El radicalismo provincial alineó este fin de semana a una veintena de jefes comunales de ese partido y produjo un pronunciamiento político sonoro: "Estamos obligados a tener candidato propio y ese candidato es (Mario) Barletta", dijeron al unísono. Incluso aquellos que meses atrás no hubieran ni siquiera pronunciado el nombre del ex rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, así son las necesidades e intereses en la política. En el mismo sentido, no es diferente que escuchar a los socialistas que hasta hace poco hablaban pestes de Miguel Lifschitz en privado y hoy constituyen el núcleo de principales impulsores del candidato a la gobernación. La necesidad tiene cara de cualquier cosa. La política no es diferente a la vida misma.

El cónclave desarrollado en Funes no fue cualquier reunión radical. Fue el encuentro de radicales frentistas y en gestión. No es un dato menor ya que la reunión dio una idea concreta del peso territorial de la UCR: De los 26 intendentes del Frente Progresista, 24 son radicales y 16 se encontraban esa tarde en Funes impulsando a Barletta para una virtual interna contra Lifschitz de cara a los comicios de 2015. La ecuación es simple: el socialista podrá ser el postulante más gravitante, pero está claro que el radicalismo mantiene e incrementa su peso político específico dentro de la coalición.

La demostración de fuerza no sólo estuvo dirigida a los socialistas. También constituye un mensaje contundente a otros sectores del radicalismo cuya única preocupación es no hacer olas y mantener los cargos. Son los radicales adorados por el PS que sabe cómo acordar con ellos y lo hace de una manera rápida y sin riesgos. Estos intendentes que sí han ganado elecciones, que sí han puesto su nombre al tope de una lista, que sí han discutido y discuten poder con el socialismo al interior del Frente, están diciendo también que están hartos de la pyme radical que regentean cinco o seis vivos en la provincia y cuyo único propósito no reside en ganar una elección para su partido sino más bien en mantener los privilegios para esos pocos.

Son los mismos sectores que impulsaron las reformas al sistema electoral provincial. En este sentido, el ensayo fue similar al del peronismo el año pasado: impulsar esos proyectos con legisladores cuyos nombres la gente ni conoce y van entremezclados en lugares expectantes de las distintas listas. Los potenciales candidatos prefieren no arriesgarse en estas "patriadas" que implican claramente restarle poder al votante. Prefieren que la cosa se haga pública primero, evaluar la reacción del público y la prensa, y recién después opinar en consecuencia.

El mecanismo volvió a funcionar de la misma manera. La mayoría de la dirigencia partidaria se hizo la distraída y no ahorró en exclamaciones altisonantes a la hora de ratificar que la Boleta Unica es el mejor sistema y que no se puede cambiar de caballo a mitad del río. Se ha dicho. Pero algo siempre queda, y lo que queda esta vez es la posibilidad de que se establezca un piso de votos en las primarias abiertas para pasar a la elección general. Con todo, ya se había adelantado desde esta misma columna, es uno de los pocos cambios aceptables de entre los propuestos.

Qué bien se te ve

La ciudad no sale de un debate furioso para meterse en otro rápidamente. Una cuestión que, a pesar de lo reiterada, sigue incomodando a los funcionarios municipales que creen ser presas fáciles de los concejales opositores.

Esta semana le tocó el turno a las cámaras de videovigilancia. El fiscal Miguel Moreno encendió la mecha cuando mencionó en los medios que no era la primera vez que no podía contar con las imágenes de un crimen porque las cámaras no funcionaron. Los ediles opositores, que tienen una especial sensibilidad en el tema, hicieron fila para pegarle al municipio y la provincia por los grandes anuncios de centros de monitoreo y licitación de cámaras que luego no son eficaces para detectar el delito.

Esta vez hay que destacar que se preservó a la intendenta Mónica Fein en la pelea. Salieron al cruce los funcionarios y los concejales opositores, aunque un poco tarde y notoriamente estudiado el tema con cifras y carpetas como si no se tratara de una cuestión más política que técnica.

Fue entonces cuando el fiscal regional Jorge Baclini, desautorizó públicamente a Moreno, su subordinado. Y dijo que en el 90 por ciento de los casos las cámaras de videovigilancia habían funcionado correctamente y habían aportado datos certeros para el esclarecimiento de crímenes. También el secretario de Control de la municipalidad, Pablo Seghezzo, perdió su habitual compostura y salió al aire bastante desequilibrado sobre el tema. Más tarde todavía y a través de un comunicado el concejal oficialista Miguel Cappiello respondió los ataques de sus colegas de la oposición en el Palacio Vasallo. Pero daba la sensación de que ya era tarde y que las respuestas habían sido minuciosamente acordadas para que fueran pronunciadas de la manera en la que se hicieron. El daño ya estaba hecho, las balas ya habían entrado.

El oficialismo sigue careciendo de hombres que fijen agenda periodística y sean rápidos y efectivos para las respuestas a las críticas. No hay jefes, todo parece requerir de consultas previas y acuerdos, y cuando se reacciona parece ser demasiado tarde. En el Concejo la artillería la manejan experimentados ediles de peso político concreto a los que en los últimos tiempos se ha sumado otra generación picante a la hora de la relación con la prensa.

Muchas veces el municipio se queja de que no hay otro concejo municipal en el país "con tanta prensa" como el de Rosario. Pero hay que aclarar que tampoco hay en el país una ciudad grande como esta que no sea capital de provincia, con lo que el parlamento rosarino es una caja de resonancia mucho más amplificada aquí que la propia Legislatura provincial.

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