Con la primera parte del nuevo Código Procesal Penal en marcha, ya que desde anteayer rige la figura de la querella en la Justicia santafesina, así como el juicio oral para cuatro tipo de delitos, el ministro de Justicia Héctor Superti confió en que la Legislatura santafesina apruebe las cinco leyes que envió a principios de mes a la Legislatura, en las que crea la estructura jurídica necesaria para contar con el nuevo sistema penal en pleno funcionamiento en tres años. "Una vez que tengamos la estructura judicial, los juicios pueden hacerse en un galpón", disparó el funcionario. Así se hicieron, de hecho, en Chile, durante la transición. Pero las estructuras edilicias en Rosario y Santa Fe son proyectos prioritarios para el gobierno provincial. En Rosario, depende de la cesión del viejo Heca a la provincia. "Voy a ser muy categórico en esto. Tengo entendido que el 19 de febrero el Concejo tiene que tratar el convenio firmado con la Municipalidad. Allí la provincia cede la demolición del edificio, por un valor de 2 millones de pesos, y la construcción de una plaza en el 60 por ciento de la manzana restante, mejorando el barrio, en cuanto a la seguridad, y satisfaciendo el servicio de Justicia a los rosarinos. La provincia no va a dar nada más. Si no se aprueba, ya tenemos previsto otro predio para empezar los Tribunales de Rosario", se despachó Superti.

El ministro considera inaceptables las exigencias que se están sumando en el Concejo. "En casi todas las comunas nos ofrecen los terrenos para hacer estos edificios, sin ningún pedido. Si no aprueban el convenio, los concejales de Rosario deberán dar explicaciones a la comunidad, y especialmente al barrio", afirmó Superti. No es la única afirmación categórica durante la entrevista. Sobre la sanción ficta del pliego de Héctor López como juez de Venado Tuerto, después del fracaso de dos Asambleas Legislativas a fin del año pasado, en el primer concurso que se rigió por el nuevo Consejo de la Magistratura, Superti afirmó, por un lado, que "todo se hizo en el marco constitucional y de las normas vigentes", pero también aclaró que "el contenido político hay que preguntárselo a los Legisladores". En defensa del nuevo mecanismo de selección de jueces implementado por el gobierno, Superti consideró: "Todas las vicisitudes lo único que demuestran es la sinceridad de nuestro procedimiento". Y aclaró que han solicitado a todos los organismos del Consejo de la Magistratura que antes de fin de mes hayan llegar sus críticas al proceso, para analizar cambios.

Superti conoce la inquietud que el nuevo sistema despierta en empleados judiciales, así como magistrados y fiscales. De hecho, el viernes pasado hubo una masiva asamblea de empleados que manifestaron su preocupación, y el día anterior lo habían hecho los jueces. En los dos espacios se cuestionó que la puesta en marcha haya sido inconsulta. "La Constitución de la Provincia dice que las reformas procesales y orgánicas se realizan por ley, y eso corresponde a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esto no quita que hayamos abierto espacios de discusión de la propuesta. Pero los abrimos después de elaborar las leyes para que haya un punto de partida bien definido", indicó el funcionario, quien garantizó también la estabilidad de empleados y funcionarios judiciales. "Nadie tiene que temer por el respeto a sus derechos. Los operadores podrán formar parte del nuevo fuero penal, pero si no les interesa, podrán quedar en el viejo sistema escrito residual, o ir al fuero civil. Nadie será obligado a participar de la nueva justicia penal", explicó Superti. De hecho, subrayó que para hacerlo, "los jueces con acuerdos históricos deberán realizar un curso, y los defensores y fiscales deberán aprobar un curso". En tanto, tal como se indica en la ley de implementación, los jueces penales que asuman de ahora en más deberán estar capacitados para el nuevo sistema.

La otra duda está en el tratamiento legislativo de los cinco proyectos enviados a principios de febrero. Esas leyes son las de transición, el nuevo Ministerio Público de la Acusación, la de la Defensoría, la de Protección a Testigos y Víctimas, y la de los nuevos Tribunales. Habida cuenta de las dificultades del oficialismo para avanzar con sus iniciativas en la Legislatura, la pregunta se impone. Sin embargo, Superti recuerda que la ley de implementación salió por unanimidad en el Senado, y fue sancionada en septiembre pasado por Diputados. Claro que con modificaciones. "El proceso penal no es radical, peronista o socialista. El proceso penal merece otros adjetivos, como eficiente o ineficiente, constitucional o inconstitucional. El sistema que tenemos hoy es burocrático, ineficiente y represivo, con altos niveles de impunidad. Estamos proponiendo cambiarlo por uno humanista, progresista y que respete las garantías constitucionales. Eso no tiene que ver con las identidades partidarias, sino que es una política de Estado", afirmó Superti.