda.

La intendenta Mónica Fein no tiene descanso y jamás imaginó que el Dakar iba a pasar tan rápido por Rosario. Fue un evento de alto impacto y corto aliento. Ahora la intendenta se esfuerza por rebatir a los concejales que la acusan a diario por los medios de su falta de inclinación al diálogo político. La jefa comunal muestra su costado amable y su sonrisa permanente y para muchos es difícil creer que detrás se esconde una verdadera "dama de hierro" inflexible.

Héctor Cavallero salió a explicar técnicamente por qué el municipio sí tiene dinero para obras públicas con el presupuesto que le votaron para el 2014. Miguel Cappiello salió a defenderla diciendo que muchos ediles de la oposición "le faltan el respecto a la investidura llamando mentirosa a la intendenta". Hasta el intendente de Santo Tomé Fabián Palo Oliver pasó por la ciudad y se acordó de la mandataria en un reportaje en Rosario/12 donde asegura que la gestión de la socialista "muestra signos de agotamiento". Y finalmente la más dura fue la astilla del mismo palo, cuando el presidente del Concejo Miguel Zamarini decidió cobrarse en efectivo y en un sólo pago la falta de respaldo hacia su figura que Fein había hecho pública antes de la renovación de autoridades, el 10 de diciembre. "La intendenta tiene desconfianza manifiesta por intolerancia política", le dijo en una nota a La Capital y de paso admitió que no habla con ella desde hace un buen tiempo. Así se presenta el panorama legislativo para Mónica Fein en este 2014.