El gobernador Antonio Bonfatti ha sentado su gestión en estos primeros meses del año, en tres pilares que considera fundamentales: El avance en el desbaratamiento de las bandas que asolan Rosario en el marco de la narcocriminalidad; la paz social en base al rápido acuerdo alcanzado con los gremios del Estado y la puesta en marcha de la reforma judicial. Archivado ya por 2014 cualquier intento por reformar la Constitución santafesina, el gobernador se limitó a hacer el gesto cumpliendo con las mismas intenciones que su predecesores Carlos Reutemann, Jorge Obeid y Hermes Binner. Ninguno lo logró. Las desconfianzas mutuas y la poca voluntad política de imponer un tema ajeno a los intereses inmediatos de la gente, volvieron a hacer naufragar un avance institucional en Santa Fe. Al respecto es importante considerar que cuando hay decisión las cuestiones de Estado avanzan más allá de la voluntad de la gente, la reforma procesal penal es un claro ejemplo. No se veían por las calles manifestaciones de electores pugnando por los cambios, pero a nivel político se sabía de su importancia y por eso se impusieron venciendo miles de escollos, intereses y resistencias varias.

El pronunciamiento del juez Juan Carlos Vienna puso fin a una primera etapa de la lucha del gobierno provincial contra la narcocriminalidad. El magistrado avanzó con firme decisión y puso tras las rejas a varios de los principales involucrados del clan Cantero. Incluso se avanzó hasta las ramificaciones económicas de este delito organizado y se concluyó en la figura de la asociación ilícita.

La defensa acaba de actuar, también como se esperaba. Objeta todo lo actuado por el juez, desestima las prisiones preventivas, señala que la asociación ilícita no establece claramente para qué se constiyó y -por su puesto- le tira al corazón de la investigación: Si el narcotráfico sobrevuela todas las páginas del voluminoso expediente, por qué no se corrió vistas a la justicia federal que tiene jurisdicción para este delito complejo.

Por supuesto que desde Bonfatti hasta Vienna se sabía de antemano que éstos serían los argumentos de los abogados defensores, pero igual decidieron avanzar entendiendo que había que mostrar gestos políticos ante la sociedad que asistía estupefacta a las matanzas cotidianas y la estigmatización de la provincia y de Rosario como territorios libres para el narco. "Todos conocían a Los Monos, las crónicas en los diarios datan de por lo menos 15 años atrás. Todos sabían los nombres de los involucrados en delitos violentos y en el narcotráfico, pero nadie los había puesto presos, nadie los había puesto en escena como los verdaderos delincuentes que son", es el argumento más repetido entre las filas del gobierno provincial. El ataque a balazos a la casa del gobernador terminó por señalar -según este razonamiento- que el avance de las investigaciones y los intereses afectados habían sido reales y contundentes.

Pero había otra parte en la historia y es la que involucra a la policía provincial. Desde la primera reacción por la detención del ex jefe de Policía Hugo Tognolli por parte de fuerzas federales, hasta la decisión del Procurador Jorge Barraguirre de investigar el patrimonio del ex jefe Cristian Sola; ha pasado mucha agua bajo el puente. También en los tironeos políticos entre el gobierno nacional y el provincial que en algún momento llevó a que cada uno de los involucrados declarara: "Soy una víctima política del tironeo entre Santa Fe y la Nación", como dijeron en tribunales y a la prensa varios narcos detenidos.

Momento de acuerdos.

El gobierno de Antonio Bonfatti decidió no perder el tiempo este verano. A la primera reunión paritaria con los estatales llegó con una oferta sustancial y alejada de cualquier tipo de especulación negociadora. Una buena suma fija según las categorías y un porcentaje que llega hasta el 30 por ciento de incremento. No había margen para el rechazo y la secretaria general de Amsafe provincial fue contundente: "Es la mejor oferta a los docentes de todo el país". Si bien políticamente nunca son recomendables estas aseveraciones, porque se está hablando de la patronal; la sinceridad estaba dirigida al corazón de los docentes que siguen teniendo en Rosario una vocación más política que gremial. Al menos en parte de su conducción que volvió a ser derrotada en las urnas por los docentes que se expresaron a favor del acuerdo.

Así como lo hizo con los legisladores de la oposición, sobre todo con los senadores, Bonfatti volvió a mostrarse como un pragmático en este tema y no ahorró recursos en pos del acuerdo con los estatales.

Diferente es la situación de los intendentes que no tienen las espaldas financieras de la provincia y tuvieron que sentarse a negociar con un incremento tímido y similar al del año pasado que mereció -como no podía ser de otra manera- el rechazo inmediato.

Es cándido e irrelevante criticar las medidas de fuerza de los trabajadores cuando son masivas y decididas por gremios de larga experiencia en la negociación y con reconocida vocación dialoguista. De nada le sirvió al municipio decir que la medida de fuerza de los estatales locales hacía "daño"; como tampoco de nada sirven las recomendaciones infantiles de la ministra Claudia Balagué sugiriendo a los docentes que pueden adherir a la protesta nacional de CTERA "sin necesidad de ir al paro".

Fecha de examen.

El gobierno provincial comenzará a evaluar en estos días los primeros pasos de la ambiciosa reforma procesal penal. Lanzada oficialmente el 10 de febrero, cuando se cumpla el primer mes de funcionamiento, en el Ejecutivo quieren ver las primeras fotos de la criatura. Qué pasa con el desempeño de los fiscales, cómo están funcionado los defensores públicos, de qué manera se distribuye el trabajo desde la oficina de gestión, cómo se desarrolla el proceso conclusional de causas, entre otros puntos.

El gobierno sabe que llevará un tiempo el ajuste de la puesta en marcha de un sistema que, por ejemplo, aún no tiene todo su personal nombrado, donde faltan algunos concursos y designaciones y al que todavía le espera una mudanza grande: Cuando el área de la justicia penal se traslade a los tribunales que se construyen donde funcionaba el viejo hospital de emergencias, en la manzana de Virasoro y Mitre.

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