Una mujer deambulaba por los pasillos de Tribunales, hacía doce días que no veía a su hija. Su pareja se la había llevado después de golpearla a ella mucho más de lo que ya lo había hecho en los últimos tiempos, y así, en medio de un profundo pozo depresivo llegó al sector de Defensorías. Esta fue una de las mujeres encuestadas por el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad (CESC) creado en homenaje a quien fuera juez penal, el doctor Carlos Triglia. De esa encuesta surge que más del 50 por ciento de quienes concurren a las Defensorías de los Tribunales provinciales en busca de ayuda por situaciones de violencia doméstica, desconoce que en la provincia existe la ley Nº 11.529 en la materia, otro 22 por ciento no conoce el contenido de la norma y sólo un 12 por ciento dice tener alguna idea de la ley.

La consulta se hizo entre 306 mujeres y de ese total se realizó un corte con 127 testimonios que brindan datos significativos, el primero de ellos se refiere a que las mujeres que llegan, y que en general sufren situaciones de violencia desde hace muchos años, son aquéllas que han tenido o tienen menores posibilidades de acceso a la educación y a un trabajo calificado y con una remuneración acorde. Desde el CESC se aclara de inmediato que la violencia atraviesa todos los estratos sociales, pero que quienes tienen mayores posibilidades económicas contratan abogados y se presentan, de forma directa, a los Tribunales Colegiados de Familia. De la consulta se desprende que la edad promedio de quienes recurren al servicio de justicia se ubica entre los 25 y 39 años y el 25 por ciento de ellas son amas de casa, otro 21 por ciento están desocupadas, un 20.5 forman parte del gran número de trabajadoras no registradas, un 20 por ciento cobra planes sociales, mientras que siguen las contratadas y registradas en un 11.8 por ciento, las cuentapropistas con otro 11 por ciento, las estudiantes con un 4,7 por ciento y las jubiladas y pensionadas con un 1,6 por ciento.

El Observatorio de Violencia de Género fue un proyecto presentado por el CESC al Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) para el período 2008 2009, cuando se ganó el proyecto. Luego volvió a realizarse la presentación y se ganó por segunda vez para el período 2009 2010, algo que posibilita contar con una asignación de recursos para llevar adelante la investigación.

En la provincia de Santa Fe existe la ley 11.529 sobre Violencia Familiar y desde el Centro se quiso saber qué pasa con las mujeres, qué conocen y qué no sobre el texto legal para construir datos estadísticos con los que casi no se cuenta en los ámbitos oficiales o privados. De allí que se comenzó a trabajar en los Tribunales de la 2º Circunscripción y ahora la tarea se realizará, a partir del 1º de julio, en la 1º Circunscripción. Para esta tarea se cuenta con el apoyo de la Dirección Provincial de las Mujeres, de la que la directora del CESC, la trabajadora social Beatriz Fullone, fue su primera titular y de la ong "Palabras", también de la ciudad de Santa Fe. El CESC se creó para trabajar la problemática de la mujer y la familia y en ese marco, una de las inquietudes, tal como explican algunas de sus componentes, era la de abordar la temática de la violencia de género y su reflejo cuando ellas deciden recurrir al servicio de Justicia.

El grupo de trabajo integrado por la abogada Florencia Blotta, las psicólogas Beatriz Galicia y Adriana Fuentes y la trabajadora social Nora Gancedo cuentan también con el auxilio de una especialista en estadística , elaboró dos cuestionarios. El primero estuvo dirigido a las mujeres que concurren a las defensorías y el otro a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, en este caso acerca de la formación y perspectiva de género para atender las delicadas situaciones que viven las mujeres víctimas de violencia.

Para el caso de la primera consulta, el relevamiento se hizo entre 306 concurrentes a las cinco Defensorías Civiles en Rosario. De las 306 mujeres encuestadas, desde el Observatorio de Género se hizo un corte con 127 mujeres que respondieron a las consultas realizadas. Galizia y Blotta explican que de las 127, el 74 por ciento son de la ciudad de Rosario, casi un 10 por ciento de Villa gobernador Gálvez, de Pérez un 4 por ciento, de Pueblo Ester un 2 por ciento y el resto de otras localidades. La edad promedio de quienes se acercan para solucionar el problema que tienen por estar inmersas en un contexto de violencia familiar ûy que solicitan exclusión del hogar, una prohibición de acercamiento, puede ser también una cuota alimentaria o un régimen de visitas , tienen entre 25 y 39 años, en un 44 por ciento. En cuanto a la ocupación de las mujeres, un 25 por ciento son amas de casa, un 21 por ciento desocupadas, un 20.5 trabajadoras æen negroÆ, es decir no registradas y quienes tienen planes sociales son un 20 por ciento. Por otra parte las contratadas y registradas corresponden a un 11.8, y otro 11 por ciento a las cuentapropistas, estudiantes 4,7 por ciento y jubiladas y pensionadas 1,6 por ciento.

El testeo indica que, en general, cuando las mujeres piden ayuda ya pasaron muchos años de vivir con esa situación y según analiza Galizia, quienes concurren a las defensorías son las que menos posibilidades de educación y de una inserción laboral estable y bien remunerada tuvieron a lo largo de su vida.

"Cuando se les pregunta qué tipo de violencia sufre aparece la violencia psicológica, que tiene que ver con los insultos, humillaciones y degradaciones, en un 97 por ciento; la violencia física en un 83 por ciento, la violencia económica, que es la menos conocida, y el abuso sexual en un 26 por ciento", cuentan Galicia y Blotta y luego explican que hay mujeres que sufren una destructiva combinación de las distintas formas de violencia. Y otra pregunta que marca un alerta es la referida a si conocían la existencia de la ley. Sólo el 12 por ciento contestó que la conoce más o menos.