CIUDAD
Un sector en pugna denunció que los bienes pueden tener "un
destino incierto" si antes de aprobar la ley que restituye
el patrimonio no se resuelve la normalización de la Biblioteca.
› Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Un operativo para sancionar -antes de que Jorge Obeid se vaya de la Casa Gris- la ley que restituye a la Biblioteca Constancio C. Vigil de Rosario su histórico edificio en Alem y Gaboto, en el barrio La Tablada, instaló la controversia interna de la entidad en la Legislatura. El proyecto del gobernador ya fue votado dos veces en la Cámara de Diputados, primero, a mediados de 2005 y después, el 24 de agosto de 2006, y desde entonces duerme en el Senado. Pero un pedido de preferencia para tratarlo el jueves pasado que al final se frustró alertó a uno de los sectores en pugna sobre el apuro oficial. "Una entrega de los bienes en estas condiciones nos resulta ciertamente sospechosa", dijo Marina Naranjo, de la Asamblea de Socios para la Recuperación de la Vigil. "Estuvieron 24 años en el poder y nunca hicieron nada para recuperar la Vigil y que ahora, a escasos 40 días para un cambio de gobierno, quieran sacar una ley entre gallos y medianoche nos resulta muy sospechoso. Sobre todo si de un lado estamos los que queremos la recuperación de la Vigil y un proyecto en conjunto con la sociedad, y del otro, los que quieren tomar un edificio para una posición económica y hacer, no sé, suponemos que negocios", disparó Naranjo.
El mensaje de Obeid propone transferir sin cargo el edificio de Alem y Gaboto "a la persona jurídica que fuera titular del inmueble el 24 de febrero de 1977 (cuando la Vigil fue intervenida por la dictadura y desapoderada de sus bienes) o a la persona jurídica que la haya sucedido y continuado". Ese es el nudo del conflicto. Una de fracciones en pugna: la Asociación Civil Biblioteca Vigil que lidera Augusto Duri se presenta como la continuadora histórica. Mientras que el otro: la Asamblea de Socios para la Recuperación de la Vigil sostiene que los bienes deberían ser recibidos por el "delegado normalizador" designado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y si no hay acuerdo definir la disputa en elecciones democráticas.
Esta semana, ante un pedido de preferencia para tratar la ley de Obeid en el Senado -que al final se frustró- los dirigentes de la Asamblea de Socios comenzaron a recorrer pasillos y despachos de la Legislatura. "Ya habíamos venido en marzo cuando aparentemente iban a tratar la ley y nos encontramos con la mala sorpresa de que todos los antecedentes de la Asamblea de Socios por la Recuperación de la Biblioteca Vigil no estaban en el expediente legislativo. Sólo estaban los del otro sector, el de don Augusto Duri. Entonces, denunciamos por escrito esa irregularidad y se frenó el tratamiento de la ley", recordó el secretario de la Asamblea, Carlos Taruselli.
-¿Y qué pasó con estos antecedentes?
-No sabemos. Alguna mano traviesa los hizo desaparecer del expediente. Los presentamos pero no estaban, contestó.
"Acá hay una cuestión: el artículo 2 de la ley plantea transferir el edificio de la Vigil 'a la persona jurídica que fuera titular dominial al 24 de febrero de 1977' cuando fuimos intervenidos por la dictadura o 'a la persona jurídica que la haya sucedido o continuado'. Don Augusto Duri tiene una personería jurídica con el mismo nombre y eso nos llama poderosamente la atención. Nosotros lo denunciamos en tiempo y forma en la Fiscalía de Estado y hay un dictamen del doctor Niel Puig que dice que esa asociación civil de Duri no es la continuadora de Vigil", insistió Taruselli.
"Y ahora, nos enteramos que hace quince días se quiso tratar la ley sobre tablas, por eso vinimos la semana pasada a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde nos enteramos que aún no recibieron los informes del INAES que se habían pedido en marzo después de nuestra presentación y tampoco los de los Tribunales provinciales de Rosario.", agregó.
-¿Qué está en juego?-, preguntó un colega.
-Dos proyectos totalmente distintos. Nosotros tenemos 20 desaparecidos a lo largo de la dictadura militar y lo hemos tomado como un proyecto de derechos humanos. Y tememos que ahora se quiera hacer un negocio de vivos, un negocio inmobiliario. Esa es la realidad. Según el costo del metro cuadrado cubierto, el edificio de Alem y Gaboto en cuatro millones y medio de dólares, al día de hoy-, dijo Taruselli.
-¿La Asamblea de Socios tiene el respaldo del INAES y la justicia?
-Cuando empezamos a trabajar como Asamblea de Socios hicimos denuncias civiles y penales. En su momento, denunciamos a Emilio Echen que era el interventor liquidador puesto por la dictadura militar. Renunció por las pruebas que presentamos. Y pusieron a un nuevo liquidador que se llama Carlos Merli. Nosotros pensamos que si la cosa se quisiera hacer bien y transparente los bienes tendrían que ir a la cabeza del liquidador, él tendría que llamar a una asamblea general extraordinaria y ahí ver quiénes llevarían adelante el destino de Vigil. Como hay dos proyectos totalmente opuestos y distintos, entonces, nosotros aspiramos eso se dirima en una contienda electoral. Eso es lo único que pretendemos, no otra cosa-, explicó.
Marina Naranjo alertó también sobre el trasfondo de la ley. "Una entrega del edificio en estas condiciones nos resulta ciertamente sospechosa. Estuvieron 24 años en el poder y nunca hicieron nada para recuperar la Vigil y que ahora, a escasos 40 días para un cambio de gobierno, quieran sacar una ley entre gallos y medianoche nos resulta muy sospechoso, sobre todo, si de un lado estamos los que queremos la recuperación de la Vigil y un proyecto en conjunto con la sociedad, y del otro, los que quieren tomar un edificio para una posición económica y hacer, no sé, suponemos que negocios".
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