El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Héctor Superti y el intendente Miguel Lifschitz presentaron ayer el proyecto del Nuevo Centro de Justicia Penal que estará ubicado en el lugar donde funcionaba el viejo HECA. "El sistema necesita de edificios de esta naturaleza para poder ponerse en marcha, es un instrumento imprescindible para la transformación que estamos llevando adelante", sostuvo Superti, quien agregó que "la transparencia es su nota determinante, que sólo es posible lograr mediante la implementación de audiencias públicas donde la gente pueda presenciar lo que está ocurriendo en la administración de Justicia". Para el intendente Lifschitz, la obra representará "la posibilidad de recuperar para el barrio, y la zona sur de Rosario, un edificio público de importancia. Esto seguramente promoverá una gran movilidad y una gran actividad en todo el entorno". El monto de inversión para el nuevo edificio, que estará terminado en tres años, será de 50 millones de pesos.

El acto se realizó en la sala ubicada en el subsuelo de la sede local de la Gobernación, preparada especialmente como aula de capacitación para la Reforma Procesal Penal; una reproducción a escala real de una sala de audiencia, cuyos muebles fueron fabricados por las Industrias Penitenciarias. "Es tan distinto el nuevo modelo, que si no capacitamos a los operadores, el sistema está literalmente destinado al fracaso", advirtió Superti.

El ministro destacó, ante la presencia de varios secretarios del Gabinete municipal, concejales y funcionarios, que "de un sistema burocrático y despersonalizado, se intenta construir un sistema humanista, donde se trabaje con objetivos y se desentrañe el conflicto humano que subyace detrás de la comisión de un delito, tratando de acortar en lo posible los plazos para dar la respuesta del Estado".

El edificio proyectado está compuesto por planta baja, dos niveles altos y un subsuelo semi enterrado, ocupando el 40 por ciento de la manzana comprendida por las calles Sarmiento, Mitre, Rueda y Virasoro. En el 60 por ciento restante se generará un nuevo espacio público. La superficie cubierta es de 14.000 m2, contará con 123 plazas de estacionamiento cubierto y 38 dársenas.

El Nuevo Centro de Justicia Penal de Rosario contempla los requerimientos para los Tribunales de Investigación Penal Preparatoria y los Tribunales de Juicio en lo Penal con sus Salas de Audiencias Públicas y Orales, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el Servicio Público de la Defensa penal, el nuevo Ministerio Público, Alcaidía con Cámara Gessell y Sala de Reconocimiento.

En relación a la puesta en marcha de la construcción del edificio, Superti adelantó que "lo que está terminado ahora, mientras se está demoliendo, es el pliego para licitar la primera de las tres etapas que abarca toda la estructura de hormigón y la plaza". Por su parte, el intendente manifestó que "desde el punto de vista de la ciudad, nos permite ganar un espacio público nuevo de 6 mil metros cuadrados con una parquización muy moderna. Con esta obra, Rosario sigue avanzando, trabajando en función de un plan, sin improvisaciones para construir una ciudad más justa y más cercana a las expectativas de todos".

Debido a la Reforma Procesal Penal, estos edificios serán necesarios en todo el territorio provincial. En este sentido, el ministro señaló a Rosario/12 que la idea "es tener un Centro Regional en cada uno de los Nodos. Los que están ya diseñados son los de Rosario y el de Sante Fe, que es muy similar pero adecuado a la escala, y para el que se está por definir el lugar".

También habrá Centros en Rafaela y Venado Tuerto, pero Superti indicó que todavía no está definido si el restante se construirá en Reconquista o en Vera. "Uno de los temas que está a decisión de la Legislatura es dónde se va a emplazar la Cámara de Apelaciones, que actualmente está en Vera. De todas maneras, la idea es tener en cada una de las Regiones un Centro de Justicia, luego estarán las unidades operativas que se tienen que distribuir a lo largo de toda la provincia".

Néstor Ominetti, un comerciante de la zona, recordó que desde hace un año y medio, cuando se instaló el hospital de Emergencias, la actividad comercial "cayó un 70 por ciento, con el cierre de 12 comercios". El vecino fue uno de los principales impulsores de la recolección de firmas para encontrar una solución. "De todos los proyectos que había, vimos que éste era el más viable porque iba a traer mucha gente a la zona", precisó.

En tanto, Liliana Colombini, presidenta de la vecinal Acera, de España y Rueda, dijo que tras el traslado del HECA, la zona se convirtió "en tierra de nadie, donde tenemos muchos problemas de inseguridad. Esperemos que con esto que nos mostraron podamos cambiar esta situación y el barrio empiece a recuperar la seguridad".