La última audiencia del año en el juicio oral y público en Rosario contra Oscar Pascual Guerrieri y otros cuatro represores de la última dictadura se desarrolló ayer sin testimonios importantes, ya que la única testigo que llegó a comparecer, la enfermera Liliana Alicia Itatí Martínez, ingresó a trabajar en el hospital Militar de Paraná en julio de 1978, tres meses después del nacimiento de los mellizos de Raquel Negro, en marzo de ese año. La mujer negó haber escuchado algún comentario sobre ese parto. Al mismo tiempo, el Tribunal Oral Federal número 2, presidido esta semana por Jorge Venegas Echagüe, decidió reanudar las audiencias el 2 de febrero de 2010. Para entonces, contarán con copia certificada de la declaración de Gustavo Bueno, así como su traducción del portugués. Una vez que haya podido ver esa prueba, el imputado Juan Daniel Amelong pidió ampliar su indagatoria.

El Tribunal leyó ayer la resolución por la cual se reanudan las audiencias el primer día hábil de febrero. Venegas Echagüe, Beatriz Baravani y Otmar Paulucci decidieron fijar la nueva audiencia dado que no hay testimonios pendientes, aunque sí falta la remisión del testimonio de Bueno y su traducción, así como la pericial psicológica de ese testigo, y la pericial caligráfica que certifique si las cartas enviadas por Carlos Laluf, Marta María Benassi y Fernando Dante Dussex fueron escritas por ellos. Según la resolución, una vez que se corran vistas de estas pruebas, y Amelong amplíe su indagatoria, comenzarán los alegatos. "Estimamos que a mediados de febrero el Tribunal podrá dar la sentencia", sostuvo la querellante Daniela Asinari.

Además de Guerrieri, Pagano y Amelong, también están imputados en la causa Jorge Fariña y Eduardo Costanzo, éste último con prisión domiciliaria porque corre riesgo su seguridad, ya que rompió el pacto de silencio. Los cinco están imputados por la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a 28 personas, así como la desaparición forzada de 17 de esas personas, catorce que estuvieron cautivos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, escuela Magnasco y la Intermedia, y otros tres prisioneros de la Fábrica Militar de Armas.