Dom 23.03.2008
rosario

CIUDAD

"La justicia penal no debe implicar violencia"

El criminólogo Elías Carranza es rosarino, pero vive en Costa Rica, donde está la sede del instituto de la ONU que preside. Con Rosario/12 habló de derechos, cárceles y el polémico IRAR.

› Por Alicia Simeoni

"Santa Fe es una de las provincias más ricas de Latinoamérica, por lo que no se puede invocar problemas materiales para resolver la situación de los niños, adolescentes y jóvenes alojados en el llamado Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario. Y esta resolución debe ser veloz". Con esta expresión sintetizó el criminólogo Elías Carranza una de sus ideas respecto del IRAR del que dijo que es preocupante el trato y la vida que reciben los jóvenes "para quienes el ocio, el no hacer nada es lo que prima". Carranza, un hombre de Rosario, es director del ILANUD, Instituto de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente con sede en Costa Rica. Dice que acuerda con el gobernador Hermes Binner y con los ministros de Seguridad, Daniel Cuenca y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, en que el lugar natural para las personas menores de 18 años es la escuela: "Si no se puede porque están privados de la libertad de locomoción, la institución deberá funcionar como una especie de internado donde reciban educación, apoya de todo tipo porque tienen dificultades de origen social, y la atención para las situaciones emocionales que atraviesan". Carranza también señaló que se trata de 40 chicos, "no de cuatro o cinco mil, por cuanto es un absurdo que no pueda solucionarse este problema".

-¿Qué conoce del IRAR donde hace un año murió un joven por quemaduras gravísimas y las condiciones de encierro han sido definidas como infrahumanas por distintas personas y ongs?- preguntó Rosario/12 a Carranza.

-Todas las referencias que recibo en cuanto a la arquitectura son que podría ser mejor dado que se trata de una construcción relativamente nueva, pero además es preocupante el trato que reciben los jóvenes y la vida que llevan. Todos los testimonios que recojo sostienen que el ocio, el no tener nada por hacer, es lo que prima. Tengo entendido que cuando va el profesor de gimnasia o el maestro hay problemas para sacar a más de dos o tres chicos juntos porque hay violencia entre ellos y de esa manera no se puede trabajar, ya que hay aproximadamente 40 muchachos. Son poquísimos los ratos de estudio o de gimnasia. Lo que conversamos con el gobernador Binner y con el ministro Cuenca es que según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el lugar natural para los menores de 18 años es la escuela. Si no puede ser la escuela por estar privados de libertad, sólo de la libertad de locomoción, por haber cometido un delito que así lo amerite, tendrá que ser una escuela que funcione como si fuera un internado donde reciban educación y todo el apoyo necesario.

-El ILANUD tiene firmado un convenio con el gobierno provincial. ¿Cuál es su mirada hacia los institutos carcelarios de la provincia en general?

-Es importante dar una mirada regional cuando se habla de los servicios penitenciarios porque hay una situación muy similar desde Méjico a la Argentina y Chile y en los países del Caribe. Lamentablemente las poblaciones penitenciarias crecieron aceleradamente. En el caso de Argentina y Chile, entre los años 1995 y 2005, prácticamente se triplicaron sus tasas de encierro. Argentina pasó de algo más de 60 presos cada 100 mil habitantes a cerca de 180 por cada 100 mil y la población penitenciaria pasó de alrededor de 25.000 a algo más de 65.000.

-¿Cuál es el contenido de la justicia penal juvenil en la que se piensa, ya que en el país cuenta con una vieja legislación que contradice todos los presupuestos internacionales de protección?.

-Argentina es el único país que quedó, luego de Méjico, sin adecuar su legislación penal juvenil a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y se utiliza el mismo sistema para chicos en situación de peligro social o material. La Convención establece que debe haber respuestas sociales para los primeros casos y para quienes han delinquido debe existir una Justicia penal juvenil especializada, con todas las garantías y determinadas características. Una de ellas es que tratándose de menores de edad la privación de la libertad tiene que ser el último recurso y las sanciones deben ser esencialmente educativas. Por eso, para esos 40 muchachos que están allí (en el IRAR) privados de libertad -ante todo habría que ver si corresponde que estén-, esa privación debería ser como cualquier internado donde estén recibiendo clases de la mañana a la noche, haciendo deportes, artes, cosas lindas, fortaleciéndolos en el estudio porque la gran mayoría de ellos tiene grave retrasos escolares por razones sociales. Pero insistimos que lo que prima es el ocio por la mala construcción edilicia y el régimen al que son sometidos y están muy mal. Puede haber necesidad de invertir dinero en estructuras edilicias. Pero en este caso el ministerio de Educación debe tener un rol preponderante tal como lo dice la Convención acerca de que la educación primaria debe ser obligatoria y respecto de la secundaria las naciones deben hacer el mayor esfuerzo por completarla.

-¿Considera que la Argentina y en particular la provincia están en condiciones de trazarse estos objetivos?

-La Argentina es un país rico y Santa Fe lo es especialmente, de manera que debe aspirarse a eso. Es la única manera en que pueden salir en mejores y no en peores condiciones. Si esto no lo resuelven educadores, pedagogos y equipos interdisciplinarios, no lo resuelve nadie. Y nada justifica que pase mucho tiempo sin que ello se haga. Esto tiene que ser muy veloz. Murió un chico hace poco, pueden morir más y aunque así no fuera los años pasan y eso se transforma en irrecuperable.

-¿Ve en el gobierno provincial la voluntad política de actuar con los parámetros que usted menciona, también de tiempo?

-Veo esa voluntad tanto en el gobernador como en sus ministros. No se trata de gente improvisada. Creo que sería interesante que dentro de 6 meses podamos reunirnos y conversar con Rosario/12 sobre los aspectos en los que se haya avanzado.

-¿Qué opina sobre el pedido y las expresiones de gran parte de la sociedad que sostiene que estos chicos "son irrecuperables" y por ello habilitan propuestas xenofóbas como el "hay que matarlos a todos"?.

-Cualquiera de los padres de familia que puede decir que a estos chicos hay que matarlos, seguramente no lo expresaría si tuvieran la desgracia de contar a algunos de sus chicos entre los que delinquen. Justicia penal no debe implicar violencia, hacinamiento, muertes, suicidios, incendios. Esas son penas corporales que están penadas como delitos gravísimos. Son como penas de muertes no legisladas.

-¿Y sobre la población que se ve victimizada y quiere soluciones más duras?

-Eso tiene una explicación sociológica y es así desde los países con menor a mayor criminalidad. Pero quien debe estar esclarecida es la gente que tiene responsabilidad política de decidir sobre esas cosas, porque los países que tienen las penas más drásticas no son los que tienen menos delitos. Y respecto de la inequidad también está medida matemáticamente y hay publicaciones del ILANUD y del Banco Mundial -que con su política contribuyó bastante a esa situación en el mundo-, y que señalan que a medida que va subiendo esa inequidad, por el coeficiente de Gini -índice que se utiliza justamente para medir la desigualdad-, van subiendo las tasas de homicidios y de delitos contra la propiedad. América Latina por la información del Banco Mundial y de CEPAL sería la región del mundo, incluyendo al Africa y al Asia, con mayor injusticia en la distribución del ingreso. Pero también el informe de CEPAL de los últimos 4 años dice que Argentina fue el país que redujo más drásticamente los porcentajes de pobreza aunque todavía falta mucho por hacer.

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