La organización social Giros y la Asamblea Popular Nuevo Alberdi volvieron ayer a la Justicia para cuestionar los avances de las obras para la construcción de un barrio privado en la zona. Esta presentación se suma a la causa abierta el año pasado, y pretende denunciar que el "dejar hacer" del Estado "se transformó" en una acción concreta: "Se aprobó la instalación de caños y cabinas domiciliarias de gas en la zona rural, justo en el terreno sensible donde se planea asentar el country", según indicaron desde Giros, a un año de haber presentado el recurso de amparo colectivo para proteger a las 150 familias de un desalojo y contra el avance de privados en el territorio. "La municipalidad debería haber protegido la Zona Rural de Reserva", sostuvo Manuel Salinas, militante de la ONG.

A partir de las 11, y luego de un pequeño acto, representantes de la agrupación y algunos vecinos se presentaron ayer en Tribunales para aportar documentación fehaciente a la causa que abrieron el 18 de diciembre de 2008. En esos documentos incluyeron "una copia del permiso de obra de la Municipalidad de Rosario" para que se instalen las cañerías en el barrio y la constatación de los trabajos, realizada por una escribana pública. "En los últimos meses, apareció una instalación de gas con cabinas, y es sabido que para hacer ese tipo de obras de servicio público se necesita una orden del Municipio", indicó Salinas a Rosario/12. Además, sostuvo: "Nos encontramos con estos nuevos avances del privado y los permisos estatales, a partir de la presentación en la Legislatura Provincial del proyecto de regularización dominial para toda la zona rural de Nuevo Alberdi Oeste (220 hectáreas)".

Según explicó el militante, las obras de instalación de caños comenzaron hace aproximadamente un mes y medio; por lo que consideró que el municipio -que desde el año pasado niega que haya aprobado la construcción de un barrio privado en la zona- dejó hacer en el caso y ahora "aprobó esos trabajos", lo que significa "una acción concreta".

En ese sentido denuncian que la municipalidad, ya sea por omisión o por permitir los trabajo, "no está haciendo lo que corresponde". Para Giros, el gobierno local "tendría que haber planteado una normativa de protección".

La idea de urbanización privada en el territorio tiene que ver con negocios inmobiliarios que funcionan a partir de la especulación: "Agentes privados inmobiliarios compran terrenos de la zona rural de Nuevo Alberdi, que por ser inundable cuesta dos pesos el metro cuadrado. Terminan la obra pública de la canalización de Ibarlucea y esa tierra se revaloriza al mil por ciento, entonces se construye el country y se vende con un importante plusvalor", detalló el integrante de la ONG, quien agregó que ante estas acciones "el Estado municipal no tiene la voluntad política de hacer que eso deje de pasar, sino todo lo contrario".

Por otro lado, aseguraron que los habitantes del asentamiento continúan recibiendo "amenazas de desalojo, a través del ofrecimiento de plata y una posible topadora municipal para `limpiar' el barrio", resaltó Salinas.