Legislación comparada, se llama. Investigar qué hacen, hicieron o proponen otros municipios de la provincia, el país o el mundo, respecto de determinados temas. Ahora con internet es facilísimo. Pero el caso al que nos referimos está muy cerca, se puede hablar por teléfono o llegarse simplemente hasta Villa Constitución. Una vez en esa ciudad del cordón industrial, hablar con el concejal Carlos Alegre, pedirle una fotocopia del proyecto y listo. Presentarlo con las modificaciones que se crean necesarias o no, en el Concejo Municipal de Rosario.

El concejal villense presentó una iniciativa que propone nada más y nada menos que eliminar a los ejecutores fiscales de su ciudad, que como en la mayoría; comenten determinados excesos que van incluso más allá de la voluntad de los gobiernos locales por cobrar determinadas deudas a sus vecinos.

Se sabe, pero es menester recordarlo. Un municipio no es una empresa privada de servicios, ni un banco, ni la cueva de un prestamista. Lo que administra son dineros públicos, y si bien tiene la obligación de equilibrar sus cuentas y evitar la morosidad en los cobros para seguir prestando servicios; hay maneras y maneras de hacerlo desde el Estado cuyas acreencias son -en última instancia- sobre fondos de todos.

En Villa Constitución comenzaron a funcionar hace dos años gestores de cobro, que son abogados contratados por la municipalidad y que abandonaron el criminal título de "ejecutor" precisamente porque su principal misión es cobrar sin "ejecutar" a nadie. El reemplazo se dio por los excesos que ahí se habían cometido. Ejemplo. Calculemos. Si un ejecutor ejecuta a una viuda jubilada por deudas de TGI y se queda con su casa, el Estado gastará más en la asistencia social a esta señora que lo que habría perdido de cobrar. Hasta ahí es lógico, pero qué pasa, así no hay ejecutor que subsista, porque él en definitiva cobra sus honorarios por comisión de lo ejecutado y no pone dinero después para mantener a esa anciana en la calle. El ejemplo es extremo para que se note.

En Rosario, muchas veces el municipio pauta convenios de pago con sus deudores en cuotas realmente accesibles a las que el moroso se aviene de buen grado. Pero cuando intenta comenzar el trámite, se da cuenta que primero tiene que pagar una suma en efectivo y el contado que -la mayoría de las veces- representa varias cuotas de las que figuran en el convenio; porque esa es la comisión del ejecutor fiscal que si no cobra, no autoriza el convenio. Y los ejecutores -se sabe- no conocen el término "cuotas".

"Nuestra intención es rediseñar un nuevo sistema de gestión de cobros más acorde a estos tiempos". dice el concejal Alegre. Y agrega que cada caso (cada deudor) deberá ser analizado "minuciosamente acerca de sus condiciones económicas, sociales, laborales que permitan revertir la regla actual de ejecución por apremio en forma masiva, y que este juicio sea un acto de excepción", es decir que se llegue a la ejecución una vez que no haya más caminos posibles. Incluso, el convenio contempla que "no serán pasibles de ejecución" aquellos casos en los que los morosos demuestren que se trata de una vivienda única, estén desocupados y les sea realmente imposible acordar un convenio de pago.

El caso de esta ciudad del cordón industrial se refiere a ejecuciones de inmuebles por deudas de la Tasa Municipal. Pero en el caso de Rosario debería abarcar además a las deudas por multas de tránsito donde los ejecutores sacan el verdadero "jugo" por sus tareas.

Estamos en medio de una campaña electoral para elegir concejales en Rosario. A lo mejor, algún candidato lo toma y opta por proponérselo a la gente antes del 23 de octubre. Porque la verdad, es poco lo que se ha escuchado hasta ahora.

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