El gobierno municipal ratificó ayer ante empresarios y profesionales de la construcción que "sólo se propondrán pequeños ajustes" al Código Urbano sancionado el año pasado por el Concejo, pese al lobby del sector tendiente a flexibilizar regulaciones. "El espíritu de la norma lo vamos a respetar", aclaró a este diario la secretaria de Planeamiento, Mirta Levin. La funcionaria negó que el Ejecutivo vaya a autorizar la construcción de edificios de hasta 32 metros en el área central como había trascendido, en lugar de los 23 metros vigentes. "Accedimos a retocar la altura máxima permitida un 5 por ciento, es decir algo más de un metro y medio", precisó Levin. Los representantes de las cámaras del sector consideraron "insuficiente" el planteo municipal y reclamaron que se autorice edificios de hasta nueve pisos, en lugar de los siete actualmente tolerados ya que "el sobrecosto llega al 23,7 por ciento". El principal acuerdo de ayer fue la creación de una comisión mixta que revisará la obligatoriedad de construir cocheras.

La de ayer fue la segunda reunión entre autoridades municipales y las cámaras de la construcción y la vivienda de la ciudad, después del encuentro mantenido la semana pasada con el propio intendente Miguel Lifschitz para evaluar modificaciones al Código Urbano.

Según los empresarios del sector la limitación para construir en altura, la obligatoriedad de cocheras y el excesivo proteccionismo de viviendas linderas a estructuras del patrimonio arquitectónico impactaron fuerte en la actividad e hicieron subir los costos. "En promedio un 23,7 por ciento", aseguró Marcelo Passardi, titular de la Asociación de Empresarios de la Vivienda local.

Tras más de dos horas de debate, se resolvió mantener activa la Comisión Asesora de la Vivienda que se reunirá con periodicidad para analizar medidas complementarias. "Pero el espíritu del Código Urbano lo vamos a mantener ya que fue fruto de un amplio debate. No tenemos datos que marquen un impacto tan negativo como ellos argumentan", remarcó.

En ese sentido la secretaria de Planeamiento anunció que el Ejecutivo accederá a retocar "un 5 por ciento el máximo de altura permitido" en el área central, llevando el tope a cerca de 25 metros, lejos de los 32 que había trascendido. "Esa altura es para lo que se denomina área de complementariedad, que es el hueco que se genera entre dos grandes edificios, pero no es para el resto de los lotes", agregó.

El municipio aceptó también revisar la exigencia de contar con dos ascensores por edificio si se incorpora un generador de energía que garantice el servicio cuando se produzcan cortes. Además se extendió a dos años el plazo de caducidad de los permisos de edificación otorgados durante la vigencia de la anterior regulación urbanística.

Los empresarios del sector se fueron del cónclave "relativamente conformes", según el balance de Passardi por "la reapertura del canal de diálogo". No obstante ello consideraron "insuficientes" las concesiones del Ejecutivo y dejaron un documento con 25 puntos con planteos técnicos y de fondo que aspiran sean corregidos por la municipalidad.