El desafío que tiene por delante el gobierno provincial a partir de hoy es mayúsculo. Cuando el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, despida formalmente a las tropas federales de Rosario, sólo la policía provincial quedará ocupando el territorio y al mando absoluto del control de la inseguridad en la ciudad y la región.

Si bien el gobierno de Antonio Bonfatti apuesta todo a la nueva Policía de Acción Táctica (PAT), es claro que no todos tienen la misma confianza. Por eso las gestiones desesperadas de la intendenta Mónica Fein para que Gendarmería deje más efectivos que los 600 hombres que quedarán en el destacamento Rosario. En un año clave para el destino electoral de las actuales administraciones, y donde el tema de la seguridad estará en el medio del debate, más de 1500 hombres uniformados y armados que controlaron los territorios más calientes de Rosario, se van para no volver.

Muchos pueden vincular también el retiro de las tropas federales al inicio de la campaña electoral en el territorio. Pero la verdad es que sería por lo menos ingrato sopesar sólo esa cuestión cuando el plan era que Gendarmería se quedara tres meses y estuvo más de ocho operando en el territorio. Cierto es que el propio Berni se encargó de ponerle el condimento político al calificar al operativo prácticamente como una "intervención de la policía" provincial por los altos "grados de corrupción de esa fuerza". Situación que atribuyó directamente a la gestión de "Hermes Binner".

También es cierto que el ex gobernador, por su necesidad de recortarse entre los precandidatos presidenciales, por responder a las críticas que recibía o sencillamente porque así lo piensa, no dejó jamás de criticar con dureza al gobierno nacional y nunca admitió algún desmanejo en su gestión en materia de seguridad. La Nación envió las tropas, colaboró intensamente con la gestión de Bonfatti y dejó a Binner en falsa escuadra, y se lo recuerda cada vez que puede.

Los paradigmas de la seguridad fueron cambiando vertiginosamente en estos últimos dos años al calor de las balas y de la sangre derramada. Entre las conclusiones más sobresalientes está el hecho de que la policía santafesina sigue siendo el principal problema para afrontar la inseguridad. La corrupción estructural de la fuerza, la falta de profesionalización y recursos y el escaso número de uniformados terminaron por convertir a la institución en un lugar de desprestigio y resistencia para los pocos buenos agentes que subsisten entre los uniformados.

El gobierno provincial empezó a apuntar a esas cuestiones pero con plazos demasiado largos. Así, las reformas en la carrera policial fueron naufragando a medida que los planes iban perdiendo efectividad por profesores mal pagos y falta de formadores capacitados para lograr una verdadera nueva fuerza. En el medio, hubo que salir a afrontar la emergencia y se volvió a poner en las calles a cadetes que salían con muy poca experiencia de la escuela.

El fenómeno del narcotráfico puso al descubierto y acentuó todas estas falencias estructurales que la administración provincial se había propuesto modificar en largos plazos. No hubo tiempo, y la violencia, los robos y los muertos se comieron todos los planes bien intencionados.

Ahora, con el territorio despejado se verá si el incremento impresionante de presupuesto para seguridad que votó la Legislatura se llega a ver en la calle. Como en otras materias, en esta también hubo años y años de desinversión hasta que la crisis obligó revertir la situación.

El gobierno también atravesó los cambios de paradigmas. Primero desconoció el fenómeno del narcotráfico, atribuyó la situación de Rosario y la provincia a operaciones políticas del gobierno nacional, a una estigmatización que intentaba ocultar lo global del fenómeno en Argentina y el mundo. No se terminó de admitir, aún hoy, que por distintas características la ciudad y la provincia recibieron el fenómeno de la multiplicación de la venta de estupefacientes de manera aumentada. Fundamentalmente, por una pobreza estructural más profunda que en otros lugares del país y por una policía carente de toda conducción efectiva y volcada sin disimulos a las actividades delictivas.

Se entiende que todos los gobiernos sostienen sus acciones, y equivocadas o no, las llevan más allá del límite de lo aconsejable. Ningún ejecutivo admite errores públicamente y a nadie le gusta que los medios, la opinión pública y los opositores les saquen funcionarios por la ventana todas las semanas. Pero en materia policial hay que acordar que las gestiones socialistas han tenido muy poca suerte o realmente carecen del conocimiento mínimo y necesario para hacer las designaciones.

Cómo es posible entender que Binner haya nombrado a Hugo Tognoli como jefe de Policía de Santa Fe teniendo las sospechas que ya había sobre ese comisario de connivencia con el narcotráfico. Cómo volver a atravesar la vergüenza política que supone volver a tener a otro jefe como el comisario Vergara implicado en el traslado de un camión con una tonelada y media de marihuana. Y en su lugar nombrar a un nazi como el comisario Garro que exhibía en su despacho un cuadro con un águila y la esvástica y maltrataba a un subalterno por su color de piel y estar casado con una mujer judía. Como se puede equivocar tanto una administración en una misma materia.

Nadie pide ya soluciones mágicas en materia de seguridad. No hay que creerles a los candidatos que las proponen, porque sencillamente no existen. Pero sí hay que pedir un poco de coherencia y temple como para buscar las soluciones que nos puedan llevar a una baja del delito y a resultados más efectivos en pos de una convivencia mucho más civilizada.

A esta altura, el propio secretario de Seguridad provincial el Berni propio que Bonfatti creyó necesitar para dejar de dar manotazos de ahogado , es ya un pelotazo en contra. Es clarísimo que el ex gendarme Chaumont no es Berni y cada vez que abre la boca complica un poco más la situación. Como ahora, que defendió al comisario Garro unas diez veces en las últimas 48 horas cuando es muy probable que el policía acusado de nazi termine dejando su puesto por la presión de la comunidad judía de Santa Fe, HIJOS y hasta el INADI, que ya elevaron sus repudios a la designación.

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