El viernes próximo es la fecha de desalojo establecida por la Justicia para las 22 familias que ocupan el terreno de Ituzaingo 60 bis. Desde que comenzaron la protesta para quedarse -hace casi un año-, junto a diferentes sectores y organizaciones sociales, hasta hoy hubo varias instancias de negociación; sin embargo, ayer explicaron que serían desalojados sin la seguridad de recibir el subsidio prometido -850 pesos durante 12 meses- para alquilar "una habitación", mientras se construyen las viviendas, según el convenio firmado con la provincia y el municipio. Por otro lado, la problemática cobró fuerza debido a que la situación estuvo dividida entre los vecinos que aceptaron las propuestas y los que pedían insistentemente la expropiación del predio. Hoy el pedido es compartido por ambos grupos. "El desalojo debe suspenderse hasta que se construyan las viviendas", solicitaron Norma Ríos por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) y el abogado Leandro Zárate.

Son 16 las familias que desde el comienzo de las negociaciones aceptaron entregar el terreno ocupado a cambio de la construcción de nuevas viviendas en un plazo de ocho meses. Este grupo es apoyado por la APDH, que ayer llamó a una conferencia para intentar sensibilizar a quienes tienen la posibilidad de prorrogar esa medida, ya que los habitantes no recibieron hasta el momento información de los subsidios prometidos para alquileres momentáneos.

Para las abogadas de APDH, el desalojo sin el subsidio sería "la violación de las normas existentes en el país e internacionalmente, relativas a los desalojos forzosos. Sería violar el derecho a la vivienda digna y un conjunto de derechos conexos".

Las otras familias insistían con el pedido de expropiación. Ayer, el abogado que los representa indicó que en una conferencia de prensa a realizarse hoy buscarán "una ayuda a la posibilidad de frenar el desalojo hasta que se termine la construcción de las viviendas". Y arremetió contra las autoridades provinciales y municipales: "No cumplieron porque prometieron que los vecinos se quedarían en el terreno, hasta que estén listas las viviendas. No hay voluntad y temen que haya represión el día del desalojo", dijo.

Ríos indicó a Rosario/12 que "a pedido de las familias el pasado 9 de noviembre se presentó una última solicitud que posibilitara parar la orden de desalojo". Sin embargo, no obtuvieron respuestas favorables: "El miércoles, el juez de la causa, Daniel González, indicó verbalmente que la fecha se mantiene; pero estamos esperando la respuesta oficial".

Así, los vecinos quedaron "abandonados a una solución individual, y esperan a la deriva el prometido subsidio a fin de poder alquilar alguna habitación donde cobijar a sus familias". Para la APDH, "el Estado no garantizó a los ocupantes no ya una vivienda digna sino tan siquiera un lugar seguro donde habitar".