El abogado del líder de los camioneros Hugo Moyano le entregó ayer al juez que investiga el crimen del sindicalista Abel Beroiz la copia de una denuncia del jefe de la CGT en la que advertía sobre posibles atentados contra esa cúpula sindical. El letrado Daniel Llermanos presentó ante el juez de Instrucción Penal, Osvaldo Barbero la denuncia que el jefe gremial radicó en agosto en el juzgado 33 de la Ciudad de Buenos Aires, en representación de Moyano así como de familiares de Beroiz. "El asesinato de Beroiz se inscribe en un plan criminal para matar a Pablo Moyano o a personas vinculadas a su padre, Hugo Moyano", dijo el ex juez bonaerense al salir de Tribunales.

El letrado explicó que presentó la copia de la denuncia al juez para ponerlo en conocimiento de "la existencia de una investigación que podría guardar relación con el homicidio que se investiga". En su denuncia, Moyano advirtió sobre la posible "existencia de maniobras tendientes a atentar contra su vida y contra allegados a la cúpula del sindicato".

Remarcó que en ese documento se indica que "históricamente los delitos cometidos contra sindicalistas han quedado cubiertos por la impunidad favorecida, entre otras cosas, por el poder económico de grupos empresariales y la manipulación de la prensa". "Las presiones de esta naturaleza se materializan cuando el poder económico, que es dueño del espacio integrado por anunciantes o propietarios de medios de comunicación, pone condiciones sobre las informaciones y opiniones de los periodistas", sostuvo el letrado.

En su escrito Llermanos, señala: "Procurando eliminar el trabajo en negro de decenas de miles de camioneros, el 8 de marzo del 2007 culminaron las reuniones realizadas en la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos donde quedó al descubierto la intermediación especulativa en el comercio de los cereales, merced a las arduas protestas llevadas a cabo por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte automotor de cargas, contándose entre sus representantes más destacados, el asesinado Abel Beroiz".

El letrado agrega que "en la Provincia de Santa Fe se realizaron una serie de reuniones en las que, considerando que en el sector no se respetan las tarifas acordadas por kilómetros recorrido por lo que opera en circunstancias de deslealtad comercial, alta inseguridad vial, trabajo informal, se acordó establecer un Sistema de Registro, Seguridad y Control de Transporte de Cargas Granarias. Dicho sistema quedó plasmado en la Resolución N° 41/07 de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe. El mismo establecía un registro informático y un plazo de 120 días para evaluar la factibilidad de implementar una verificación en origen efectuada por cada uno de los representantes de los diversos sectores, no habiendo dichos representantes alcanzado a verificar el transporte".

Llermanos recuerda que "días antes de iniciarse la operatoria de blanqueo, que terminaría con la intermediación, se produjo el crimen de Beroiz, extremo que no debería soslayarse a la hora de evaluar posibles móviles".