Los concejales que integran la mesa de trabajo para establecer los requisitos para acceder al medio boleto universitario llegaron ayer finalmente a un acuerdo y aprobaron la iniciativa por unanimidad. Una propuesta de última hora presentada por el Bloque Radical antes del inicio de la sesión respecto a los topes en los ingresos familiares destrabó las negociaciones. Según lo acordado, el ingreso de una familia no podrá superar los 15.900 pesos, mientras que para un alumno que trabaje sus ingresos deberán ser menores a los 7.900 pesos. Entre otros requisitos, los estudiantes deberán vivir a más de 15 cuadras de distancia entre el domicilio y la institución académica, ser alumnos regulares, y tener dos materias aprobadas por año. Además, no podrán ser propietarios de viviendas ni de vehículos. De esta manera, y una vez que la ordenanza sea reglamentada e implementada, se estima que unos 10 mil estudiantes universitarios y terciarios accederán a un beneficio largamente reclamado por las agrupaciones estudiantiles.

A pesar de los esfuerzos para llegar a un acuerdo respecto a los requisitos para acceder a la franquicia, las negociaciones entre los autores de la iniciativa y los ediles oficialistas entraron ayer a la mañana en un cono de sombra al fracasar las gestiones para consensuar una propuesta. En voz baja, los concejales del Bloque Radical, autores de la iniciativa, se quejaban de la intransigencia del socialismo para acercar diferencias. Además, planteaban que al estar vencidos los plazos establecidos en la ordenanza había que discutir las posturas en el recinto porque ya se habían agotado los tiempos de la mesa de trabajo.

Una nueva propuesta presentada por el concejal Jorge Boasso después de las cuatro de la tarde, referida a los topes en los ingresos familiares, alentó el retorno de las conversaciones. El acuerdo estaba cerca, por eso no extrañó que al comenzar la sesión el edil radical pidiera pasar a un cuarto intermedio para ajustar algunos detalles y redactar la propuesta. La moción fue apoyada por el concejal Carlos Comi (ARI-CC), presidente de la Comisión de Servicios Públicos. "Es un tema complicado, pero estamos buscando la forma de garantizar este derecho", precisó.

Unos minutos más tarde, los concejales anunciaron el acuerdo, que con el aval de las comisiones de Servicios Públicos y Presupuesto, fue aprobado por unanimidad. "Simplificamos el tope de los ingresos familiares presentando dos categorías, teniendo en cuenta que el 80 por ciento de los estudiantes que trabajan están agremiados en Empleados de Comercio. Si tomábamos como base un salario inferior al básico de una categoría administrativa B del gremio mercantil dejábamos afuera a todos y el objetivo es que lo obtengan los que más lo necesitan", explicó Boasso a Rosario/12.

Los ediles establecieron que para una o dos personas aplicarán esa categoría que tiene un salario de 7957 pesos. Para tres personas o más, se van a tomar dos salarios, 15.914 pesos. El requisito académico para obtener el beneficio, que fue el menos cuestionado, es el de ser alumno regular y tener dos materias aprobadas por año, mientras que la distancia entre el domicilio del estudiante y la institución académica se fijó finalmente en 15 cuadras, saldando las discusiones entre el oficialismo que planteaba 20 y el Bloque Radical que pretendía 12.

Entre otros requisitos, los estudiantes no deben ser propietarios de viviendas, autos o motocicletas. Como quedó establecido en uno de los artículos, la franquicia estará subsidiada por lo que se recaude en concepto de transferencias de los automotores. Boasso, quien declaró que la implementación del medio boleto universitario le producía "una alegría muy grande", estimó que unos 10 mil estudiantes accederían al beneficio.

"Haber logrado la creación del Instituto del Medio Boleto Universitario hace 120 días, ató el paquete de tal manera que fijó una calle por la cual no se podía salir", consideró el edil radical, quien con su propuesta destrabó el último incremento del boleto aprobado el pasado 4 de abril. "Esperemos que la intendenta sancione la ordenanza lo antes posible para que en 30 o 60 días se ponga en funcionamiento", indicó Boasso.