Los entretenidos enredos y el misterio que rodea al delito complejo de amplio desarrollo en Rosario, quedaron absolutamente superados esta semana por otra espiral de violencia que no se esperaba. Casi el mismo día en que se daban a conocer las escuchas telefónicas entre dos presos que imaginaban retorcidas formas de atentar contra la vida del juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini -los principales investigadores de los crímenes que rodean a la banda Los Monos-; en el barrio Azcuénaga David Moreyra de 18 años era molido a palos hasta la muerte por un nutrido grupo de cobardes que se ensañó con el joven ya caído y absolutamente indefenso.

El debate que siguió en los medios y las redes sociales no tuvo precedentes. Desde el caso del ingeniero Santos en la década del '90 (que persiguió y mató a un hombre que le robó el pasacassette) que una sociedad no discutía con tanta vehemencia el desatino institucional que supone la justicia por mano propia que, por supuesto, no es ninguna clase de justicia.

El arco político en su totalidad y las instituciones -incluida la vecinal del barrio Azcuénaga- repudiaron el hecho; pero la cantidad de vecinos, perfiles de Facebook y llamados a las radios locales tuvieron un mensaje único: "Nos sentimos indefensos, el Estado nos abandonó, vamos a tomar cartas en el asunto", parecían decir palabras más, palabras menos.

Uno de los que más firmemente se encargó de desterrar el argumento de la ausencia del Estado fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. Juan Lewis no discutió si estaba más o menos presente el Estado, simplemente dijo que "aún en una isla sin Estado, ese tipo de conductas no son aceptables desde lo humano". Y caracterizó fuerte a la acción al señalar que "la turba violenta que golpeó a ese joven cometió homicidio", es decir un delito mucho más grave del que se le imputó a David Moreyra acusado del arrebato de una cartera.

Es cansador repetir la línea que intenta responder a esa muletilla funesta que señala "a vos porque no te pasó". Y el esfuerzo es denodado para explicar que uno puede reaccionar de un modo inesperado, pero que uno no es el Estado y tampoco puede reivindicar una acción violenta porque tuvo un ataque de furia en ese momento y porque está harto de los robos y de la inseguridad. Y eso fue lo que pasó: El hecho violento es injustificable a todas luces, pero podría ser explicado. Nunca reivindicado. Es sencillamente inaceptable.

Dicho esto, también hay un párrafo para los comunicadores y opinadores en general. Casi sin excepción lo que se escuchó y leyó en los medios -afortunadamente- fue un cerrado rechazo a la aceptación de la línea dura que imponían lectores y oyentes en notoria mayoría. Pero además de repudiar habría que empezar también por analizar qué es lo que se descarga como mensaje a diario sobre la inseguridad en general. Y si no sólo hay que revisar unos días atrás cuando el discurso de la "mano dura" se filtró permanentemente en candidatos oportunistas que pretenden congraciarse con la sociedad a través de la crítica furibunda al anteproyecto de reforma del Código Penal. Ese mar de simplificaciones y ese velado desprecio por lo que se supone esconde el "garantismo" y un progesismo idiota y benevolente con el delito; es líquido tóxico que se filtra a diario por las grietas de las distintas capas sociales. Los resultados están a la vista.

Claro que la inseguridad es algo violento, porque supone una pérdida abrupta de la libertad. Ya no soy libre para sentarme con mis vecinos en la vereda a determinada hora, no soy libre de que mis hijos vayan solos al almacén o al kiosko, no soy libre de llegar a mi casa a guardar el auto a la hora que se me antoje, las damas no son libres de usar la cartera, y muchísimos ejemplos más. Y claro que alguno de esos arrebatos pueden generar resistencias violentas. Hace muy poco una abuela mató de un balazo a un delincuente que ingresó armado a su casa. La justicia encontró rápidamente que la mujer había ejercido legítima defensa. Esto es, opuso una resistencia proporcional a la amenaza que estaba sufriendo y además adentro de su propiedad. Fue exonerada en ocho días. Pero el hecho, que no admite discusión, no quiere decir que esa abuela hoy sea la misma después de haber tenido que matar a una persona. Nadie lo es.

En el caso del barrio Azcuénaga no hay atenuantes. Estaban en plena calle, la agresión ya había sido cometida por el joven que ya estaba en el piso y desarmado controlado por los vecinos. Lo que siguió después, las patadas en la cabeza, una moto que le pasó por arriba, gente que se iba sumando para golpearlo, son respuestas desproporcionadas respecto de la agresión. Es claramente un homicidio, sin atenuantes. Por el contrario, puede haber agravantes por haber actuado en grupo.

Por eso es necesario esclarecer este hecho, encontrar a los responsables y que sean juzgados por un tribunal. Es decir, la oportunidad que ellos no le dieron a David Moreyra a quien condenaron a muerte de manera sumaria. Ahora se conoció que hay una cámara de seguridad que pudo haber captado la acción. Se supone que el fiscal Florencio Malaponte va a pedir esas imágenes, si es que no lo hizo todavía.

Muchos que no pueden comprender los resultados de la desintegración social, las consecuencias de tres generaciones de desocupados, la ausencia casi total de movilidad y ascenso social para los sectores que componen la pobreza estructural; seguramente habrán pensado que la madre de David Moreyra que habló por los medios pidiendo por el caso de su hijo muerto, debió acordarse antes de él y educarlo o formarlo para que no se mezclara con el delito. Pero en realidad lo que no quieren escuchar es a una madre que con escasa formación y muchísima humildad pidió "justicia para mi hijo, no venganza".

Ahora queda claro que la narcocriminalidad y los delitos complejos en general son un problema grave de la actualidad que ocupa la agenda del Estado en todos sus niveles. Pero también es notorio el deterioro social que les propina a los vecinos diariamente el delito sencillo, la violencia cotidiana. Una cosa es ver las historias de los fascinerosos y policías corruptos por los diarios y otra muy distinta es sufrirla a la vuelta de la esquina, allí donde nunca vieron a un narcotraficante o a un sicario pero sí han presenciado asaltos de todo tipo.

El tema es grave porque la policía santafesina parece no dar respuestas en ninguno de esos planos. Ahora el gobierno piensa en nuevas estrategias y repite con razón que no hay recetas mágicas. Pero la gestión debe dar necesariamente alguna muestra de resultados concretos, como parcialmente sucedió con el narcotráfico y el delito de más alto grado. Cada vez hay más conciencia de que hay una ruptura en la cadena de mandos de la policía, que los jefes que reciben las órdenes de los funcionarios civiles no pueden trasladarlas luego hacia abajo. Y ese escenario es desalentador, porque ya no pone en tela de juicio solamente la conducción política de la fuerza, sino que desnuda una falla estructural que llevará tiempo reparar.

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