Los concejales rosarinos recibieron ayer a los inquilinos agrupados en el Centro de Estudios Concejalía Popular, que solicitan la creación de una nueva ley de alquileres justos. "Fue una reunión muy positiva", consideró el titular de la agrupación y ex concejal por el Ari, Neri Roldán y adelantó que en el encuentro se logró "un avance importante, que tiene que ver con un consenso que los concejales pretenden, principalmente con el registro de contratos locativos". Y agregó: "Nos pusimos de acuerdo en convocar a los demás legisladores nacionales".

Así, se acordó "hacer llegar el proyecto al Senado, enviar copias a la Universidad Nacional de Rosario, a la Universidad Nacional del Litoral, entre otras instituciones para intentar tener una devolución y poder buscar aportes y adhesiones", manifestó y adelantó: "La semana próxima nos vamos a reunir con algunos legisladores nacionales en Buenos Aires para avanzar en la posibilidad de hacer una audiencia pública nacional por el tema de alquileres, y acordar determinados mecanismos de trabajo".

En cuanto a la situación de los inquilinos en la actualidad, el ex concejal la calificó de "crítica", al tiempo que insistió en que la problemática habitacional en general y de los alquileres en particular, debe ser abordada integralmente por todos los cuerpos ejecutivos y legislativos nacional, provincial y municipal. "Lo que planteamos es la necesidad urgente de crear una nueva ley de alquileres justos, que interprete la necesidad de los inquilinos y contemple los derechos de los propietarios de buena fe, pero que se termine con la legislación vigente que favorece claramente a la especulación inmobiliaria", sintetizó.

Además, Roldán señaló que se intentará hacer llegar los diez puntos que la agrupación considera necesarios para los alquileres justos, a la Presidenta, porque "es irritante pensar que Cristina Fernández venga a Rosario a inaugurar viviendas cuando en 2005 anunciaron en el acto del Día de la Bandera que iban a construir 50 mil viviendas mediante el Plan Federal en la región y todos sabemos que no se construyeron más de cinco mil en cinco años".

Entre esos puntos figura el inconveniente del plazo de contratos, por medio del cual se pretende "elevar el mínimo legal de los contratos locativos, ya que el actual (de 2 o 3 años) se convirtió en un máximo, atentando contra la estabilidad de la residencia"; el precio, es otro punto, aplicable para "declarar nulas de nulidad absoluta las cláusulas indexatorias, índices de actualización o alquileres escalonados, porque el precio debe ser cierto y guardar directa relación con los ingresos de quienes no pueden acceder a una vivienda propia"; el traspaso de responsabilidades, brega por la "prohibición de incluir cláusulas que trasladen al locatario obligaciones del locador"; garantías para "buscar mecanismos alternativos para que no se tornen en un impedimento".

Se pretende además "crear mecanismos que fomenten las locaciones urbanas, un registro de contratos locativos para verificar la legalidad de los contratos y realizar un seguimiento y control público de la dinámica del mercado y un programa de vivienda protegida para los adultos mayores.

Informe: Lorena Panzerini