Los principales candidatos del Frente Progresista Cívico y Social desplegaron esta semana una nueva estrategia de campaña: minimizar los aspectos más críticos de la gestión haciendo responsable al gobierno nacional. Así, el gobernador Antonio Bonfatti y el candidato a la sucesión, Miguel Lifschitz, coincidieron en señalar que este gobierno provincial "no recibió ni una sola vivienda" de parte de la Nación. Y por su lado, la intendenta y candidata a la reelección Mónica Fein, insistió en que las fuerzas federales "no son tan federales porque están apostadas en gran número y de manera permanente en Capital Federal y provincia de Buenos Aires".

La estrategia va oscilando de una manera no muy calculada. Hasta hace poco Lifschitz desdeñaba la presencia de Gendarmería en Rosario y llegó a decir que se exageraron los resultados obtenidos en el combate frontal contra el delito. Insistía en que lo más importante era que las fuerzas federales custodiaran bien las fronteras porque es por ahí "por donde entra la droga que también llega a nuestra zona".

En su momento fue la respuesta ensayada para salirle al cruce a un adversario interno como el senador Rubén Giustiniani, candidato a diputado provincial, que denunció que la salida de las fuerzas federales de Rosario habían sido "acordadas entre el gobierno nacional y provincial". Y siguió reclamando junto a Pablo Javkin el regreso de los gendarmes a la ciudad.

En estos vaivenes no queda muy claro si la administración provincial y municipal quieren o no el regreso de las tropas nacionales al territorio. Por un lado argumentan que no tuvieron buenos resultados y por el otro las culpan de estar apostadas en gran número en Buenos Aires.

La dificultad reside en que si se admite abiertamente la necesidad imperiosa del regreso de la Gendarmería, se estaría también admitiendo el fracaso de la efectividad de la Policía de Acción Táctica que fue la que se desplegó en el territorio como reemplazo de los uniformes verdes. Pero a la vez no desconocen Bonfatti, Lifschitz y Fein que la imagen positiva de los gendarmes en la ciudad es de casi el 90 por ciento mientras que la policía provincial no llega a una consideración del 25 por ciento.

El oficialismo tiene que hacer equilibrios entre varios frentes y en ese sentido siempre apela a esta relación de amor odio con la Nación. Abrazos con Florencio Randazzo y Sergio Berni por un lado, y después palos cuando se van del territorio. Fotos junto al tren y los gendarmes y luego reproches múltiples por la agenda que más complica.

Es probable que haya un déficit en viviendas de parte de la Nación, pero en los últimos meses llegaron aquí 2.500 millones de pesos por el tren y unos 6.000 millones por el gasoducto que en el tramo santafesino beneficiará a 60 mil personas de unas 37 localidades. Pero Bonfatti cree que si le devolvieran el dinero por no haber traspasado la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, las cosas serían muy distintas. Son maneras de mirar la gestión.

Lo curioso de todo esto es que la estrategia frentista es como una sábana corta. Por un lado los cubre de los problemas que no se pueden resolver del todo aquí, pero por otro la queja golpea a la fórmula Perotti Ramos en un efecto totalmente contrario al que debería buscar el oficialismo provincial que por momentos abandona la mirada sobre ese rival poderoso al que no ni quiere ni nombrar: Miguel Del Sel.

La policía rosarina

No hay disidencia en que el futuro intendente de Rosario deberá tener un mayor protagonismo en materia de políticas públicas por inseguridad. Pero los precandidatos a intendentes y concejales discrepan a la hora de buscarle la forma a esa participación.

Fein apuesta al desarrollo de la Policía Comunitaria que ha tenido buenos resultados a la hora de relacionar a la fuerza con los vecinos y en materia de prevención del delito, pero sin un correlato en cuanto a los resultados del control de la violencia urbana y los robos más impactantes en la sociedad.

Javkin, Roberto Sukerman y Alejandro Grandinetti apuestan por una policía municipal y sugieren que el intendente debe transformarse en el jefe de la policía local, en una idea que para otros como es el caso de la concejala Fernanda Gigliani constituye un pensamiento por lo menos peligroso como para llevar a la práctica.

Desde el Pro, la candidata Anita Martínez va todos lados acompañada de su candidato a concejal Gabriel Chumpitaz, a quien presenta siempre como un "experto en seguridad", pero que hasta el momento ha dado escasas definiciones sobre cómo proceder contra el flagelo de la inseguridad a la hora de un combate netamente local.

Da la impresión de que como sucede a nivel provincial y también en otros territorios del país, lo que se busca es la visibilidad de la policía. Se han cambiado colores de uniformes, en Santa Fe la policía ahora es Táctica, Comunitaria, la policía común, la judicial y otras más. Se han descentralizado las jefaturas y hoy cuesta muchísimo encontrar a alguien que pueda recordar el nombre del jefe de la policía provincial y de la policía de la Unidad Regional II. Pero lo que se mantiene inamovible es la esencia de la policía: una fuerza desjerarquizada, que no encuentra aspirantes por su pésima imagen en la sociedad y porque aún está muy lejos de una profesionalización adecuada.

El gobierno insiste en que no es sencillo cambiar a la policía, y es cierto. Pero a esta altura algunos aspectos por lo menos ya deberían haber mejorado. Aunque recién el año pasado el presupuesto provincial para seguridad creció a niveles acordes a la urgencia del momento. Por eso esta semana se anunciaron nuevos móviles y la incorporación de los drones para vigilar en los distritos desde las alturas y con cámaras especiales.

No hay recetas mágicas en la materia pero sí políticas públicas adecuadas que por lo menos permitan paliar la situación de desesperanza y abandono del Estado que el delito fuera de control implica. Mientras que los vecinos de Rosario sigan creyendo que no es ninguna ventaja vivir cerca de una comisaría, sino todo lo contrario, no habrá cambios profundos y la situación seguirá empantanada en esa sensación tremenda de pérdida de libertades cotidianas ante la amenaza de la violencia urbana.

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