La concesionaria del puerto rosarino solicitó ayer ante la Justicia la apertura del concurso preventivo de acreedores ante la imposibilidad de hacerle frente a un pasivo superior a los 100 millones de pesos. Para conseguir el aval de la provincia y los trabajadores dentro del Enapro, Terminal Puerto Rosario saldó el viernes último una deuda de tres millones de pesos en concepto de canon atrasado que en casi su totalidad se destina al pago de los salarios de los 510 empleados directos que tiene TPR. "Queremos reordenar la situación y no caer en la quiebra", remarcó a este diario el flamante presidente del grupo concesionario,

Gustavo Shanahan. "Esta salida era el mal menor", admitió Edgardo Arrieta, director obrero en el Ente para después agregar que "por escrito se comprometieron a mantener la paz social y a pagar los sueldos en tiempo y forma" y darle continuidad a los casi 2000 puestos indirectos tercerizados. No obstante ello, el secretario adjunto de la CGT reconoció que "el riesgo de que se caiga la operatoria siempre existe y esto genera algún temor", ya que el movimiento portuario disminuyó en el último año a raíz de la crisis financiera internacional y el conflicto con el sector agropecuario.

Formalmente TPR informó ayer que pidió la apertura del concurso preventivo de acreedores en el juzgado civil y comercial en feria de Rosario, como empresa concesionaria de las terminales portuarias 1 y 2 de la ciudad. "El proceso judicial tiene como objeto reunir a todos los acreedores de la empresa, para verificar y aclarar los pasivos de la entidad. Luego propondrá un acuerdo que tiene que ser votado por la mayoría de los acreedores", explicaron desde la concesionaria.

"Tomamos esta decisión para reordenar el puerto y darle nuevamente impulso. Vamos a utilizar este instrumento legal de la mejor forma, cumpliendo con los compromisos salariales y con los pagos que deben efectuarse a la provincia de Santa Fe", planteó Shanahan a Rosario/12, quien desde julio controla el 70 por ciento del paquete accionario de TPR vinculado con una firma subsidiaria de la aceitera Vicentín. Hasta esa fecha el control de la concesión lo ejercía Guillermo Salazar Boero, en cuya gestión se gestó gran parte del pasivo. Como accionista minoritario continúa el grupo español Port Tarragona.

Para evitar la caída del contrato de vinculación con el gobierno provincial, a través del Enapro, TPR canceló el viernes pasada una deuda cercana a los tres millones de pesos de canon atrasado. "Esa fue una buena señal para garantizar la paz social", reconoció Arrieta para quien fue fundamental "el compromiso de la concesionaria de no despedir ni un sólo trabajador" de los 510 que reportan directamente. Sus remuneraciones en promedio se ubican en los 1500 pesos, de los cuales 600 aporta el gobierno nacional vía Repro.

"Pero también hay casi dos mil compañeros que dependen indirectamente de la actividad portuaria mediante empresas tercerizadas vinculadas al transporte de los productos que se mueven en el puerto y que también corrían peligro", agregó el secretario adjunto de la CGT.

Precisamente, por la cantidad de puestos de trabajo en juego, y por el rol estratégico que tiene la terminal multipropósito para el desarrollo productivo de la ciudad, el gobierno provincial siguió de cerca la situación de TPR. En el Enapro buscaron asegurarse que era viable la continuidad operativa de TPR para evitar situaciones conflictivas como la ocurrida a fines de los 90 con el grupo filipino Ictsi, primera experiencia de concesión fallida de la terminal local tras la privatización portuaria decretada durante el menemismo.

"El puerto de Rosario tiene una enorme potencialidad, incluso hay inversores nacionales y santafesinos interesados en sumarse una vez que el panorama sea más previsible", señaló Shanahan quien además destacó que actualmente "hay bastante movimiento de cargas azucareras y esperamos algo similar en cuanto a contenedores".