La fiscal de la causa Adorna, no está convencida de que haya que archivar la causa. Mientras el abogado defensor de Tulio pidió el cese del seguimiento psiquiátrico del joven declarado inimputable de los homicidios de su padre y su hermano, debido a la valoración de que evolucionó a raíz del tratamiento recibido, la fiscal María Isabel Más Varela pretende saber primero "cuál es específicamente el tratamiento psicoterapéutico a seguir".

La aspiración del defensor Jorge Bedouret es que se generen las condiciones para el archivo del expediente iniciado por las muertes en el chalet familiar de Funes mediante el levantamiento de la medida de seguridad que se le aplicó ﷓el tratamiento psiquiátrico﷓ al definir que no recibiría pena de prisión por esa acción.

En este sentido el último fallo definía que esa terapia debería continuar hasta que "se compruebe la inexistencia de peligro" y el muchacho "supere la actual situación". Para la defensa del joven ese momento ya llegó. Por ello elevó un planteo al juzgado de Menores Nº 2, a cargo de Juan Leandro Artigas, juez que condujo el caso hasta la sentencia.

Pero ayer la fiscal subrogante María Isabel Más Varela opinó ayer "que el informe médico psiquiátrico acompañado por el defensor del encartado Tulio Alberto Adorna, al igual que las manifestaciones de su letrado representante Jorge Bedouret en orden a la reinserción social y laboral de su representando no resultan suficientes para dar por cumplimentado lo oportunamente requerido por el señor fiscal actuante en cuanto la convocatoria a los galenos a cargo del caso para que luego de los exámenes que correspondan emitan informe acerca de cuál es el tratamiento psicoterapéutico a seguir respecto de Tulio Adorna y si para el mismo es necesario el contralor jurisdiccional".

"Consecuentemente -dijo la fiscal en suescrito- solicito previo a contestar la vista corrida se informe específicamente cuál es el tratamiento psicoterapéutico a seguir y si es necesario el contralor jurisdiccional".

Esta no es sin embargo la única traba con la que podría encontrarse el defensor en su aspiración de cerrar la causa: es que al cumplir Tulio la mayoría de edad el control de los trámites debió pasar al juez de Ejecución de Sentencia. Es ese funcionario quien debe disponer, en este caso, lo que concierne a la aplicación de la medida de seguridad que recibió Tulio, consistente en un tratamiento psiquiátrico específico.

No obstante el juez de Ejecución de Rosario, Efraín Lurá, nunca recibió el expediente. Y como al joven le faltan cuatro meses para cumplir 22 años, es este magistrado -y no el de menores- el que debe eventualmente pronunciarse sobre el tema. En rigor entonces el pedido para que se archive la causa se habría efectuado ante un juez incompetente.

Cabe recordar que al no ser declarado responsable de su crimen, Tulio Adorna, en lugar de la pena que corresponde a los imputables, recibió una medida de seguridad. En este caso un tratamiento psiquiátrico. La continuidad o no de esa atención debe ser dictaminada por una junta médica psiquiátrica oficial a requerimiento del tribunal.