Es casi un clásico de los meses más calurosos la emergencia de graves problemas en el suministro eléctrico de algunas grandes ciudades de nuestro país. Los intentos por derivar las responsabilidades han estado, otra vez, a la orden del día. Entre ellos llama particularmente la atención uno: ¿La culpa es de la oferta energética (empresas privadas o públicas y Estado como control) por no invertir en capacidad para generar, transportar y/o distribuir más energía; o de la demanda (usuarios residenciales, comerciales, industriales, administración pública) por derrochar la energía disponible?

En nuestro país, alrededor del 90% de la energía consumida está originada en la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural o carbón), no renovables. En el caso específico de la generación eléctrica, casi un 70% en fósiles, una cuarta parte hidráulica. El resto nuclear y una pequeña porción de no convencionales (eólica principalmente).

Es a todas luces prioritario, entonces, el desarrollo de una muy activa política de eficiencia energética que elimine en todas las áreas el derroche innecesario de energía y asegure en cada utilización de la misma, que se consumirá sólo el mínimo que la tecnología actual disponible requiera para la prestación en particular (sin que ello signifique privaciones, se trata sólo de usar la energía necesaria y no más).

No es una tarea sólo de los gobiernos, sino de la sociedad en su conjunto. Ahora bien: ¿Quién es el responsable de orientar, motivar y movilizar a toda la sociedad para lograr estos objetivos? Insinuar o sostener en el momento de mayor desajuste de la relación demanda-oferta de energía que el derroche de los usuarios es el culpable: ¿No es una excusa de los gobernantes por no haber sabido cumplir ese rol de liderazgo en el mejoramiento sustancial de la eficiencia energética?

Hay áreas como la construcción de edificios (que en zonas como la nuestra podrían hacerse de modo que requirieran muy poca refrigeración en verano o calefacción en invierno, y sin embargo colapsa la EPE en ambas estaciones), que libradas únicamente al mercado traen los resultados que han traído. Recién en julio de 2013 entró en vigencia en Rosario la ordenanza 8757, de autoría de quien firma esta nota, que es la primera en el país para poner algún límite, aún modesto, a las edificaciones que -por descuido de técnicas y criterios que se conocen desde hace siglos- requieren gran derroche de energía para ser confortables térmicamente sin necesidad, y a veces ni aún así lo logran. Solamente el reemplazo de lámparas incandescentes por las de bajo consumo (a instancias y por presión de organizaciones ambientalistas), se destaca como medida de impacto para avanzar en esta dirección imprescindible.

Sin eximir a las empresas eléctricas de distribución de la responsabilidad que les cabe en la insuficiencia de inversiones que permitan equilibrar demanda pico y oferta; la batalla técnica y cultural para limitar la demanda a lo realmente necesario es un tema que no debe ser descuidado ni ser utilizado sólo oportunistamente en el momento de la crisis para intentar eludir responsabilidades.

*Concejal mandato cumplido (2009/2013) Partido Socialista Auténtico