Las postales, casi como flashes, de las distintas situaciones de inseguridad en Rosario se parecen a un montaje ecléctico y con sentidos diversos. El crimen del hijo del empresario Enrique Bertini que conmovió tanto a la sociedad y movilizó a miles hacia el Monumento. Los casi 60 millones de pesos desbaratados en allanamientos en desarmaderos donde se secuestraron miles de autopartes robadas y; finalmente, los seis policías de la comisaría 19 detenidos por extorsión al pedirle plata a los delincuentes a cambio de desvincularlos del delito.

Todo tiene que ver con todo, decía un prolijo locutor de la TV. Y en este caso es así. Si se tira fuerte del hilo, casi siempre, está la policía santafesina detrás. ¿O no trascendió que policías llamaron ofreciendo pistas a cambio de dinero a allegados del empresario agroindustrial que acababa de perder a su hijo? ¿O acaso es posible que 20 mil piezas de autos desguazados lleguen a los desarmaderos sin que la policía lo sepa? ¿O es posible detener el delito con policías que les cobran a los delincuentes para no investigarlos?

El gobierno de Santa Fe repite que pone en evidencia la corrupción policial y que la castiga. Pero a esta altura se esperan otros resultados de ese proceso. La presencia de las fuerzas federales en la ciudad y la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal no hicieron más que evidenciar de una forma más brutal no sólo la corrupción estructural de la fuerza en la provincia, sino también su ineficacia, escaso profesionalismo y carencias varias en equipamiento moderno.

Esta semana, el legislador bonaerense y creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín, señaló en los medios rosarinos que "los reclamos sociales de mano dura ante la inseguridad desbocada terminan favoreciendo a esta policía corrupta y demoran los cambios necesarios en la fuerza".

Con todo, da la impresión de que la sociedad en su conjunto ha pasado ya distintas etapas. Ha dejado atrás las soluciones mágicas y los pedidos de bala a discreción como solución definitiva al problema de la inseguridad. Tampoco abunda sobre el cambio de leyes que tanto se meneó en la época del falso ingeniero Blumberg. Sin todo ese pasado, sin toda esa doxa de las víctimas, no hubiera sido posible el discurso sentido, hondo y conmovedor de Enrique Bertini en el acto en el Monumento. Quizás hay allí un camino para avanzar. Pero la seguridad es monopolio del Estado, la gente puede colaborar y protegerse. Pero no mucho más. Por eso las palabras del secretario de Seguridad Comunitaria, Angel Ruani, un hombre conocedor de la realidad de la inseguridad en los barrios; cayeron tan mal. Puestas fuera de contexto parecían decirle a la gente que se procurara su propio sistema de seguridad. Claro que no dijo eso, pero la sensibilidad sobre el tema hizo el resto.

Lejos parece estar la posibilidad de que la administración santafesina pueda aprovechar la presencia de las fuerzas federales para reformar la propia tropa. Contenidos los delitos federales, principalmente los vinculados al narcotráfico (lo que no quiere decir el fin del narcotráfico en Rosario ni mucho menos); el recrudecimiento de los hechos ilícitos más tradicionales es notorio y ha hecho impacto en las estadísticas.

Lo que sí no falta son propuestas, de todo tipo. Como la de alquilar drones con cámaras de videovigilancia que impulsa el concejal del PRO Rodrigo López Molina que trajo expertos a hablar del tema al Concejo Municipal. Sin saber que el propio concejal sufriría un asalto a mano armada esa misma tarde en Fisherton y se transformó en el segundo edil en ser asaltado en los últimos días, contando el atraco sufrido por la concejala radical María Eugenia Schmuck.

El proceso es largo, difícil y sumamente doloroso para el cuerpo social. Pero es precisamente su deterioro el que también origina el desarrollo de la violencia y el delito. Como lo dijo el nuevo arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín: "La violencia tiene raíces profundas". Por eso al Estado hay que pedirle lo posible, hay que pedirle inclusión social a largo plazo y reforma policial en el corto. Lo demás es pensamiento mágico, bonito pero irreal.

Chispas eléctricas

No debe haber por estos días funcionario provincial más criticado y repudiado públicamente que el ministro de Aguas y Servicios Públicos. Efectivamente, Antonio Ciancio es el que anunció que iba a aumentar la tarifa del agua por encima de lo que autorizó el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). También recibió los palos desde la Nación por hacerle decir al gobernador Antonio Bonfatti que el congelamiento de las tarifas de la EPE pendía de un hilo al incumplir la Nación con los fondos que se había comprometido a mandar.

El secretario de Transporte de la Nación Alejandro Ramos, que tan amable había estado con la intendenta Mónica Fein al anunciar planes de vivienda y más reactivación ferroviaria días pasados; echaba espuma por la boca con las declaraciones de Ciancio. "Si hay alguna deuda (de la Nación) seguramente habrá un problema de gestión de parte de la provincia. Pero por otra parte son reclamos de unos 70 millones de pesos cuando nos están pidiendo mil millones para hacer las obras eléctricas que no hicieron todos estos años. Y encima nos vienen a amenazar por los diarios", bramó Ramos.

Con todo, el secretario nacional instaló un debate interesante para cualquier nivel del Estado. Dijo, hay dos maneras de entender el funcionamiento tarifario de las empresas del Estado. Una manera es tratar de trasladar todo el déficit a los usuarios y la otra es tratar de paliar ese déficit con inversiones propias tratando de amortiguar el impacto económico que los aumentos causan en cada familia.

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