"La Comisión de interpretación y Reglamento quiere cambiar la resolución del Consejo Superior que ordenaba investigar el expediente de Pérez Blanco, y la suspensión del pago para no dejar mal parado al rector (Darío) Maiorana". La argumentación corre por cuenta de Guillermo Grigioni, consejero superior del ALDE, que ayer encabezó la toma del sede del Rectorado de Maipú al 1000 durante dos horas. La presión sirvió finalmente para que fueran recibidos por el Secretario General de la Universidad, Darío Mascia, "quien se comprometió a presentar a la Universidad Nacional de Rosario como querellante en las causas por terrorismo de Estado en esta región", reveló Liliana Gómez secretaria adjunta de COAD, la asociación que nuclea a los docentes universitarios. La toma de la sede del Rectorado se prolongó durante dos horas tras lo cual fue el propio Mascía el encargado de recibirlos. Justamente durante ese encuentro fue que el funcionario adelantó su compromiso de constituir a la UNR como querellante en las causas por violaciones a los derechos humanos.

Hoy a las 18 en ATE habrá una reunión de la multisectorial que agrupa a organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y estudiantiles para unir criterios de cara al encuentro que los representantes de la misma tendrán el viernes a las 16 en la sede del Rectorado con el propio Maiorana.

La resolución en discusión se tomó en la sesión del Consejo Superior que tuvo lugar en Casilda el 20 de noviembre. Alli durante más de una hora, la mayoría de los consejeros que intervino en la sesión realizada en la Facultad de Veterinarias sostuvo que la UNR debía tomar otra posición en relación al pago de 30 mil pesos a Pérez Blanco, que no se trate como un mero trámite administrativo, y accionar en la justicia para pedir que se aceleren los tiempos sobre la investigación al represor.

Los consejeros habían hecho saber además su preocupación por la forma en la que tomó el tema el Rector Maiorana, quien había decidido resarcir a Pérez Blanco, amparado en un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que lo obligaba a pagarle los 30 mil pesos y que nunca pudo ser aclarado.

Como respuesta a los cuestionamientos públicos el propio rector Maiorana salió a decir que "había una continuidad institucional que implicaba tomar la misma decisión que sus antecesores en el cargo habian adoptado con Anita Cristeler", quien habria cobrado una demanda.

Sin embargo las críticas fueron dirigidas a la forma en que se abordó el tema por parte de Maiorana, quien no solo no aceptó haber pagado con un cheque emitido el 5 de noviembre a Pérez Blanco, sino que apoyó la moción del Consejo Superior que ordenaba frenar el pago. Esa moción surgió por las dudas sobre lo actuado, por lo cual se decidió una sesión especial de la comisión de Interpretación y Reglamento.

Se votó asi un "no innovar en la resolución, para que no se le paguen los 30 mil pesos a Pérez Blanco y que tampoco se lo desvincule de la Universidad. Una vez que el Consejo Superior se expida sobre la cuestión de fondo, recién ahí definir si se deroga o no la resolución del Rector", explicó Grigioni.