El anuncio de la nueva llegada de refuerzos federales para intentar dominar el descontrol de inseguridad que padece la ciudad de Rosario y vastas zonas de la provincia no puede ocultar cómo se gestó la medida porque ahí radica la muestra más cabal del estado de situación: los 700 efectivos federales que estuvieron arribando a la ciudad durante todo el fin de semana, más los gendarmes que se sumarán para Villa Gobernador Gálvez no salieron de la decisión política de un gobierno con los cinco sentidos puestos en el principal problema que tienen los ciudadanos que gobierna; sino que salieron de la presión de una veintena de gremios poderosos que tomaron la situación en sus manos. Al gobierno le quedó el anuncio. Hubiera sido un papelón que los sindicalistas fueran también los que comunicaran la llegada de los federales.

Con todo, el gobierno de Antonio Bonfatti parece aceptar el principal déficit que deja en estos cuatro años, donde no pudo -aunque lo intentó de varias maneras y de forma contundente incluso con decisiones presupuestarias- poner un freno certero a la inseguridad y a la violencia. Tampoco pudo mostrar una policía que pueda ser efectiva y razonablemente decente. Ni lograr una justicia que colabore en la materia de manera más decisiva.

Un informe reciente elaborado por las áreas de Inteligencia Criminal y la Dirección de Coordinación con las Oficinas de Gestión Judicial; demuestran que el 65 por ciento de las 30 mil personas detenidas entre enero y septiembre de 2015 recuperó la libertad. Siendo que de ellos, más de 10 mil eran comprobados delincuentes con prontuario y hasta -en muchos casos- probada peligrosidad.

Pero no es como creen muchos sectores, un problema de rigurosidad de las leyes. Sino más bien, es un problema de efectividad de los hombres y mujeres que administran justicia. Por el motivo que fuera, no llegan a encontrar en los procesos las pruebas suficientes como mantener entre rejas a los elementos más peligrosos.

Otro ítem que se destaca es el beneficio de las prisiones domiciliarias, que en su gran mayoría no son controladas adecuadamente con lo que pierden todo sentido punitorio y licuan las penas.

Todo esto Bonfatti lo tiene por escrito desde hace meses arriba de su escritorio, como también la baja en los homicidios que es un hecho real. Pero apenas osó difundir esta baja, hasta los dirigentes de su propio partido salieron a corregirlo: la sensibilidad de la gente con el tema y el descontrol del fenómeno, hacen imposible percibir los pequeños avances.

Además, este gobierno intentó no apañar a los policías corruptos y por eso dispuso numerosos pases a retiro y denunció por enriquecimiento ilícito a más de 90 policías santafesinos, muchos de ellos de la máxima jerarquía. Pero termina la gestión y no hay un solo condenado por este tema. Es más, al estigma del comisario Hugo Tognoli (al que muchos consideraron un preso político y no un delincuente liso y llano) se sumó recientemente el caso del titular de seccional 19, el comisario Juan Carlos Schmidt acusado de apañar a otro narcotraficante de apellido Jure.

Lo más duro, el gobernador Bonfatti va a terminar su mandato sin saber los motivos y los autores intelectuales del ataque a balazos contra su persona, ocurrido en su casa particular de la zona norte. Y eso es muy malo, no sólo para el mandatario, sino para todos porque queda la sensación de que cualquier cosa puede ocurrir sin ser investigada, penada y reprimida como se debe. Un ataque como nunca había ocurrido contra una autoridad desde el retorno de la democracia, un helicóptero bajando sin autorización en la zona de las altas y elegantes torres de Rosario, un camión con más de 1.500 kilos de marihuana en Arroyo Leyes conducido por un policía de la provincia. Otro agente provincial que se tirotea con un gendarme en un operativo antidroga en una villa de esta ciudad. Un grupo de policías de Acción Táctica que balea y mata a un joven inocente que está lavando su auto. Otros dos jóvenes que aparecen muertos flotando en el río Paraná. Una mujer desaparecida en San Lorenzo hace ya cuatro años. Y la lista podría seguir por unos cuantos centímetros más de este diario.

Los gremialistas, que no se cuecen precisamente en el primer hervor, saben muy bien hasta dónde deben llegar y hasta dónde no. Saben, perfectamente que no son responsables de elaborar una política de seguridad pública y saben que hay un gobierno provincial carcomido en esta delicada materia. También saben con claridad que no pueden tolerar que dentro de ese nutrido grupo sindical prospere el discurso de "meter bala" a como dé lugar. Y por eso la raquítica CGT Rosario dio paso a una conducción más lúcida y representativa que desde la última reunión con el secretario Sergio Berni llevan adelante miembros del Movimiento Sindical Rosarino.

Estos sindicalistas saben también que no tiene demasiado sentido hacer leña de un gobierno que se va. De una gestión que intentó y fracasó en la materia. Una materia que, hay que decirlo, difícilmente de lugar a cosechar triunfos elocuentes. Por es que piden la próxima reunión con el gobernador Miguel Lifschitz.

El mandatario electo no estuvo en el último cónclave porque "estaba en Buenos Aires", según se comunicó oficialmente. Pero lo cierto es que a esta altura, Lifschitz ya juega un juego por demás de peligroso. La prolongada transición política (en algún momento habrá que revisar esa situación) y la idea del nuevo mandatario de alejarse de una administración que no pudo avanzar en el combate contra la inseguridad, dio lugar a un vacío de poder que por ejemplo quedó de manifiesto en esta gestión de los gremios para traer primero a Berni y después a tropas federales adicionales. A esto habrá que sumarle la interna partidaria y los problemas personales irreconciliables de muchos de estos encumbrados líderes del socialismo.

Daniel Scioli aún no ganó las elecciones presidenciales pero ya se conoce a la mitad del gabinete que lo acompañará si alcanza la presidencia de la Nación. Por el contrario, Lifschitz lleva casi cuatro meses como gobernador electo y mantiene los nombres de su equipo bajo un estricto secreto.

Rosario/12 ya ha publicado que el ministro de Seguridad será el radical Maximiliano Pullaro. El actual diputado trabaja en un plan integral en la materia que sería bueno ir conociendo. Se dice que Claudia Balagué seguirá en Educación y que José Garibay irá al superministerio de Infraestructura que se creará. También se menciona a Jorge Álvarez en Desarrollo Social y que Pablo Farías sería el ministro de Gobierno de Lifschitz. Esto es por ahora, pero los tiempos de los mandatos están muy lejos de las urgencias de la gente.

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