OPINIóN › 7 DIAS EN LA CIUDAD
El tiroteo policial que sufrió un grupo de jóvenes tras eludir un control de alcoholemia, vuelve a poner en foco la posición de algunos funcionarios que, con su pose de "duros", habilitan la incorrección y hasta el abuso cuando sus subordinados tienen que controlar a los ciudadanos. En el tránsito de Rosario es algo que está pasando con peligrosa frecuencia.
› Por Leo Ricciardino
Siete días atrás, en esta misma columna se advertía sobre la creciente violencia en los controles de tránsito, el endurecimiento de las sanciones y la natural tendencia de esta sociedad al desapego a las normas. Lamentablemente esa sensación de batalla en las calles llegó a su punto máximo en la semana cuando la policía persiguió a los tiros a una camioneta con seis estudiantes que volvían de una fiesta y eludieron el control de alcoholemia.
No hace falta decir que el hecho pudo haber desencadenado en una tragedia de proporciones. Rápidamente el gobierno provincial pasó a disponibilidad a los policías que abrieron fuego en la persecución. Pero detrás de la gravedad de los tiros queda otra pregunta: Si no hubiera habido balacera, ¿está bien que una docena de patrulleros acompañados por motos de la Municipalidad se hayan lanzado a una persecusión a más de cien kilómetros por hora? No sólo las balas matan y lo que se quiere evitar con el control de alcoholemia se vio multiplicado al lanzar a unos quince vehículos a toda velocidad por las calles con resultados que podrían haber sido peores que las balas mismas.
Ahora, también la semana pasada en este espacio se hablaba del trabajo riguroso que hace la directora de Tránsito, Hebe Marcogliese, y de su alto perfil como funcionaria. Esta última característica quedó ratificada en las horas posteriores a la persecución, cuando la ex jueza de Faltas minimizó el grave hecho y ratificó la intensificación de los controles.
Por partes. Nadie en su sano juicio objeta la necesidad de los controles y las estadísticas están allí para demostrar su eficacia. Pero de allí a lanzarse a perseguir a un vehículo que dos cuadras antes advirtió el retén y dobló en otra dirección, hay una distancia muy grande. ¿Qué era más probable?, ¿que el conductor alcoholizado produjera un grave accidente por dejarlo seguir su camino, o lanzarse detrás de él a toda velocidad aumentando el riesgo de accidente de manera exponencial? La respuesta no admite demasiadas dudas, y hablamos de una reflexión que ni siquiera incluye a la balacera policial.
El gobierno provincial rápidamente se hizo cargo del accionar de los policías, pero la Municipalidad, el intendente Miguel Lifschitz, ¿no tienen nada para decir acerca de lo que pasó?, ¿o no iban dos motos de Tránsito en la persecusión?
Ya se han visto demasiados "duros" como Marcogliese que creen que admitir errores o rectificar rumbos es un signo de debilidad que no pueden permitirse. También se han visto a esos mismos "duros" salir a los empujones de diversos cargos precisamente por una intransigencia que caracterizan como un valor en sí mismo. Antes que la aplicación de una norma a rajatabla, está la realidad que impone determinadas pautas que van modificando y, a veces, flexibilizando la aplicación de esas mismas reglamentaciones.
El hecho de que las altas multas por un test de alcoholemia positivo haya hecho disminuir la cantidad de conductores alcoholizados, no justifica el incremento de actitudes violentas en su aplicación y quienes están en ese momento al frente del operativo deben poder distinguir los distintos matices que presenta cada caso en cada situación. Porque si bien lo oneroso que resulta no pasar un control de este tipo ha dado resultados, también ha generado conductas inesperadamente violentas, precisamente porque ha habido conductores que lo han intentado todo antes de ver su vehículo remitido al corralón y enfrentarse a una sanción económica que puede llegar hasta los 900 pesos. Muchos "matarían" o "se matarían" por una cifra semejante.
Si la implacabilidad en la aplicación de las normas fuera la solución a los problemas de seguridad y regulación de la convivencia en una sociedad, no sería demasiado difícil llegar a un estado de bienestar común. Pero resulta que los responsables de la aplicación de estas normas son también miembros de esta sociedad que busca encausarse y, muchas veces pueden tomar decisiones equivocadas, o llevar la aplicación de "justicia" a extremos poco recomendables.
El hecho de la persecusión y los disparos no deben poner en duda la necesidad de los controles, pero al menos deberían habilitar una instancia de revisión en cuanto a su aplicación. Y esto no quiere decir que sean más blandos o tolerantes, pero sí más correctos y sobre todo menos peligrosos. No es bueno, en este marco, que una funcionaria con responsabilidades delicadas como la doctora Marcogliese pretenda que lo que pasó no es más que "una golondrina que no hace el verano".
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