El diputado provincial Aldo Strada (ARI) dio ingreso a cuatro proyectos de ley mediante los cuales se proponen importantes reformas laborales. El primero de ellos tiene por objetivo modificar la Ley 10468 de la Secretaría de Trabajo, otorgándole mayores funciones de policía. El proyecto surge como una primera respuesta a la necesidad de mayor protección del trabajo. Un camino para fortalecer la protección al trabajo es entre otros medios, el reconocimiento de competencias provinciales para afrontar con medidas particulares situaciones que hacen al conjunto de la sociedad provincial toda. Es el único medio para salvaguardar las instituciones de un Estado de Derecho.

En el mismo sentido la normativa también prevé darle mayor presupuesto a la Secretaría a través del cobro de una tasa y del arancelamiento de los trámites administrativos (exceptuando a los trabajadores). Básicamente se aspira a fortalecer el poder de inspección de la Secretaría, reforzar la lucha contra el trabajo en negro y colaborar con el proceso de capacitación de los trabajadores.

El segundo proyecto prevé la creación de una Comisión Provincial Conciliadora de Conflictos Laborales que apunta a cubrir una instancia política de conciliación cuando las actuaciones administrativas de la Secretaría de Estado de Trabajo no han tenido el resultado deseado. La iniciativa colocaría a esta Comisión en una función auxiliar, actuando como complemento o segunda instancia de la intervención inicial de la Secretaría de Trabajo, cuando se agotaron los mecanismos para acercar a las partes en conflicto.

El tercer proyecto agrega un artículo al Código de Procedimiento Laboral a través del cual se pretende dar mayor celeridad al procedimiento judicial ordinario que debe llevar adelante el trabajador cuando es despedido sin causa para poder obtener un resarcimiento inmediato.

Finalmente, el cuarto proyecto deroga la ley 10052 conocida como "Ley de Paritarias", creando una norma funcional y operativa que se adecue a las necesidades actuales emanadas de la Constitución Nacional, Leyes Nacionales y normativa internacional. Básicamente se pretende conferir el derecho a la negociación colectiva a las entidades con ámbito personal y territorial provincial respetando la representación proporcionalmente.