"Nací en una clínica de Villa Constitución en 1965. Mi partida de nacimiento está firmada por dos obstetras que documentan que soy hija biológica de una familia que no es mi familia. No se de dónde vengo y hay un pacto de silencio que lleva 44 años". El testimonio pertenece a Rosana González, una docente de esa localidad que integra la agrupación Quiénes Somos, dedicada a ayudar a personas cuya identidad ha sido sustraída. El presidente de esta ONG que funciona en Buenos Aires, Luis Verdina, explicó a Rosario/12 que según cálculos estimativos "hay unos tres millones de argentinos de todas las edades que han sido apropiados y privados de su identidad real. Santa Fe está en el cuarto lugar del país como receptora de niños apropiados". Así, el caso del bebé que fue parido en el Hospital Provincial y al parecer vendido a una pareja de rosarinos desatando una investigación judicial, es sólo la punta de un iceberg que lleva oculto varias décadas. "Nosotros somos los hijos del trafico de niños", aseguró una coordinadora de la agrupación.

Uno de los principales obstáculos para conocer la identidad real de una persona es la negativa de hospitales públicos y clínicas privadas a facilitar los archivos en los que constan los datos natalicios. Al respecto, la diputada provincial Alicia Gutiérrez presentó un proyecto de ley que espera tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura santafesina.

"El Ministerio de Salud -dice la iniciativa- adoptará las medidas necesarias a fin de unificar los sistemas de registro de los nacimientos y de partos que se produzcan en el sistema de salud provincial. Toda persona que presuma que su identidad ha sido suprimida o alterada tiene derecho a acceder en forma gratuita a los registros pertinentes archivados en cualquier establecimiento de gestión pública o privada del sistema de salud de la provincia". La legisladora aspira a ver sancionado el proyecto antes de fin de año.

Mientras tanto la espera se torna insoportable para los adultos cuya identidad fue falsificada. Pertenecen a familias biológicas que desconocen y algunos en la desesperación por saber la verdad han publicado avisos en periódicos locales. Pero la información que recibieron "fue confusa" y sólo podrían aclararla a través de documentos clínicos que les están vedados.

"Existe una marcada diferencia entre adoptar un chico legalmente y sustraerlo. Cuando un niño es adoptado, en su legajo judicial aparecen los datos de los progenitores biológicos a los que puede tener acceso cuando es adulto. En cambio los niños sustraídos son negados de ese derecho porque vienen de un pasamanos. Su partida de nacimiento es apócrifa. Hay que recordar que el tráfico humano es el tercer negocio ilegal en el mundo, y no es nuevo", apuntó Verdina. Él mismo nació en la clínica Plaza de la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires en 1956. Muchos años después una enfermera que trabajaba en el lugar reconoció haber entregado a 40 bebés, en el marco de la ilegalidad a cambio de dinero.

Rosana González cuenta que años atrás cuando comenzó la búsqueda, encontró a una de las médicas que firmó su partida de nacimiento y le suplicó que la ayudara, pero ella le dijo que no estaba dispuesta a darle ningún dato. "En la clínica del doctor Roggero, que ya no existe, tampoco me dieron información. Sólo la suegra del médico me dijo con desprecio que a ese lugar 'iban chinitas que abandonaban a sus crios' y me sugirió que dejara de remover el pasado. '¿Para qué Si total te abandonaron', cuenta que le dijo. "Porque aunque estoy muy agradecida a mi familia de crianza, la verdad es que nosotros no somos perritos a los que había que alimentar. Tengo derecho a conocer mi identidad y además puedo necesitarla yo o mis hijos en un caso de enfermedad", responde Rosana.

El de González no es el único caso local. La psicóloga rosarina Cristina Solano trabaja con unas veinte personas en situaciones similares y asegura que "hay muchos más". Como el de Martín M. que tiene 29 años y sólo sabe que fue entregado a sus padres adoptivos por una obstetra, "Marta C", frente al Batallón 121 de Comunicaciones, en la zona sur de la ciudad, a cambio de dinero. Su partida de nacimiento dice que llegó al mundo el 12 de marzo de 1981 en la esquina de Laprida y Regimiento 11. Él no tiene más datos que estos. La obstetra, que es su única pista, permanece inhallable.

Martín M. tiene un buen pasar económico y estudia en la Facultad de Psicología pero afirma: "No puedo dejar de preguntarme quién soy. Tengo un gran resentimiento contra todos los profesionales que integran este tipo de redes ilegales y tratan a los bebés como mercancía". Junto a él se encuentra Graciela Santucho. Cuenta que fue sustraída por una profesional de la Maternidad Martin y entregada a sus padres adoptivos. Desde hace tiempo, busca reencontrarse con su mamá biológica.

María Mondelli, psicóloga de la Fundación Adoptar que tiene su sede en la provincia de Tucumán y lleva años denunciando el tráfico de niños explica que conseguir un bebé "por izquierda" puede costarle a una pareja "entre 35 mil y 45 mil pesos", que quedan en manos de los intermediarios. Por lo general un "buscador" que pertenece a la comunidad de la madre del niño y un abogado que se encarga de falsificar la documentación. Incluidos una partida de nacimiento apócrifa y un DNI con datos falsos con el que el niño cargará el resto de su vida. "Del total de procedimientos adoptivos en Argentina, un 75 por ciento está destinado a la adopción ilegal, una cifra que va en aumento", afirma la profesional.

En la voz de María Rosa Pelloni la incertidumbre es una herida que no cierra, aunque ella ya cumplió 63 años. "Mi mamá tenía 16 años y era de Villa Angela, Chaco. No sé nada más. Me crié con una familia acomodada de Capital Federal. Siempre sueño con volver a encontrarla", asegura con tristeza, derrumbando el mito de que los niños sustraídos son más felices por el sólo hecho de lograr pertenecer a una clase social mas alta que la suya.