"El Pozo está inactivo. Y lo está después que hubo gente que planteó fuertes divergencias de fondo sobre la concepción de la memoria como excluyentes, y los que no coincidíamos con la memoria despolitizada y parcial fuimos marginados, así como también un grupo de 60 jóvenes que trabajaban junto a la antropóloga Silvia Bianchi. Pero no solo eso son los mismos que aplican la política de los hechos consumados: mientras discutíamos qué hacer decidieron pintarlo y borraron las huellas del horror". De este modo definió Hugo Papalardo la situación que atravesó en los últimos años el Centro Popular de la Memoria conocido como "El Pozo" en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, en el lugar donde se ubicaba el Servicio de Informaciones de la policía. Papalardo habla como miembro del Colectivo de ex Presos Políticos y Sobrevivientes, quienes hace ya algunos años según refiere, fueron excluidos de la discusión del proyecto.

--¿Qué se debe hacer con sitios emblemáticos de la represión como los centros clandestinos de detención?

--Creo que cuando nos preguntamos qué hacer con estos lugares, hay que preguntarnos para qué servirían en esta sociedad. Estos son sitios de la memoria, pero la memoria es eficaz a medida que haya una generación que transfiera a otra los hechos vividos. Muchas veces esa memoria necesita cosas concretas, materiales en la que poder reflejarse y recordar. Y ese es el sentido que le queremos dar a los centros clandestinos de detención. Queremos que queden como monumentos para recordar lo que como seres humanos, como sociedad, fuimos capaces de hacer. Que las nuevas generaciones pregunten qué se hizo ahí, por qué este lugar esta acá y no lo toca nadie. Son una especie de museos vivientes, al que no hace falta rellenarlo con nada, ni agregar muchas más cosas. Lo que buscamos es que sea el disparador a las preguntas de por qué son verdaderos monumentos y son preguntas a la sociedad, que no está dispuesta a hacerse una autocrítica de los hechos realizados. Por eso muchas veces estos monumentos molestan a quienes tuvieron una participación activa. Hubo gente que visitaba el lugar y nos preguntaba cómo la justicia que está solo a diez cuadras en tribunales, no se enteraba de lo que pasaba y a su vez rechazaba los pedidos de habeas corpus. Nos preguntaban también cómo desde el lugar de torturas hay solo cuatro metros a la calle y la gente caminaba por el lugar y no se enteraba de que ahí torturaban. Un joven incluso se animó a hacer una comparación válida: pasa lo mismo hoy cuando pasamos delante de un chico que aspira pegamento y no hacemos nada.

--¿Como fue tratado el inmueble de San Lorenzo y Dorrego?

--Desde el gobierno militar cambiaron el edificio, taparon puertas y cambiaron paredes. La primera vez que fui no pude reconocerlo. Ellos modificaron una parte, pero no pudieron modificar todo. Después pasaron muchos años y el trabajo que se hizo fue de desgaste, destruirlo de a poquito, total nadie le daba mucha importancia a esto, incluso nosotros podemos tener nuestra parte de autocrítica en eso porque no nos organizamos bien desde un comienzo. Pero el hecho es que en el 2001 parece como que la gente necesitó recuperar la memoria. El gobierno se ve en la necesidad de hacer un gesto de compensación hacia los organismos de derechos humanos. Y así cede el lugar a una serie de organizaciones. Se contrata a un equipo de antropólogos interdisciplinario para hacer el trabajo en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. Ellos nos convocan como sobrevivientes y empezamos a ver que ahora sí había oídos que podían escuchar nuestra historia. Nos empezamos a organizar para contar nuestra historia, no desde el objetivo de los derechos humanos, porque no somos una organización de ese tipo: nosotros luchamos por una memoria política. El hecho es que el gobierno provincial nunca designó a sus representantes en la comisión, tampoco se hicieron reuniones y no se cumplieron con los estatutos, el lugar siguió destruyéndose. Las organizaciones fueron Madres, Abuelas, Hijos, Familiares y el Movimiento Ecuménico por los derechos humanos, la Liga Argentina por los derechos humanos, y la Secretaría de Derechos Humanos de Amsafé.

--¿Como funcionó entonces la conducción del Centro Popular de la Memoria?

--En esas reuniones hubo gente que no asistió porque eran solo sellos, y con los que iban se plantearon fuertes divergencias de fondo sobre la concepción de la memoria que no hubieran sido malas, porque es necesario crecer desde la diversidad, sino que se plantearon como excluyentes. Los que no coincidíamos con la memoria despolitizada y parcial fuimos marginados. Hasta se suspendieron las visitas que hacíamos junto a estudiantes, y el lugar terminó inundado en forma deliberada. Digo esto porque se rompió un caño y lo dejaron 15 días roto inundando el sótano. El arreglo duró solo 5 días, y estuvo otros quince más roto.

--¿Cuál fue el efecto sobre el inmueble?

--Fue devastador. Cuando el agua se escurrió los cielorrasos estaban todos filtrados y para completar la misión devastadora Alfredo Vivono, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia autorizó que se pintara el lugar. Es decir que las huellas que habían dejado los presos con nombres en sus paredes, más las inscripciones de los represores que habían puesto "Feced vive" o "terro aquí te llegó la hora" fueron tapadas. El lugar está prácticamente destruido, y lo peor está inactivo. En El Pozo se colgaron cuadros, se han hecho figuritas. O sea nada que ver con los que pretendemos los sobrevivientes. Podemos estar equivocados porque no somos especialistas en la materia, hablamos con el corazón y decimos para qué cambiarlo si lo conocí asi. Y es grave que la justicia no haya hecho nada para preservar las pruebas.

--¿Por qué no se pudo compatibilizar los criterios para trabajar todos en un sentido?

--Las diferencias no eran tantas porque veníamos de mucho tiempo de luchas y nosotros reconocíamos la pelea de esos organismos de derechos humanos desde el año 1978 a la fecha, pero como partíamos desde distintas experiencias era lógico que haya distintas concepciones. Siempre va ser distinta la experiencia de una madre que lucha porque le mataron a un hijo al que amamantó, lo tuvo y le dio de comer y un día se le fue de su casa y se metió en política e hizo cosas que de acuerdo a la concepción de esa madre pueden ser equivocadas. Esa mirada va ser distinta a la de un familiar, o el que lo ve desde una religión, o el que lo ve desde quienes compartimos la militancia política con esos compañeros desaparecidos. Lo complicado es cuando uno de nosotros pretende decir que su mirada es la única. Y excluye y expulsa a los demás. Nosotros nunca planteamos que se fuera nadie de ese lugar, por el contrario: proponíamos incorporar más instituciones porque quizás nos ayude a superar las diferencias de opiniones. Pero no se aceptó la ampliación y a la par se rechazó la opinión de gente especializada como arqueólogos que trabajaban en el lugar, que podían determinar las fechas de las inscripciones. Y tampoco se aceptó la voluntad de los jóvenes porque teóricamente no habían participado de este proceso. Eso es matar la memoria porque si no los dejamos opinar a los más jóvenes porque no estaban, yo tampoco podría opinar de San Martín porque no lo viví. Hay una concepción de que estos lugares les pertenecen a los organismos de derechos humanos, mientras nosotros decimos que le pertenecen a la sociedad, que tiene al Estado con herramientas para administrarlo. Nosotros no queremos centros clandestinos para los ex presos, para sentarnos y dar clases. Queremos ir al lugar y decir que lo que vivimos allí, y puede ir un vecino y decir que piensa, y también las madres de todos. Y hay que saber convivir con todos. Pero lo más delicado es la política de los hechos consumados, porque cuando estábamos discutiendo pintaron el lugar.

--¿Qué se perdió con esa pintura?

-- Todas las inscripciones, y los colores originales del lugar. También se perdieron pruebas porque nadie va a poder reconocer algo que está tapado. Y no es solo la pintura, sino el hecho voluntario de transformar el lugar porque se pusieron cosas como barandas que no había. Desde el punto de vista jurídico se transformó el lugar de las pruebas y desde lo histórico y de la memoria, se perdió la posibilidad de que las nuevas generaciones lo vean tal como fue.

--¿Qué se podría hacer de ahora en más con el Centro Popular de la Memoria?

--El Estado puede anular el contrato de comodato con los organismos en cualquier momento, porque así lo dice el acuerdo: sin conformidad de la otra parte. Nosotros planteamos que el daño hecho es irrecuperable. Pero estamos de acuerdo a trabajar de ahora en más con lo que quedó. Habría que hacer un nuevo comodato siempre resguardando que el Estado provincial y nacional, sin delegar esa responsabilidad, donde estén todos. Pero esa delegación no debe salvar al Estado de sus responsabilidades. Y también tiene que haber una política de Estado: se perdió parte de El Pozo, se esta perdiendo La Calamita, se va perder la Quinta de Funes, y no se avanza sobre otros lugares como la Quinta Canut, en los que el propio Estado tiene que investigar para llegar a una conclusión.

--¿Qué opina del trabajo que hizo en El Pozo Silvia Bianchi y su equipo?

--Tengo un gran aprecio por los jóvenes que trabajaban con ella porque me hicieron sentir que mi relato era útil. Y me han hecho sentir que valió la pena ese sacrificio. Con ellos y Silvia bajé por primera vez a El Pozo, con una visión optimista, porque la vez anterior lo hice vendado y esposado, y a patadas. Esa vez sin embargo bajé abriendo yo mismo la puerta con la llave, y rodeado de mi hijo y mi señora y un grupo de cuarenta jóvenes interesados por lo que podía decir. Es decir que me han devuelto una parte importante de mi vida.

--¿Por qué terminó el trabajo de Bianchi en El Pozo?

--Fue un desastre, una desgracia. Y cuento un ejemplo: alguien en un plenario le contestó a un joven de 18 años que dijo que había que poner tal cosa o tal otra en El Pozo, le contestaron desde la experiencia de algunos, que se callara porque no había estado "en el 78 cuando nosotros peleábamos". Eso mata todo, y es peor que el olvido y la desidia de los gobernantes, es cerrarle la puerta a los jóvenes. Existía esa concepción: acá vamos a hacer lo que queremos y esos jóvenes no nos van a venir a molestar.