OPINIóN › SIETE DíAS EN LA CIUDAD.
Ya de por sí la designación del gendarme Chaumont en Seguridad, implica cierta concesión en la idea de los mandos civiles como autores de las políticas públicas en el tema. La necesidad de los resultados y de mostrar operatividad en la fuerza provincial. Los debates por los fondos que ya se dan y que se vienen en el Concejo.
› Por Leo Ricciardino
El flamante viceministro de Seguridad provincial, el gendarme Gerardo Chaumont, utilizó al menos dos frases poco felices a la hora de describir sus planes en la materia: "Hay que militarizar la policía" y "vamos a hacer un mapa del delito". Si bien después trató de explicar que hablaba de la verticalidad en la fuerza, la primera acepción fue objeto de aclaración del propio ministro Raúl Lamberto que tuvo que salir a ratificar que la policía seguirá bajo conducción civil. Es que ese ha sido un gran esfuerzo en la reforma policial que se encaró: Evitar que las decisiones importantes queden en manos de uniformados a la hora de definir políticas públicas de seguridad. Ya la designación de un hombre "operativo" y de fuera de la provincia para un cargo de relevancia implica al menos alguna concesión en el discurso como para que Chaumont lo venga a recordar con eso de "militarizar" la fuerza.
Además, precisamente uno de los desafíos de estos últimos años de democracia fue cómo lograr una fuerza que salga de su propia corporación para integrarse más a la sociedad civil y entender que el único enemigo potencial es el delito. Esto apenas en parte se ha logrado teniendo en cuenta que una considerable porción de la sociedad le teme a la policía por lo que recuerda de ella del pasado y otra inmensa mayoría sospecha por la corrupción estructural que la ha visto padecer en los últimos años.
La segunda consideración de Chaumont, la del mapa del delito, ya se parece al concepto de "comisión" que había popularizado Perón. "Si quieres que nada avance, forma una comisión" ironizaba el General. Bueno, mapas del delito ya hay como cien. Desde aplicaciones de los medios de comunicación, a sitios interactivos actualizados desde las páginas web de algunos concejales de la ciudad. Quizás el nuevo secretario de Seguridad quiera el suyo propio actualizado porque desconfía de los demás, es entendible, pero ya ni siquiera habría que mencionarlo.
Para decirlo sin vueltas, la designación de Chaumont es una apuesta casi ciega a dar con alguien de un perfil semejante al de Sergio Berni. Una personalidad con la que se sabe el gobernador Antonio Bonfatti ha quedado fascinado y con el que se ha entendido rápidamente a la hora de desplegar a la Gendarmería en Rosario para pacificar el territorio. Pero resulta que no es lo mismo. Asumirlo desde el principio quizás ayude. Berni es un funcionario operativo, médico y gendarme, pero también es un hombre que ha comprendido muy bien las entrañas de la política. Su discurso directo y punzante se cuida sin embargo de caer en el remanido guión de la "mano dura". Alienta el orden que la población quiere, pero administra muy bien sus palabras para no incurrir en la dialéctica trillada de la derecha. Hoy la Argentina -con excepción de Ivo Cutzarida- ha comprendido que la inseguridad es un fenómeno mucho más complejo de lo que intentan venderle algunos cantos de sirena. Y salir a los tiros con una policía brava no alcanza porque esa policía brava es más parte del problema que de la solución a la inseguridad.
Pase polémico.
Resulta increíble pero pasó esta semana. Ejecutivo y Concejo se han enfrascado en una nueva discusión que arrastró al debate a gran parte de la ciudad. Cobrar o no 10 pesos para entrar a la Fiesta de las Colectividades. El municipio, con el sólo hecho de llamarlo "pase" y no "entrada" está queriendo sacarle dramatismo. Sostiene que no será para los menores y que se pagará por única vez y servirá para todas las noches. Con lo cual podrían ser 20 o 30 pesos por familia por única vez. Además explicó que esos fondos -que no son menores si se multiplica por la cantidad de gente que asiste- servirá para poner en condiciones el parque a la Bandera que queda bastante maltrecho al ser tan pisoteado por 10 noches consecutivas.
Enfrente, los concejales advierten dos o tres cosas para no desatender. Si se aprueba esta medida "el año que viene estamos hablando de una entrada de 50 o 60 pesos", dicen algunos. O sea, se está habilitando un costoso antecedente. Y segundo, argumentan que se trata de una de las pocas fiestas populares y multitudinarias de la ciudad que van quedando gratis. También consideran que la gente junta sus pesitos para consumir en la comida que ofrecen las distintas colectividades que no son precisamente económicas.
Lo interesante más allá del debate puntual es ver hasta dónde ha llegado el enfrentamiento discursivo. La oposición sostiene que tiene número para hacer naufragar la idea del Ejecutivo y que si la intendenta Mónica Fein decidiera de todas maneras implementar el "pase" de 10 pesos, podría terminar "denunciada" en la justicia porque estaría implementando algo ilegal.
Demasiado dramático por tratarse del tema que se trata. Pero teniendo en cuenta el escenario el Ejecutivo quizás debería guardar cartuchos para batallas más contundentes que asoman en el horizonte de aquí a fin de año. Entre ellas, nada menos que el debate por el presupuesto 2015 que en dos semanas deberá girar al Palacio Vasallo. Allí se calcularán gastos por casi 6 mil millones de pesos pero además se incluirá el incremento de la Tasa General de Inmuebles, un objetivo impostergable para la administración socialista que busca incrementar la recaudación propia. Para ese ítem prefieren no hablar de porcentajes sino de pesos, la idea es que la mayor parte de los contribuyentes que hoy pagan en promedio unos 100 pesos se acerquen a los 170 por lo menos.
Sin duda que junto al incremento de la tarifa del transporte público serán dos temas muy duros para negociar con la oposición. Concejales y funcionarios saben que el año próximo será de batalla electoral con lo que la agenda local se alejará de los consensos en torno de los grandes temas y sufrirá con la tensión política habitual de los años en los que se desarrollan los comicios.
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