Las empresas Cliba y Lime fueron notificadas ayer en el Ministerio de Trabajo provincial de la resolución de la cartera laboral que reconoce la aplicación del convenio colectivo de los camioneros para los recolectores de residuos. Hoy las concesionarias de la recolección de la basura se reunirán con autoridades municipales para analizar cómo impacta esta decisión en la estructura de costos del sistema. En ese sentido, Marcelo Andrada, secretario general del Sindicato de Recolectores, adelantó que su sector aceptará implementar el convenio de Moyano "recién con la nueva concesión", es decir a principios de 2009, lo que supone una transición de más de siete meses. Andrada aclaró además que "la diferencia económica (entre un encuadre y otro) no es como se dijo. Actualmente la Municipalidad destina 7 millones y tendrá que pagar 10, pero no 15 como se dijo".

La semana pasada, tras una ruidosa protesta en Ovidio Lagos y San Lorenzo, el sector que responde a Andrada obtuvo del Ministerio de Trabajo el aval para aplicar el convenio 4089 (de Camioneros) a las distintas categorías de la recolección de residuos. Las empresas concesionarias y el municipio evitaron expedirse sobre la resolución ya que no habían sido notificadas por la cartera laboral.

yer, representantes de Cliba y Lime recibieron la documentación correspondiente. Hoy se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Servicios Públicos para evaluar su impacto en el sistema.

"Nosotros no vamos a ir a la reunión porque es un tema que nos excede", confió Andrada a Rosario/12 para después agregar: "De todas formas el impacto no va ser tan alto como se dijo. Aquí hubo una campaña para que la sociedad, los rosarinos, repudiaran nuestro convenio que supuestamente tiene salarios mucho más elevados que el otro (Barrido y Limpieza), pero no es tan así ya que el costo mensual actual de siete millones de pesos pasará a cerca de 10 con el de Camioneros, no 15 como se dijo, ya que un barrendero cobrará 2900 pesos y los recolectores y choferes en total de bolsillo percibirán 3500 pesos". Andrada admitió que el propio abogado del gremio, David Bevaqua brindó cifras más elevadas que abonaban las proyecciones de la Secretaría de Hacienda.

En un intento por demostrar "voluntad de diálogo y no querer perjudicar las cuentas de la Municipalidad", Andrada aseguró a este diario que su sector reclamará la aplicación del convenio 4089 "recién para la próxima concesión", que se estima entrará en vigencia a principios de 2009. El pliego para el llamado a licitación fue enviado semanas atrás por el Ejecutivo al Concejo y aún no fue tratado siquiera en comisión.

El dirigente gremial insistió en la necesidad de que el municipio reclame subisidios a la Nación. "Primero hay que pedirlos", ironizó.